La ultraderecha de Suecia se ceba con los mendigos

En Täby, una de las ciudades más ricas de Suecia, varios partidos políticos compiten por ser el más intransigente con los dos o tres mendigos que quedan en el municipio. Las restricciones locales a pedir limosna, la pandemia de coronavirus y el escasísimo uso de dinero en efectivo en el país escandinavo, han provocado que la gran mayoría de los extranjeros que mendigaban en Täby se hayan marchado. Aun así, el Gobierno municipal, arrastrado por la ultrade...

En Täby, una de las ciudades más ricas de Suecia, varios partidos políticos compiten por ser el más intransigente con los dos o tres mendigos que quedan en el municipio. Las restricciones locales a pedir limosna, la pandemia de coronavirus y el escasísimo uso de dinero en efectivo en el país escandinavo, han provocado que la gran mayoría de los extranjeros que mendigaban en Täby se hayan marchado. Aun así, el Gobierno municipal, arrastrado por la ultraderecha, aprobó recientemente nuevas medidas que limitan todavía más la mendicidad.

Agneta Lundahl Dahlström, líder del grupo socialdemócrata en Täby, considera “absurdas” e “injustificables” las restricciones. “Los poquísimos mendigos que quedan no generan ni el más mínimo problema. Täby es la ciudad más segura del área metropolitana de Estocolmo”, sostiene Lundalh Dahlström. Hace cinco años se prohibió limosnear en media docena de zonas del municipio de 75.000 habitantes, como los puntos de reciclaje. El veto se extendió en febrero a varios lugares más, la mayoría en torno a centros comerciales. “Puro populismo; políticas que únicamente tienen una función simbólica”, resume la concejala socialdemócrata.

El asunto de los mendigos fue ampliamente debatido en distintos periodos de la pasada década. A partir de la entrada de Rumania y Bulgaria en la UE, en 2007, miles de ciudadanos de ambos países —casi todos de etnia romaní— se desplazaron al norte de Europa con la intención de vivir de limosnas. Demócratas Suecos (DS), un partido de ultraderecha que entonces aún era una fuerza extraparlamentaria, convirtió la expulsión de estos mendigos en una de sus cruzadas.

DS irrumpió en el Riksdag (Parlamento) en 2010 y planteó prohibir la mendicidad en todo el país. “Aún era un partido estigmatizado, considerado racista y fascista por el resto de grupos parlamentarios”, sostiene Erik Hansson, geógrafo e investigador en la Universidad de Uppsala. “Fueron los primeros en señalar a los mendigos. Y no han dejado de hacerlo desde entonces”.

Hansson, autor del libro La cuestión de la mendicidad: las respuestas sociales de Suecia a los indigentes romaníes, desarrolla en una videollamada cómo el asunto se transformó en un elemento central del debate político a partir de 2014. En las elecciones de ese año, DS se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria al pasar de 20 a 49 diputados, y un sondeo encargado por la agencia de noticias sueca reveló que la mayoría de la ciudadanía respaldaba la prohibición de mendigar. El cordón sanitario a la formación ultraderechista aún se mantuvo firme, pero algunas de sus propuestas, como las relativas a la mendicidad, comenzaron a calar en el Partido Moderado (conservador) y el cristianodemócrata.

El auge de DS no solo influyó en los demás partidos de la derecha. El Gobierno del socialdemócrata Stefan Löfven instó a la población a no dar limosna bajo ninguna circunstancia, con el objetivo de incentivar los retornos voluntarios de los mendigos. Varios políticos de distintos partidos abogaron por tipificar el acto de dar dinero a un indigente, en línea con la ley sueca de prostitución que prohíbe pagar por sexo. “En esa época también se publicaron varios reportajes que reflejaron la pobreza extrema que persiste en zonas rurales de Rumania y Bulgaria, y que esa minoría [la romaní] lleva sistemáticamente excluida de la sociedad desde hace varias generaciones”, recuerda Hansson.

Poco después llegó la crisis migratoria de 2015, otro punto de inflexión para la situación de los mendigos. En unos pocos meses, 180.000 extranjeros —sobre todo sirios, iraquíes y afganos— se instalaron en Suecia, el miembro de la UE que más refugiados recibió con relación a su población. “Los mendigos se convirtieron en la cara visible de la inmigración. La gente se los cruzaba constantemente, y además pedían dinero. Pasaron a encarnar los supuestos peligros de los que DS alertaba a la ciudadanía”, sintetiza Hansson.

