El bloque conservador veta a dos magistradas progresistas para presidir salas clave del Supremo

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opone a que dos magistradas progresistas presidan las principales salas del Supremo, la Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. Las dos candidatas de la izquierda judicial para dichos puestos son Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente. La negociación para cubrir estas plazas no ha comenzado aún, pero en los contactos previos el bloque conservador...

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opone a que dos magistradas progresistas presidan las principales salas del Supremo, la Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. Las dos candidatas de la izquierda judicial para dichos puestos son Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente. La negociación para cubrir estas plazas no ha comenzado aún, pero en los contactos previos el bloque conservador ha dejado clara su oposición a que ambas candidaturas prosperen, por estimar que la distribución de cargos tiene que ser más equilibrada. El sector progresista, a su vez, sostendrá indefinidamente la idoneidad de las dos candidatas, tanto por su experiencia en el Supremo como porque su elección daría cumplimiento a las previsiones del informe jurídico que la Comisión de Igualdad del propio Poder Judicial elaboró sobre la aplicación de la ley de Representación Paritaria al ámbito de la justicia y sus órganos, especialmente en el Supremo.

Dicho informe subrayaba que “el objetivo de la paridad es garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones”. Destacaba también que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial contiene en su artículo 599 un mandato claro en el mismo sentido y en relación a los “nombramientos o propuestas de nombramientos que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos”. Tal es el caso ahora de las designaciones para cubrir las presidencias de cuatro de las cinco salas del Supremo, las ya mencionadas de lo Penal y lo Contencioso, y las de lo Civil y lo Social.

Para presidir la Sala Penal ―cuya relevancia deriva en parte de que entiende de los procesos contra aforados― se han presentado como candidatos el magistrado Andrés Martínez Arrieta, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), identificada con posiciones centristas en la magistratura; y la citada magistrada, Ana Ferrer, procedente de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la izquierda de la carrera judicial. El sector progresista del Consejo ya propuso a Ferrer para presidir el Supremo, a lo que se opuso el bloque conservador. La negociación se llevó hasta comienzos del pasado mes de septiembre, cuando la inminencia del acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey, facilitó que se abriera una brecha entre los vocales de la izquierda judicial, y con ello la aceptación de la propuesta de los conservadores, a favor del nombramiento de la magistrada Isabel Perelló como presidenta del Supremo.

La derecha judicial no podrá repetir ahora una estrategia idéntica, porque la lista de candidatos para presidir la Sala Penal ya está cerrada. Lo que estará en su mano es bloquear el acuerdo indefinidamente, pero con ello se daría una mala imagen de la nueva etapa del Consejo y se sentaría un pésimo precedente para la cadena de nombramientos pendientes. La alternativa que proponen los conservadores es elegir a Martínez Arrieta, cuyo mandato ―que en las salas del Supremo es para cinco años― resultaría en su caso más breve, ya que alcanzará la edad de jubilación en la carrera en 2027. El sector progresista respalda la plena idoneidad de Martínez Arrieta para el cargo, pero considera que no debería aplazarse el cumplimiento de las previsiones legales sobre el exigible impulso a la presencia de la mujer en los puestos de decisión de la magistratura.

En cuanto a la Sala de lo Contencioso existen dos candidaturas, las de Pilar Teso y Pablo Lucas, ambos progresistas. El nombre de la primera ya se manejó en relación con la presidencia del Supremo y de la propia sala, en un mandato anterior. Pablo Lucas, a su vez, fue candidato a formar parte del Constitucional en la renovación que tuvo lugar en enero del año pasado. El sector conservador le apoyó, pero la insistencia del grupo progresista en la progresiva incorporación de la mujer a altos cargos en las instituciones decantó la elección a favor de María Luisa Segoviano, ya expresidenta de la Sala de lo Social del Supremo. Lo que muy difícilmente va a aceptar ahora la derecha judicial es que las salas de lo Penal y de lo Contencioso del Supremo queden en manos de magistradas progresistas. El puesto que sin lugar a dudas se llevará el bloque conservador es la presidencia de la Sala Civil, para la que sólo hay un candidato, el magistrado Ignacio Sancho, que pertenece a este ámbito ideológico.

Para la Sala de lo Social hay de nuevo dos candidatos, Juan Molins, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Concepción Ureste, de Juezas y Jueces para la Democracia. La derecha judicial puede proponer la designación de Ureste y que el sector progresista renuncie a la presidencia de la Sala Penal o la de lo Contencioso. No obstante, Molins tiene gran peso en la APM, y en este tipo de negociaciones lo corporativo y asociativo tiene tanta importancia como lo ideológico, y a veces incluso más.