El PP se suma por sorpresa a la reivindicación del Guadalquivir

El Parlamento andaluz dio ayer su respaldo unánime a la tramitación de la proposición de ley orgánica, presentada por el grupo socialista, para la delegación de competencias sobre el Guadalquivir, una iniciativa que pretende recuperar la transferencia que anuló el pasado mes de marzo el Tribunal Constitucional (TC), al entender que el traspaso rompía la gestión unitaria de la cuenca de un río que también transcurre por otras tres comunidades.

Pese a que el PP se había mostrado vacilante y había dado a entender que se abstendría, finalmente votó que sí, si bien encadenó su apoyo con una larga lista de reproches contra la Junta por su modelo de gestión del agua y el "carácter electoralista" que, en su opinión, tiene este medida, ya que llegará al Congreso de los Diputados (que debe refrendarla) en diciembre, una vez celebradas las elecciones generales del 20 de noviembre.

La ley debe ser aprobada por el Congreso tras las elecciones generales

Los regantes expresan su decepción y hartazgo de los políticos

Mario Jiménez acusa a Arenas de renunciar al autogobierno

El PP tacha de "farsa" la iniciativa, pese a votar de manera afirmativa

La unanimidad del resultado de la votación no se reflejó en absoluto en el transcurso del pleno extraordinario convocado expresamente para dar más fuerza a la reivindicación. Los populares arremetieron contra la forma y el fondo de la proposición de ley, una "farsa para empezar a preparar la oposición al próximo presidente del Gobierno (Mariano Rajoy)", dijo la portavoz del grupo, Carolina González Vigo. Aprovechó para calificar a José Antonio Griñán como el presidente autonómico más "antiandaluz de la democracia", y ofreció, como es costumbre del PP cuando hay un contencioso, un gran pacto social sobre el agua. Luego, se bajó de la tribuna sin aclarar el sentido de su voto.

El socialista Mario Jiménez -que en el primer turno se había mostrado muy didáctico y había puesto el acento en la importancia para Andalucía de coger las riendas del río- se revolvió contra el grupo popular, les acusó de haber dejado pasar una gran oportunidad y, a Javier Arenas, de renunciar al autogobierno. Incluso dijo a González Vigo que había realizado una "ofensa" a Andalucía. "No han estado a la altura de las circunstancias", recalcó una y otra vez, "esto demuestra que nunca han creído en realidad en la reforma del Estatuto". Ante las risas de las filas populares, Jiménez empezó a sospechar que la postura del PP no sería lavarse las manos con una abstención y corrigió sobre la marcha la dirección de su discurso. "Quizás voten que sí, con la boquita pequeña, ha quedado muy claro que tienen urticaria a hablar de una Andalucía con un autogobierno pleno", añadió.

José Antonio Castro, de IU, animó a ir hasta el final, "a tope", con las posibilidades que ofrece el artículo 150.2 de la Constitución -que permite al Estado delegar competencias mediante una ley orgánica-, a la vez que lamentó la batalla bipartidista que estaban planteando los dos grupos mayoritarios. Criticó que los socialistas no hubieran abordado esta solución cuando se produjo la sentencia del TC. "Hoy pierde fuerza", dijo rotundo. Además, le resultó "doloroso" constatar cómo PSOE y PP no habían hablado casi nada del plan hidrológico de la cuenca, que se sigue diseñando y que no es suficiente para lograr las directrices europeas.

En el texto de la proposición se vuelven a reclamar prácticamente las mismas competencias que anularon las sentencias del Constitucional y del Supremo. Entre ellas, destacan las concesiones de recursos hídricos, administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados, policía de aguas y cauces, autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público. También los procedimientos sancionadores, sistemas de información hidrológica, deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con el Gobierno).

Frente al Parlamento se concentró la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua). Su presidenta, Margarita Bustamante, expresó su descontento y decepción por ver "cómo los políticos se saltan a la torera las sentencias de los tribunales". "Es una pérdida de tiempo y dinero, estoy muy harta", confesó, informa Europa Press.