El Defensor del Pueblo, ante el hacinamiento en Barajas: “Reclamamos a las administraciones que se garanticen condiciones dignas”

El hacinamiento y las chinches persisten en las tres salas de solicitantes de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ya denunció la situación que se vivía en estas instalaciones el pasado mes de diciembre. Y desde su departamento han respondido a EL PAÍS sobre la persistencia de la situación reclamando a las administraciones “coordinación entre ellas para que se garanticen condiciones dignas en los pu...

El hacinamiento y las chinches persisten en las tres salas de solicitantes de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ya denunció la situación que se vivía en estas instalaciones el pasado mes de diciembre. Y desde su departamento han respondido a EL PAÍS sobre la persistencia de la situación reclamando a las administraciones “coordinación entre ellas para que se garanticen condiciones dignas en los puestos fronterizos y se proteja la salud física y mental de las personas que temporalmente se encuentren en los mismos”.

El escándalo generado tras dos fugas en las dos últimas semanas de nueve y 17 migrantes retenidos en esas instalaciones llevó a la intervención del ministerio del Interior, que este martes asumía la coordinación de las tareas de limpieza y este miércoles trataba de trasladar a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital a medio centenar de personas, de las más de 360 —entre ellas una quincena de menores— que colapsaban las instalaciones. Este periódico ha preguntado al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska por la situación de salubridad de las salas, en algunas de cuyas zonas han actuado en días pasados. En Interior aseguran que van a volver a desinfectar en las próximas horas.

Finalmente, y aunque había una orden judicial que lo autorizaba y un autobús a la espera, solo fueron cuatro los trasladados al CIE de Madrid. En concreto, los cuatro ciudadanos que tenían la condición administrativa de “inadmitidos”, ya que el resto había solicitado protección internacional. La razón de que no se llevara a cabo el plan previsto es que la Fiscalía presentó un recurso contra la decisión del juez del Juzgado 46 de Madrid en el que considera que “no es conforme a Derecho, vulnerando las normas de competencia y de procedimiento, y por ello solicita su nulidad”. Pero mientras, tal y como denunció el Sindicato Unificado de Policía (SUP), las salas siguen repletas de gente y con una limpieza deficitaria, a la luz de las imágenes a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Estamos constantemente pendientes de la evolución de este caso”, declara una portavoz del organismo que dirige Ángel Gabilondo. Y recuerda que ya han iniciado dos actuaciones al respecto: “Una con la Secretaría de Estado de Migraciones (Ministerio de Migraciones) y otra con la Dirección General de la Policía [Ministerio del Interior] y, a día de hoy, estamos a la espera de respuestas a las sugerencias de estos escritos”, advierten.

Según el argumento usado por la fiscal Cristina Pírfano para paralizar el traslado de personas a Aluche, “el internamiento en el CIE es una medida prevista en el artículo 62 de la para los extranjeros en situación irregular contra los que se ha dictado una resolución administrativa de expulsión (o se ha incoado un expediente de expulsión, en determinados supuestos), para cuya ejecución se considera necesaria tal medida. No es éste el supuesto que ahora nos ocupa”. Y añade: “El artículo mencionado en el auto [del juez], artículo 60 , también está previsto para un supuesto diferente del presente, siendo aplicable a los extranjeros a los que, a su llegada a España, les es denegada la entrada”, es decir, los “inadmitidos”. Cuatro eran los inadmitidos que había entre las más de 360 personas que siguen retenidas en el aeropuerto, y cuatro fueron los que trasladaron al CIE de Aluche este miércoles.

El juez, consideraba en su auto, sin embargo, que el CIE “podía tratarse como una extensión de las salas de alojamiento de asilo del aeropuerto y dependencia habilitada de urgencia” para al menos cincuenta de los allí retenidos, cuyos nombres constan en el mismo auto y que proceden de Marruecos y Senegal. Desde el ministerio del Interior aseguran que respetan “la decisión de la Fiscalía a la hora de recurrir, y que estarán con lo que finalmente se decida. Dicen que “se siguen tramitando expedientes en Barajas”, sin concretar cuantos, tras haberse reforzado la presencia de personal de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

Este jueves, al observarse las mismas condiciones de falta de higiene y de bichos en algunos de los habitáculos, los policías comenzaba a plantearse el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) para poder realizar su labor sin riesgo en esas instalaciones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este viernes a Rabat para analizar con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, la cooperación entre ambos países en el control de la inmigración irregular en el que será su primer viaje al exterior tras su nombramiento el pasado noviembre.