El acuerdo PSOE-Junts resulta incómodo, no por la ley de Amnistía, sino por el relato que respalda

Lo más sorprendente del texto de acuerdo alcanzado este jueves por el Partido Socialista y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez es que no incluye el articulado de la famosa proposición de ley de Amnistía, cuyos aspectos técnicos han sido, al parecer, el motivo de tanto retraso en la negociación. La referencia a la futura ley de Amnistía, que sigue sin conocerse, ocupa 124 palabras del total de 1.525 que tiene e...

Lo más sorprendente del texto de acuerdo alcanzado este jueves por el Partido Socialista y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez es que no incluye el articulado de la famosa proposición de ley de Amnistía, cuyos aspectos técnicos han sido, al parecer, el motivo de tanto retraso en la negociación. La referencia a la futura ley de Amnistía, que sigue sin conocerse, ocupa 124 palabras del total de 1.525 que tiene el documento completo y se limita a decir que incluirá, no solo a los ciudadanos que, vinculados a la consulta de 2014 y al referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones judiciales, sino también a posibles casos de lawfare, es decir, situaciones en las que se haya instrumentalizado la justicia para limitar o inhabilitar a un oponente político. Ya se verá cómo se llega a esa conclusión y en qué casos.

El resto del texto del documento se ocupa fundamentalmente de analizar los “antecedentes” y la “oportunidad histórica”, con un relato extremadamente polémico y en modo alguno obligado. Es en ese terreno estrictamente político donde se plantean los mayores roces, aunque a lo largo de toda la negociación los portavoces del PSOE han dado la impresión de no sentirse nada incómodos en ese plano.

Sin embargo, no se comprende bien por qué era necesario que el PSOE aceptara que las reivindicaciones y demandas, no de los independentistas catalanes, sino de “la sociedad catalana” en su conjunto, “tienen un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta (1716) abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya”. Difícil aceptar que la sociedad catalana de 1716 se viera a sí misma como una nación.

No era necesario tampoco que el PSOE aceptara plasmar una incoherencia tan evidente, como decir en un párrafo que “las instituciones catalanas promovieron un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 —suspendido y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional— con una participación masiva en favor de la independencia de Catalunya” y, poco más abajo, que el PSOE niega toda legalidad y validez a ese referéndum y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Porque precisamente de lo que se trata es de que lo ocurrido el 1-O no puede ser reconocido como un referéndum en ningún caso, porque no cumplió ninguna de las condiciones precisas para ello. Y lo primero de todo, que no hubo masiva participación: solo el 42% de los posibles votantes.

No era necesario, asimismo, asegurar que los acuerdos a que se llegue en la futura negociación política deben responder, en exclusiva, a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña, sin mencionar la obligación de que respondan también a las exigencias constitucionales (algo que se echa de menos en todo el documento). O relativizar la negativa a la negociación de un concierto catalán “a la vasca”, como exige Junts, diciendo que el PSOE “apostará” por medidas que permitan la autonomía financiera.

Es difícil moverse con comodidad en el texto del documento, no por su interpretación de una futura ley de Amnistía que, en cualquier caso, seguramente será analizada en su momento por el Tribunal Constitucional, sino por los continuos sobresaltos que provoca el relato de lo ocurrido, los “antecedentes” y la consideración de “oportunidad histórica” que se atribuyen los firmantes del acuerdo, un texto que obviamente no puede ser objeto de ningún recurso, porque se trata de un acuerdo entre dos partidos. Es ahí donde seguramente un sector de los militantes del PSOE se va a sentir emocionalmente más tocado, aunque ese malestar no se traduzca en nada concreto, dada la brutalidad del mensaje de rechazo del Partido Popular y de la violencia extremista de que están siendo objeto las sedes socialistas no solo en Madrid, sino en otros puntos de España. El acuerdo tendrá consecuencias a medio plazo buenas o malas, pero el gobierno que obtenga mayoría parlamentaria será, sin discusión, perfectamente legítimo. Probablemente ese sector prefiere pensar que buena parte del texto firmado por el PSOE responde a un ejercicio de necesidad que se irá acomodando con el paso de los meses a pensar que responde realmente a la convicción de los dirigentes del PSOE de que están frente a una auténtica ocasión histórica para resolver el llamado “problema catalán”.

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