La Marina gastó con Peña Nieto 362 millones de dólares en partidas de seguridad que no fueron fiscalizadas

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Marina (Semar) gastó 7.546 millones de pesos, unos 362 millones de dólares (304 millones de euros), en dos partidas de seguridad que nunca fueron fiscalizadas y su gasto se hizo en completa opacidad. El Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instituciones encargadas de revisar el gasto del dinero, no auditaron los recursos entregados a la Semar en las partidas 33701 y 55102. Entre 2013 y 2018, los fondos se usaron en gastos de seguridad y compra de equipo, pero es imposible saber si las adquisi...

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Marina (Semar) gastó 7.546 millones de pesos, unos 362 millones de dólares (304 millones de euros), en dos partidas de seguridad que nunca fueron fiscalizadas y su gasto se hizo en completa opacidad. El Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instituciones encargadas de revisar el gasto del dinero, no auditaron los recursos entregados a la Semar en las partidas 33701 y 55102. Entre 2013 y 2018, los fondos se usaron en gastos de seguridad y compra de equipo, pero es imposible saber si las adquisiciones obedecían a criterios de riesgo, urgencia o confidencialidad, como era obligado. La Marina ha rechazado informar sobre los servicios y proveedores contratados bajo el argumento de que estos datos han sido reservados por razones de seguridad nacional.

La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra el manejo que se hizo de estas partidas en el sexenio pasado, principalmente en la Secretaría de Gobernación, Policía Federal y en la Procuraduría General de la República (PGR). En sus señalamientos, las autoridades omiten cualquier mención al empleo discrecional que hicieron las Fuerzas Armadas de estas partidas, cuto gasto no fue revisado.

Una parte de los recursos no auditados en materia de seguridad provenían de la partida 33701 que EL PAÍS dio a conocer en julio y que fue ejercida en el resto de las secretarías del ramo de seguridad. Otros 2.000 millones de pesos (96,7 millones de dólares) corresponden a la partida 55102, destinada a la adquisición de equipo y bienes muebles requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional. Una revisión del presupuesto asignado y ejercido a la Marina en estas dos partidas arroja que el Congreso puso a disposición de la Semar 1.549 millones de pesos (74,9 millones de dólares) con cargo a estas dos bolsas. El ministerio, sin embargo, gastó un 387% más (7.546 millones de pesos).

López Obrador acusó en su segundo informe de Gobierno que las partidas 33701 y 55102 fueron usadas sin control y sin transparencia durante el sexenio anterior. Dijo que el Ejecutivo ya había impulsado disposiciones específicas para usar correctamente esos recursos. Además, hay investigaciones en curso, tanto en materia administrativa por parte de la Secretaría de Función Pública (SFP) como penal por parte de la Fiscalía. El monto de las asignaciones a estos fondos disminuyó tras el cambio de Gobierno, pero su uso sigue siendo discrecional. En los dos primeros años del Gobierno de Morena, la Marina ya no contó con recursos asignadnos bajo la partida 55102, mientras que la 33701 —aunque en menor cantidad— sí fue dotada con fondos. El ejercicio de esta partida pasó de 1.650 millones de pesos en 2018, último año de Peña Nieto, a 341 millones en 2019, primer año de López Obrador. En 2020, el gasto aumentó a 557 millones.

Las partidas han sido polémicas desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando comenzaron a usarse por varias secretarías que combatían a la delincuencia organizada. Los auditores han exhibido su uso discrecional y sin controles por parte de la PGR (Fiscalía), la Policía Federal y el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social. La ASF señala en sus informes que se usan sin justificar los criterios de “urgencia, riesgo y confidencialidad extrema”. La Auditoría Superior respondió a varias solicitudes de información que ha realizado 16 auditorías a la Semar de 2013 a la fecha referentes a la contratación de bienes, adquisición de materiales, mantenimiento de aeronaves y ejecución de diversas obras de infraestructura, pero en estas no se incluían los fondos usados en la partida 33701 y 55102.

El órgano Interno de Control de la Marina, a través de la Secretaría de la Función Pública, también señaló que en ese periodo no se realizaron auditorías a esas partidas. Tampoco se encontró rastro de informes en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde las secretarías deben dar a conocer información. Otros ministerios encargados de seguridad sí han hecho públicas las auditorías de los órganos internos de control.

