Movilización en México: decenas de ciudades gritan basta de violencia contra los periodistas

Periodistas y ciudadanos de todo México han salido este martes a manifestarse en más de una treintena de ciudades en repulsa a la violencia que sufre el gremio. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el oficio, con decenas de asesinatos cada año y centenares de agresiones. La impunidad impera. Cada año, alrededor del 90% de los delitos se pierden en los archivos de las fiscalías. Los ataques a la libertad de expresión no son ninguna excepción.

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Periodistas y ciudadanos de todo México han salido este martes a manifestarse en más de una treintena de ciudades en repulsa a la violencia que sufre el gremio. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el oficio, con decenas de asesinatos cada año y centenares de agresiones. La impunidad impera. Cada año, alrededor del 90% de los delitos se pierden en los archivos de las fiscalías. Los ataques a la libertad de expresión no son ninguna excepción.

En Ciudad de México, medio millar de personas se ha juntado frente a la puerta de la Secretaría de Gobernación, centro neurálgico del poder federal. Colectivos de reporteros y profesionales desplazados de otros Estados han colgado un cartel en la entrada, exigiendo justicia para los compañeros asesinados, particularmente para los tres últimos. En las primeras semanas de enero, unos criminales han matado a la reportera Lourdes Maldonado y al fotoperiodista Margarito Martínez, en Tijuana, y a José Luis Gamboa, en Veracruz.

“Vengo en solidaridad con el gremio. Es insostenible”, decía la abogada Frida Romay frente a la puerta de Gobernación. “Este Gobierno se dice de izquierda, pero con sus acciones nos demuestra que no lo es. Debemos cuidar la verdad”, añadía. La periodista tijuanense Laura Sánchez Ley, exclamaba: “Tenemos que presionar para que la fiscalía especializada federal atraiga los asesinatos de reporteros, para que el mecanismo de protección de periodistas de Gobernación ponga atención a los casos”.

En las escaleras de la entrada de la dependencia, reporteros tomaban el micrófono en procesión, un ejercicio catártico sobre las penalidades del oficio, sobre todo en el ámbito local, en pueblos y ciudades medianas donde las mafias envenenan la vida pública. Todo eran reclamos a un Gobierno al que sienten lejano. “¿Dónde está Encinas?”, ha dicho uno, en referencia al subsecretario de Gobernación encargado de velar por los derechos humanos en el país. Ningún representante del Gobierno ha aparecido en la protesta.

Convocadas a la carrera después del último asesinato, el de Lourdes Maldonado el domingo en Tijuana, las marchas han atraído asistentes en todo el territorio mexicano. En Tijuana, pero también en Veracruz, geografía maldita para la profesión en los años del último Gobierno del PRI (2012-2018), Chihuahua, hogar de la reportera Miroslava Breach, asesinada en 2017, o Culiacán, en cuyas calles sicarios ultimaron a Javier Valdez ese mismo año. Una geografía de la indignación, pero también de la herida.

Las cifras son deprimentes. Los tres ataques fatales contra reporteros este año y los nueve de 2021 son solo la punta del iceberg, el eco de un grito que suena desde hace más de dos décadas en el país. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), al menos 138 reporteros han sido asesinados en México desde 1992, año en que empezó a documentar agresiones a la prensa. Para el capítulo local de la organización Artículo 19, la cuenta asciende a 145, solamente desde 2000.

La diferencia entre cifras responde a la capacidad de las autoridades mexicanas para establecer vínculos entre los atentados y la labor periodística de las víctimas. Es decir, si hay confirmación del motivo de los ataques y apuntan al trabajo de los reporteros o no. En cualquier caso, los números son elevadísimos y evidencian la incapacidad de la Administración, desbordada por una ola de violencia que ha dejado más de 30.000 asesinatos en el país en cada uno de los últimos cuatro años.

En Tijuana

La marcha en Tijuana, epicentro del horror de la violencia contra la prensa estos días, ha avanzado en silencio hacia la sede de la Fiscalía estatal. A diferencia del resto de protestas, mas de un centenar de periodistas —en su mayoría— caminaba mudo por el paseo de Los Héroes con los últimos rayos de sol de esta ciudad fronteriza. A unos kilómetros de aquí, la glorieta de Las Tijeras, y en menos de una semana, a los que caminan les han asesinado a sangre fría y en las puertas de sus casas a dos compañeros: Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

“No esperaba que me fuera a doler tanto. No puedo, de veras….”, le comentaba una periodista con los ojos vidriosos a la directora del legendario Semanario ZETA, Adela Navarro. “No nos habíamos repuesto de la muerte de Margarito, estábamos asumiéndolo cuando nos matan a Lourdes”, agrega la presidenta del colectivo Yo sí soy Periodista y consejera del sistema estatal del Mecanismo de Protección a periodistas y activistas, una herramienta gubernamental que debe garantizarles seguridad, pero que no evitó que a Maldonado le descerrajaran un tiro en el rostro. Margarito lo había solicitado y por una cuestión burocrática no le había sido concedido: otro balazo en el cráneo.

“Dos compañeros que dijeron que temían por su vida. Que pidieron ayuda, han sido asesinados. Estamos aquí para pedir justicia, por eso estamos aquí. También para rendir homenaje, aunque sabemos que el mejor homenaje es precisamente exigir justicia”, señaló José Ibarra, del medio Siempre en la Noticia, al llegar a las puertas de la Fiscalía.

