¿A qué le teme el Gobierno de Ciudad de México para negarse a resolver el problema del agua contaminada?

Pensé que había pasado más tiempo, tal vez fue por lo cargado de la agenda informativa incluyendo campañas, el día de la elección, el proyecto de Reforma Judicial, la despedida del sexenio, las tragedias y masacres de este país, en fin, las noticias se acumulan y ...

Pensé que había pasado más tiempo, tal vez fue por lo cargado de la agenda informativa incluyendo campañas, el día de la elección, el proyecto de Reforma Judicial, la despedida del sexenio, las tragedias y masacres de este país, en fin, las noticias se acumulan y el escándalo del agua contaminada en algunas colonias de la Ciudad de México sucedió hace apenas 100 días.

A inicios del mes de abril, en los medios empezaba a reportarse un tema que sonaba grave aunque parecía rumor: el agua de la red pública olía a gasolina en colonias de la alcaldía Benito Juárez.

Lo que empezó en los últimos días de marzo como una queja en grupos de Whatsapp de vecinos de las colonias Del Valle y Nápoles, poco a poco fue escalando hasta convertirse en un escándalo nacional: el agua olía a combustible y, en muchas viviendas, incluso era visible, al dejar el agua estancarse en un recipiente de vidrio, podían ver una ligera capa oleosa y amarillenta formarse hasta arriba.

Los vecinos lo reportaron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), quien el 2 de abril negó el olor y el problema. “Los resultados permiten concluir que el agua que se suministra a través de la red, en las colonias referidas, es de buena calidad, apta para el uso y consumo humano”, reza su primer comunicado oficial. Pero los ciudadanos seguían percibiendo el característico aroma.

De manera que el 8 de abril tomaron la medida infalible en México para ser atendidos por un Gobierno: bloquear vialidades. La que estos habitantes cerraron durante seis días fue nada menos que la avenida de los Insurgentes, que cruza la ciudad entera de norte a sur, al cruce con Xola (un punto sumamente conflictivo en materia de tránsito). Pero el verdadero caos apenas empezaba.

El 10 de abril, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres anunciaba en conferencia sin preguntas que se había encontrado “una sustancia de la familia de los aceites y los lubricantes” en el pozo Alfonso XIII, ubicado en la vecina alcaldía Álvaro Obregón y que abastece al norponiente de Benito Juárez. El pozo fue clausurado y resguardado por la Guardia Nacional.

Ocho días después, el 18 de abril, el jefe de Gobierno descartó riesgos “graves” a la salud; sin embargo, la secretaría de salud local recomendó a la población no beber el agua y evitar que las mascotas la beban, así como evitar usarla para lavarse los dientes y preparar alimentos. Hasta ese momento, se había reportado atención médica para unas 200 personas por molestias derivadas de este problema, principalmente irritación en ojos y piel.

Los días que restaron de abril y los primeros de mayo se convirtieron en una olla de presión por parte de los medios y los vecinos para el Gobierno de la ciudad, las preguntas eran las mismas que a finales de marzo ¿qué contaminó el agua? ¿Quién lo hizo? Y ¿cómo se contaminó?

Esa demanda de certezas fue sepultada el 8 de mayo, cuando Sacmex reservó por tres años los resultados del análisis hecho al agua, en plena campaña electoral, argumentando que podrían darse “interpretaciones erróneas” de los datos. Ante esto, la exsenadora de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros —quien también vive en esa alcaldía— promovió un amparo a su nombre y en representación de los vecinos el 11 de mayo, para exigir que la información fuera publicada.

Cien días después de las primeras quejas surgidas en las 12 colonias de Benito Juárez afectadas, un juez concedió el amparo a Ballesteros y sus representados, obligando al gobierno de Ciudad de México a publicar la información sobre el agua contaminada.

De manera que, a la publicación de esta columna, el Gobierno de Martí Batres ya debería haber liberado la información; sin embargo, el propio jefe de Gobierno presentó un recurso de queja el pasado 9 de julio contra la resolución del amparo. Sí, leyeron bien, 100 días después siguen sin respuesta las tres preguntas básicas sobre el agua con “una sustancia de la familia de los aceites y los lubricantes” en varias colonias de la ciudad.

Tras esta resolución, se espera una nueva audiencia el próximo 30 de julio, en la que el juez de amparo resolverá en definitiva sobre los efectos de la suspensión, es decir, del amparo ganado por Ballesteros y sus representados. Mientras que el tema de fondo se decidirá el 20 de agosto, cuando el juez resolverá si se violaron los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a la información.

¿A qué le tiene miedo el jefe de gobierno? ¿Qué puede ser tan grave? Como la mayoría de los problemas en este país, las autoridades quieren que la impunidad otra vez la del tiempo.

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