Entre 2018 y 2019, más de una decena de municipios, como Täby, aprobaron restricciones a la mendicidad, aunque los tribunales anularon las normas que pretendían prohibirla por completo. En muchos casos, conservadores y democristianos se sumaron a la ultraderecha para sacar adelante estas medidas. En Eskilstuna (105.000 habitantes) se exige a los indigentes un permiso para mendigar: un documento que se renueva cada tres meses con un coste de 250 coronas suecas (21,5 euros).

Valores cristianos

“Los cristianodemócratas rechazaron de plano durante muchos años cualquier tipo de prohibición; resultaba incompatible con sus valores cristianos”, recalca Hansson. “Todo cambió cuando escogieron una nueva dirección mucho más joven, que ante el envejecimiento de su base de votantes, optó por convertirse en un calco del Partido Republicano de Estados Unidos”, agrega el investigador.

La pandemia supuso otro giro de 180 grados para la cuestión de la mendicidad. La gran mayoría de los mendigos extranjeros, que llegaron a cifrarse en casi 5.000 —también había unos pocos checos, eslovacos y húngaros— abandonaron Suecia. Con la pandemia también desapareció el dinero en efectivo. En ningún país de la UE se utilizan menos los billetes y monedas. El Gobierno anunció en enero que tomará medidas para garantizar que los pagos en efectivo puedan seguir realizándose en farmacias, gasolineras o supermercados.

La marcha de la mayoría de los indigentes extranjeros, la crisis sanitaria, la violencia entre bandas criminales, la guerra en Ucrania y la solicitud de adhesión a la OTAN acabaron con la controversia sobre la mendicidad. Hasta que en las elecciones de 2022 Demócratas Suecos fue el segundo partido más votado—el primero de la derecha— y el cordón sanitario se evaporó. Tras meses de negociaciones, se alumbró un Ejecutivo formado por conservadores, cristianodemócratas y liberales, sostenido en el Parlamento por DS. El partido ultra forzó la inclusión del veto a la mendicidad en el acuerdo de gobierno.

En un correo electrónico, un portavoz de DS enfatiza que el tema aún es “absolutamente prioritario”. “Estamos ansiosos por implementar una prohibición en todo el país”, subraya. En caso de presionar a sus socios con este asunto en la segunda mitad de la legislatura, los ultraderechistas situarán en una posición muy delicada a los liberales —y al conjunto del Gobierno—. Algunos de los 16 diputados de la formación liberal manifestaron durante las negociaciones postelectorales su rechazo a prohibir mendigar. Entre ellos, Anna Starbrink, quien ha asegurado a este diario que está dispuesta a votar en contra en el Riksdag. Si dos o más parlamentarios de los partidos gobernantes se negasen a secundar el veto, la oposición podría bloquear cualquier iniciativa. En Täby, los liberales nunca han apoyado los límites a la mendicidad que se han aprobado con los votos de conservadores, cristianodemócratas y DS.

El caso de Suecia no es único. Varios miembros de la UE tienen normas que limitan la mendicidad en mayor o menor medida. Dinamarca y Hungría son los que cuentan con leyes más duras. En el país nórdico, donde se prohibió limosnear en el siglo XIX, algunas personas han sido deportadas o encarceladas desde que se endurecieron las penas en 2017. En la ciudad de Luxemburgo —la capital comunitaria con la renta per cápita más alta—entró en vigor a principios de año una normativa que impide pedir dinero a los viandantes en ciertas calles.

En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que la prohibición de mendigar en la ciudad suiza de Ginebra vulneraba la dignidad humana y el derecho a la intimidad. El TEDH se pronunció sobre el caso de Violeta-Sibianca Lacatus, una veinteañera rumana, analfabeta, desempleada y sin acceso a las prestaciones sociales, que fue condenada por limosnear. Los jueces concluyeron que Suiza era culpable de violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal consideró que la sanción impuesta a la demandante no cumplía con el objetivo de proteger los derechos de los transeúntes, residentes y comerciantes, ni con el de luchar contra la delincuencia organizada.

Matts Mattson, un profesor de pedagogía que reside en Täby, lleva más de medio siglo involucrado en proyectos sociales. Como Hansson, cree que la sentencia del TEDH supondrá un obstáculo a cualquier intento de aprobar un veto a la mendicidad en todo el país. “En cierto modo, Täby es un escaparate; una especie de laboratorio en el que los partidos de la derecha ensayan políticas nuevas”, considera Mattson, que a sus 76 años dirige una ONG que opera en varios municipios al norte de Estocolmo. “Las medidas que se han aprobado en Täby contra los mendigos han sido puramente ideológicas. Lo único a lo que contribuyen es a alimentar el odio a los extranjeros, y más si son pobres, que se extiende desde hace años”, sentencia.

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