“Estamos dejando nuestras redacciones y dejando de cubrir hechos por el asesinato de nuestros compañeros”, apuntó Aline Corpus, reportera de Reforma, antes de leer el comunicado al que se han suscrito todos los medios nacionales y que se ha compartido en el resto de marchas en el resto del país. Al igual que Corpus, un rosario de colegas tomaron el micro para denunciar un hecho que ha dejado herido al gremio en la ciudad: “Vemos con rabia e indignación que los crímenes en el país siguen en impunidad. Matar a un periodista en Mexico es como matar a nadie. Lejos de una investigación seria, las cifras van en aumento. La presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos ha permitido el silencio y arriesga nuestra labor”, ha agregado Inés García, de Punto Norte. Mariné Zavala, de Telemundo, ha lanzado una advertencia: “Tenemos que reconsiderar que tan seguros estamos para hacer nuestro trabajo”.

Otro de los puntos importantes que ponen en jaque al gremio han sido denunciados también esta tarde en Tijuana. “Un fotógrafo como Margarito Martínez ganaba aproximadamente 6.000 pesos mensuales [unos 300 dólares] por jornadas que nunca terminaban”, ha criticado García.

Con el dolor en los hombros y en las libretas y debajo de las mascarillas, con el miedo atravesado en la garganta, caminaron hacia la Fiscalía. Algunas pancartas coreaban lo que los manifestantes habían acordado callar durante el trayecto: “Un país que mata periodistas no es un país seguro”. Velas, rosas blancas y las fotos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, desfilaron camino a la fiscalía, entre el sonido de flashes y ladridos de perros. Algunos caminaban un rato y luego corrían hacia el frente para hacer fotos; otros, escribían en sus celulares la crónica del día con una mano, mientras sujetaban una pancarta bajo el brazo. La mayoría de ellos seguía haciendo su trabajo mientras protestaba para exigir que a cambio, su vida no esté en juego.

El trajín diario en Tijuana transcurría normal. Con el tráfico esperando a llegar a su casa en lo que circulaba la manifestación. Ningún coche, sin embargo, se atrevió a tocar el claxon en modo de queja. Esta manifestación era un funeral callejero. Y así, de luto, juntos, pensando que cualquiera puede ser el siguiente, se despidieron este martes de dos compañeros. Antes de finalizar el acto, alzaron con furia la voz: “Fuerza, compañeros”, “¡Vivan Lourdes y Margarito!”, “¡Viva la prensa libre!”.

Ciudad Juárez

Despacito, con tiza y la cámara al cuello, escribía un fotógrafo de Ciudad Juárez la palabra justicia. La garabateaba en el suelo de cemento delante de las tres fotos de sus compañeros muertos mientras otros colegas le tomaban fotos y le alumbraban con los focos. Eran 50 y ninguno hablaba, nadie estaba acostumbrado a estar al otro lado de la nota. Ponían en silencio las velas y colocaban algunos carteles. La protesta era en la plaza del Periodista, en el centro ya vacío de la ciudad fronteriza al caer la noche, junto a las placas que recuerdan los nombres de los reporteros fallecidos a lo largo de estos años.

En una pequeña presentación, la fotoperiodista Alicia Hernández se animaba a decir que esta movilización surge del hartazgo. Tres muertos en tres semanas es demasiado incluso para un gremio que aguanta a diario las presiones y las amenazas. La que sufrieron Maldonado, Martínez y Gamboa es una violencia que en Juárez conocen bien. El conductor Arturo Alba Medina fue asesinado en octubre de 2020 tras salir de grabar un programa en el que había denunciado la corrupción en el seno policial. Lo mataron a balazos mientras conducía. Fue el sexto en la ciudad fronteriza desde el año 2000, 23 en el Estado de Chihuahua.

Ante eso, solo quedaba la solidaridad entre colegas, dice Hernández. Periodistas cubriendo a periodistas. “Compañerismo”, lo llamaba Gustavo Calzada, que tiene 23 años y está estudiando Periodismo en la Universidad de Ciudad Juárez. Dice mientras agarra fuerte la fotografía de Gamboa que no siente miedo, pero sí extrañeza, de que nadie más que los compañeros de los reporteros asesinados hubieran venido a la protesta. “Entonces, tendremos que hacerlo nosotros”.

La Fiscalía y el mecanismo

Desde Vicente Fox (2000-2006), México ha tenido Gobiernos de tres partidos distintos y ninguno ha atajado el problema de la violencia, menos el de los ataques contra periodistas. Primero el PAN, con el propio Fox y Felipe Calderón (2006-2012), luego el PRI, con Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora Andrés Manuel López Obrador, con Morena (2018-2024), los atentados se suceden con indignante regularidad. Todos los Gobiernos han lidiado con momentos críticos, pero ninguno tan grave para generar un cambio de paradigma.

No ha sido por falta de protestas o indignación, la última tanda en 2017, con los asesinatos prácticamente seguidos de Breach y Valdez, ambos atacados por su labor periodística. La confirmación del móvil responde aquí a la labor de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, una excepción en realidad. La mayor parte de asesinatos o ataques contra periodistas que asume la FEADLE queda impune.

A la muerte de Breach y Valdez, una ola de protestas, apoyada por colectivos de periodistas extranjeros y organizaciones internacionales, arrancó una promesa de cambio al Ejecutivo, dirigido entonces por Peña Nieto. El mandatario se comprometió a fortalecer los dos instrumentos de que dispone el Estado para proteger a periodistas, la FEADLE y el mecanismo de protección a periodistas y activistas de la Secretaría de Gobernación, que cuenta con un presupuesto anual cercano a los 500 millones de pesos y alrededor de 1.500 beneficiarios.

Con tres asesinatos en tres semanas, la sospecha planea de nuevo sobre ambas herramientas. La falta de un protocolo de revisión al más alto nivel del Gobierno federal o la Fiscalía General de la República y la endeble respuesta de la administración a los atentados, regateados con la habitual ligereza del pésame, invitan a pensar en pocos cambios y un futuro de nuevas protestas, nuevas agresiones. Un ciclo interminable.

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