El goloso robo de cobre que desvalija Cataluña

El mercado rige la vida de las personas, más allá incluso de lo imaginable. Cuando la Bolsa de Metales de Londres marca que el cobre se paga a más de 10.300 euros la tonelada, miles de pasajeros se quedan tirados en un andén en Cataluña. El robo el pasado domingo de 60 metros de cable doble (120 en total) de la catenaria de Adif en Montcada dejó sin trenes a Barcelona en ...

El mercado rige la vida de las personas, más allá incluso de lo imaginable. Cuando la Bolsa de Metales de Londres marca que el cobre se paga a más de 10.300 euros la tonelada, miles de pasajeros se quedan tirados en un andén en Cataluña. El robo el pasado domingo de 60 metros de cable doble (120 en total) de la catenaria de Adif en Montcada dejó sin trenes a Barcelona en plena jornada electoral. Una semana después, la red no ha recuperado la normalidad, ni se sabe cuándo lo hará, con miles de usuarios afectados. Cataluña lidera de lejos las estadísticas de robo de metal, y acumula más denuncias (5.372 en 2023) que el resto de España en su conjunto (más de 4.300). Un delito escurridizo, con penas irrisorias, a manos de ladrones marginales, que lo repiten sin descanso y sin consecuencias.

Los policías resoplan solo oír hablar de los ladrones de cobre. Un delito de baja estofa, tipificado como un hurto o como un robo con fuerza, que cometen personas en los márgenes también de la delincuencia. Cuando el mercado de metales repunta, ellos se echan a la calle. Grandes empresas, como Adif, Telefónica o Agbar, y también pequeñas y medianas, sufren las consecuencias a diario, con un goteo incesante de robos. Pero no es hasta que el ladrón causa estragos a gran escala en infraestructuras estratégicas, como una red ferroviaria, que el debate regresa a la primera línea de la seguridad pública.

Las cifras revelan un crecimiento de las denuncias por robos de metales después de la pandemia en sintonía con el aumento del precio del cobre (30% más caro que hace cinco años). Solo en Cataluña, el año pasado aumentaron un 16% las sustracciones comunicadas a la policía (70% más en el resto de España desde 2019). “Con la guerra de Ucrania y en Gaza, también ha habido una subida del precio”, opina la directora del Gremi de Recuperadors de Cataluña, Victoria Ferrer, que estos días se sienten señalados. “Es como si a los joyeros les acusasen de dar los tirones en las calles”, lamenta, sobre el hecho de que se apunte a las chatarrerías como quienes compran ese cobre que desaparece de las catenarias, de las baterías de repetidores de telefonía móvil, o del almacén de cualquier empresa.

El ciclo no ha variado mucho en los últimos años, según fuentes policiales. El ladrón responde a dos tipos de patrones: uno solitario y oportunista, que se lleva lo que encuentra. Y los clanes, más organizados, el 80% de ellos con antecedentes, según los Mossos, que actúan en grupo y que buscan metales más preciados, como cobre o bronce. Suelen vigilar las zonas previamente y actúan de noche, pertrechados con radiales, cizallas y herramientas similares, y en ocasiones utilizan pértigas para hacer saltar la electricidad y robar sin riesgos. No es la primera vez que un ladrón muere electrocutado. Los más sofisticados intentan aparentar que son operarios. Una vez tienen el material, huyen en furgonetas. “O los pillas en el momento, con el cobre encima, o es muy difícil atribuirles el robo”, explican algunos investigadores, que se muestran escépticos ante la posibilidad de dar con quienes colapsaron la red de Cercanías de Renfe en Cataluña el 12 de mayo, día además de las elecciones catalanas. Igual que en este caso, en la mayoría de ocasiones los robos se producen en lugares sin cámaras de videovigilancia.

El siguiente paso es deshacerse cuanto antes del material robado. Los ladrones saben que es la principal prueba contra ellos, por eso en muchas ocasiones lo primero que hacen es quemar el cobre para fundir el plástico que lo reviste, y que acostumbra a llevar un número de serie. Lo que además conlleva un problema añadido, ante los posibles incendios que pueden ocasionar en un año de sequía severa. Después, la prioridad es venderlo. La policía sospecha que lo hacen casi de inmediato. Su precio varía en función del estado, y puede llegar a pagarse por encima de los seis euros el kilo, según fuentes policiales.

Los Mossos sospechan que lo venden a chatarreros que hacen la vista gorda a sabiendas de que ese material solo puede ser robado, o que sencillamente son engañados. Mientras que el gremio apunta a bandas organizadas de Europa del Este, que lo guardan en naves apartadas –”nosotros las denunciamos”, asegura Ferrer- que lo sacan en camiones por carretera, con destino a Europa, donde el saqueo de cobre también está causando estragos, con paralización de trenes o afectaciones a los servicios de telefonía en países como Alemania o el Reino Unido. “Nadie va a jugarse su patrimonio por comprar cobre ilegal”, defiende Ferrer.

Después ese cobre se tritura y se funde, y acaba muchas veces comprado de nuevo por las mismas empresas a las que se lo quitaron. “Te roban cobre en cualquier parte. Te lo pueden robar tres veces en el mismo sitio”, lamentan fuentes del sector de los operadores de telefonía, que también señalan Cataluña como epicentro de los saqueos. Endesa, otra de las grandes damnificadas en el pasado, optó por cambiar el cobre por aluminio, y ha pasado del “drama” de hace una década, con un coste millonario, a una situación “anecdótica” de robos puntuales, explica un portavoz de la compañía. En un informe de 2016, los Mossos calcularon que el 27% de los robos los sufrían Endesa, Adif y Telefónica.

“Nos pasa como con la marihuana, o las ocupaciones”, lamentan fuentes de los Mossos d’Esquadra, sobre el deshonroso liderazgo catalán (5.372 robos de metal en 2023), al que nadie encuentra una explicación concreta. La siguiente comunidad en la lista es Andalucía, con 884 casos, seguida de Castilla-La Mancha, con 739. Madrid, con una extensión mucho menor, apenas alcanza las 470 denuncias, según datos del Ministerio del Interior. Cataluña lleva además en el podio más de una década, después de una escalada que alcanzó su punto álgido en 2013, con 11.934 denuncias por robos de metales. “Será que hay más ladrones”, se resignan fuentes de la policía catalana, mientras los mandos del cuerpo se conjuran para hallar respuestas. La próxima semana, los Mossos d’Esquadra han convocado una reunión de urgencia al más alto nivel para analizar el fenómeno. Desde febrero, además, han incrementado las horas de patrulla (un 250% más) y elevado el nivel de alerta del plan especial contra este delito.

Los políticos se pasan la culpa unos a otros. El ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), acusó el pasado lunes a los Mossos d’Esquadra de no hacer debidamente su trabajo. El mismo reproche que repitió en 2015 el entonces titular de Interior, Jorge Fernández Díaz (PP), por una situación calcada: un robo de cobre en la red de Adif en Cataluña que provocó una sobrecarga eléctrica y una reacción en cadena, con incendios que inutilizaron el sistema automático de señalización. El Govern de entonces (CiU) y el de ahora (ERC) devolvió el feo acusando al Gobierno central de descuidar su red ferroviaria en Cataluña, exponiéndola a cualquier clan deseoso de robar el goloso cobre, y castigando a los usuarios con una penitencia de retrasos y cancelaciones infinitas. Mientras, los ladrones siguen buscándole nuevas vidas al cobre, dedicados a un microdelito que causa estragos.

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