Bruselas quiere gravar a la banca con 57.000 millones

Por fin se abre la puerta para que la banca, principal responsable de la actual crisis económica, pague una parte de la factura de los daños causados. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, presentó ayer una directiva en que propone una tasa a las transacciones financieras en la UE con la que se prevé recaudar unos 57.000 millones de euros anuales. Los fondos se destinarán a financiar el presupuesto comunitario y las necesidades que decidan cada Gobierno, según un reparto todavía por decidir. Barroso precisó ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo que "es una cuestión de justicia". Y añadió: "Si nuestros agricultores, nuestros obreros, y todos los sectores de la economía desde la industria, la agricultura a los servicios pagan una contribución a la sociedad también deberá hacerlo el sector bancario".

Tendrá un tipo del 0,1% para las compraventas de bonos y acciones

El presidente de la Comisión critica el proceso para la toma de decisiones

Anteriormente el presidente del Ejecutivo comunitario había recordado la importante aportación que habían realizado los contribuyentes europeos para salvar el sector financiero que entre ayudas y garantías habían ascendido a 4,3 billones de euros. El sector financiero se ha beneficiado de bajos impuestos durante los últimos años, al gozar de una "situación privilegiada" que le ha permitido ahorrarse 18.000 millones de euros al año, debido a la exención del IVA, según recordó el comisario de Fiscalidad, Aduanas y anti fraude, Algirdas Semeta.

La tasa se aplicará a las compraventas de bonos y acciones que se gravarán con un tipo del 0,1% del valor de la transacción y a las operaciones con productos derivados con un tipo del 0,01%. El objetivo es que el impuesto afecte sólo a las operaciones en que participen entidades financieras, que soportarán el 85% del mismo.

Quedan excluidas de la tasa los préstamos a empresas, las hipotecas, los créditos al consumo, los contratos de seguros, las transferencias, las emisiones de los bonos del Gobierno y las transacciones con el Banco Central Europeo y las realizadas con los Bancos Centrales de los Estados Miembros y las del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

El nuevo impuesto se aplicará a partir de 2014, cuatro años antes de la fecha manejada por la Comisión sobre los recursos propios de las próximas perspectivas financieras (2014-2020). La tasa sobre las Transacciones Financieras, está inspirada en las ideas del economista estadounidense James Tobin en 1971, que diez años más tarde obtuvo el premio Nobel de Economía. Recientemente los representantes europeos habían defendido su implantación en las reuniones del G-20 en Piitsburgh y Toronto. La tasa volverá a presentarse como una iniciativa europea en la reunión del G-20 de los días 3 y 4 de noviembre que se celebrará en Cannes.

La tasa con diferentes parámetros se aplica ya en 10 países europeos (Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido y Rumania). La iniciativa de Bruselas trata de armonizar las tasas existentes pero tropieza con el rechazo Londres, donde se realizan la mayor pare de estas operaciones en la UE. De todas formas Berlín, París y Madrid tienen la intención de seguir adelante y en última instancia plantearla como mínimo a los países del euro.

Barroso rompió por otra parte con su trayectoria seguidista y pasó al ataque al criticar el creciente peso de las decisiones intergubernamentales en una clara alusión al poder determinante de Merkel y Sarkozy. "La realidad es", afirmó, "que la cooperación intergubernamental no es suficiente para sacar a Europa de la crisis". En su opinión, "un cierto intergubernamentalismo corre el riesgo de conducir a la renacionalización, a la fragmentación que podría ser la muerte de la Europa unida como nosotros queremos".

El Parlamento aprobó las seis nuevas medidas sobre el Gobierno económico que implican una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que refuerzan el papel supervisor de la Comisión, endurecen las sanciones a los países infractores que rebasen los límites de déficit (3%) y deuda (60%) con un mayor automatismo en su aplicación. Las disposiciones legales serán aprobadas formalmente por el Ecofín del próximo día 4. En caso de incumplimiento reiterado de las recomendaciones del Consejo los países infractores podrán sufrir sanciones equivalentes al 0,2% de su PIB.