El Defensor pide evaluar los riesgos del gasoducto de Doñana

El exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán asumió ayer el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, tras la marcha voluntaria de Soledad Becerril, y en su primer día adoptó una decisión que probablemente no va a gustar al Gobierno central: pedir información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo que Gas Natural promueve en Doñana por si puede suponer una amenaza para el Parque Natural. Este proyecto cuent...

El exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán asumió ayer el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, tras la marcha voluntaria de Soledad Becerril, y en su primer día adoptó una decisión que probablemente no va a gustar al Gobierno central: pedir información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo que Gas Natural promueve en Doñana por si puede suponer una amenaza para el Parque Natural. Este proyecto cuenta con el aval del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero la Junta de Andalucía lleva años intentando frenarlo, al igual que varios colectivos ciudadanos y de defensa del medioambiente.

La Administración demanda que se haga una evaluación ambiental conjunta de las cuatro zonas en las que se divide el proyecto (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar), ya que hasta ahora solo se han realizado cuatro evaluaciones independientes. Esta es una de las razones a las que alude el Defensor para pedir al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental.

El Defensor ha decidido pedir este estudio tras recibir varios informes que alertan del riesgo de terremoto de las inyecciones de gas. “A juicio de esta Institución es necesario conocer el criterio del IGME con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión”, explicó ayer en una nota difundida por su departamento, en la que también avanza que el Defensor del Pueblo de Andalucía va a pedir de oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que informe sobre las medidas que va a adoptar para frenar la sobreexplotación del acuífero del que vive el parque.