El expresidente de la Diputación de León, libre tras depositar la fianza
Marcos Martínez Barazón ha abonado la garantía de 30.000 euros que le impuso el juez Velasco
El expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, imputado en la operación Púnica de corrupción, saldrá de la prisión de Navalcarnero (Madrid) en las próximas horas tras depositar los 30.000 euros de fianza que le impuso este miércoles el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El político leonés, encarcelado desde el pasado 30 de octubre, está imputado por beneficiar a otro de los investigados, el supuesto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro en contratos vinc...
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El expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, imputado en la operación Púnica de corrupción, saldrá de la prisión de Navalcarnero (Madrid) en las próximas horas tras depositar los 30.000 euros de fianza que le impuso este miércoles el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El político leonés, encarcelado desde el pasado 30 de octubre, está imputado por beneficiar a otro de los investigados, el supuesto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro en contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro. A cambio de estos favores, De Pedro tenía encargado hacer uso “de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación”.
Además, según el auto por el que Velasco envió a Martínez a prisión, este “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos” en la estación invernal leonesa. Martínez Barazón, exalcalde de Cuadros, y que sustituyó a la asesinada Isabel Carrasco al frente de la diputación leonesa, está imputado por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.
La Operación Púnica, trama corrupta centrada en la figura de Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, y en su amigo constructor David Marjaliza, investiga una organización delictiva que se dedicaba a cobrar comisiones por contratos públicos en diferentes administraciones locales y regionales. Esta trama, que hizo del delito un “modo de vida”, según el juez logró obtener de manera supuestamente irregular la adjudicación de “numerosos” contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones euros, en su mayoría para la empresa de eficiencia energética Cofely, filial del gigante francés EDF Suez.