Francisco Varela, director de instituciones y gobernanza en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación de política pública, afirma que el hecho de que sean partidas de seguridad nacional no significa que no se deban fiscalizar. “Existe la curiosidad de saber quién está revisando ese dinero y si no lo están haciendo quienes deberían hacerlo, sí es de llamar la atención, sobre todo considerando que hay estas modificaciones tan grandes entre los recursos que les aprueban y lo que terminan ejecutando”, expone. El especialista menciona que es inquietante que el titular del Órgano Interno de Control —quien decide qué auditar— sea un militar designado por el titular de la Marina y no por la Función Pública, como ocurre en el resto de dependencias de carácter civil.

Varela afirma que es muy importante fiscalizar las partidas en materia de seguridad porque, al ser fondos usados en el combate del crimen organizado, los ciudadanos no pueden conocer la documentación sobre las compras hechas con cargo a estos fondos. El ejercicio de esos recursos, afirma el especialista, se presta no solo a potencial corrupción, sino a que no se realicen las adquisiciones con las mejores prácticas. “Hay mucho margen para la discrecionalidad. Probablemente hay dinero que se usa en efectivo para operaciones del narcotráfico. El problema es que como los ciudadanos no tenemos acceso a esa información porque está reservada por seguridad nacional, alguien debería verificar que el dinero se ejerza correctamente y ese alguien debería ser el OIC o la ASF”, señala.

Gasto en la oscuridad

Un halo de secrecía envuelve el uso de estos fondos. Hacienda incluye una breve descripción del gasto en sus reportes. En el caso de la partida 33701 se lee: “Seguridad nacional en las zonas marinas mexicanas”, “emplear el poder naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional” y “administrar el poder naval”. La partida 55102: “Contribuir al desarrollo marítimo nacional”, “soberanía y seguridad nacionales en las zonas marinas mexicanas” y en la “construcción naval y modernización de unidades operativas y establecimientos navales”. En ambos casos los recursos fueron ejercidos por la Unidad de Inteligencia Naval, el Estado Mayor General de la Armada y la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Marina.

La Marina ha decidido guardar bajo llave la información de los servicios, bienes y arrendamientos realizados con cargo ambas partidas. Tampoco ha querido dar a conocer el listado de los proveedores contratados ni el monto pagado por cada servicio. Después de una solicitud de información, la Semar envió a EL PAÍS un oficio elaborado por su comité de Transparencia, donde señala que la información se encuentra clasificada como reservada por razones de seguridad nacional. El documento, firmado por el almirante Enrique Genaro Padilla Ávila, oficial mayor de la Marina, advierte de que difundir esta información dejaría abierta la posibilidad de que cualquier persona pudiera saber la capacidad con la que cuenta la Armada para salvaguardar la seguridad nacional. “Difundir el tipo de servicios, bienes y arrendamientos que se adquieren con la partida sería abrir la posibilidad de que los grupos transgresores copien, adquieran o utilicen los servicios que proporcionan las empresas que se contratan y con ello realizar las actividades que desestabilicen la seguridad”, afirma Padilla.

La partida 33701, usada por la Marina para “gastos de seguridad pública y nacional”, creció 35 veces solo en 2018, el último año de la Administración de Enrique Peña Nieto. El incremento no es exclusivo de ese año. Fue una constante desde el primer año del Gobierno del PRI. En seis años de la Administración, la Semar tuvo aprobado un presupuesto para la partida 33701 de 229,2 millones de pesos (11 millones de dólares) y terminó ejecutando 5.542 millones (268 millones de dólares). Fue un incremento del 2.318%. La partida 55102 también registró cambios importantes. Se aprobaron 1.319 millones (63,8 millones de dólares) y se terminaron utilizando 2.004 millones de pesos (96 millones). Un incremento del 51,8%.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también ha usado recursos de una de las partidas secretas en materia de seguridad (33701), aunque en mucha menor medida que la Marina. En seis años (2012-2018) gastó 134,5 millones de pesos. Tras el cambio de Gobierno, el presupuesto asignado ha visto un repunte significativo. En 2019 utilizó 94,7 millones de pesos, pese a que el Congreso le había asignado menos de la mitad. En 2020 devengó 97,8 millones, pese a que se le había presupuestado 50,9 millones de pesos. Al igual que la Marina, la partida 33701 usada por la Sedena tampoco ha sido auditada por la SFP, a través del OIC, ni por la Auditoría Superior, según respondieron ambas dependencias a diversas solicitudes de información. Las compras han permanecido en la opacidad.

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