El empresario Cursach quedará absuelto al retirarse la última acusación mantenida contra él

El caso, sobre una de las mayores tramas de corrupción de Mallorca, sentó en el banquillo a 17 personas y queda reducido a una causa contra dos agentes de la Policía Local de Palma

El empresario Bartolomé Cursach a su llegada a un juicio en marzo de 2017 en Palma.C. CLADERA (Efe)

El empresario mallorquín del ocio nocturno Bartolomé Cursach será absuelto de todos los cargos que pesan sobre él después de que este lunes la última de las acusaciones particulares personadas en el proceso judicial que se sigue contra 17 encausados en la Audiencia Provincial anunciara que retirará su acusación. La abogada Teresa Bueyes, que representa a un empresario competencia de los negocios de Cursach, ha remitido un escrito...

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El empresario mallorquín del ocio nocturno Bartolomé Cursach será absuelto de todos los cargos que pesan sobre él después de que este lunes la última de las acusaciones particulares personadas en el proceso judicial que se sigue contra 17 encausados en la Audiencia Provincial anunciara que retirará su acusación. La abogada Teresa Bueyes, que representa a un empresario competencia de los negocios de Cursach, ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial para avanzar que se borra de la acusación, una medida que también afecta al director general de su grupo empresarial, Bartolomé Sbert, que también será absuelto al no pesar ninguna acusación sobre él. La abogada no ha comparecido en la sesión de este lunes y tampoco ha designado a ningún compañero para delegar su representación.

El fin del proceso contra los principales acusados era la crónica de una absolución anunciada desde que la Fiscalía avanzó la semana pasada la retirada de todas las acusaciones que formulaba en el caso Cursach contra las 17 personas que se sentaban en el banquillo por una de las mayores tramas de corrupción empresarial y policial de Mallorca. Tras finalizar la práctica de la prueba testifical el fiscal anticorrupción Tomás Herranz avanzó su decisión de desligarse del proceso al concluir que “no hay prueba de cargo” para mantener el escrito por el que reclamaban para Cursach 18 meses de cárcel por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación.

El juicio quedó entonces a expensas de las acusaciones particulares, que representan los intereses de varios empresarios competencia de Cursach. Dos de ellas anunciaron junto a la Fiscalía que rebajarían las peticiones de su escrito inicial. Este lunes lo han corroborado. El abogado Álvaro Martín, que representa a un empresario de Magaluf y mantenía su acusación sobre Bartolomé Sbert, avanzó la rebaja al comienzo de la sesión y se reiteró al ni siquiera introducir prueba documental. La abogada Teresa Bueyes, que representa a dos empresarios de Magaluf, avanzó la retirada de sus acusaciones vía escrito entregado a la sala, aunque sin comparecer en la sesión de este lunes, lo que le ha valido el reproche de la presidenta del tribunal. La única acusación particular que se mantiene en el proceso representa a un local de ocio y sólo acusa a dos agentes de la Policía Local de Palma.

Los acusados por la que estaba prevista que fuera la mayor y más larga causa por corrupción policial de Baleares han pasado de los 23 que figuraban en el primer escrito de acusación de la Fiscalía a 17 personas apenas unos días antes del juicio hasta los dos que se mantendrán sentados en el banquillo cuando finalice el proceso. La petición de pena para Cursach pasó de los ocho años y medio de cárcel del primer escrito de la Fiscalía a los 18 meses del presentado unos días antes del arranque del juicio en junio. El caso ha estado plagado de turbulencias y marcado por la sombra de sospecha que se cierne sobre el juez y el fiscal que lo investigaron, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán, que en los próximos meses serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presuntas irregularidades en la instrucción. Junto con cuatro agentes de la Policía Nacional están acusados de presuntos delitos de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos tras nueve años de instrucción del caso.



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