El PSOE pide a la Audiencia que 72 diputados del PP respondan con su patrimonio por la financiación ilegal del partido en Madrid
Los socialistas solicitan 26 años de cárcel para Granados en la investigación sobre la caja b de la formación regional, y 17 años y medio para el exgerente Beltrán Gutiérrez
El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular en el caso Púnica, han solicitado a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo y condene como partícipes a título lucrativo al PP y a los 72 diputados populares que resultaron elegidos en los comicios de 2011 a la Comunidad de Madrid —incluido los expresidentes Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes—, por beneficiarse de la presunta trama de financiación irregular del partido regional. Los socialistas lo ...
El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular en el caso Púnica, han solicitado a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo y condene como partícipes a título lucrativo al PP y a los 72 diputados populares que resultaron elegidos en los comicios de 2011 a la Comunidad de Madrid —incluido los expresidentes Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes—, por beneficiarse de la presunta trama de financiación irregular del partido regional. Los socialistas lo plantean en su escrito de acusación sobre la línea de investigación centrada en la caja b de la formación autonómica, por la que piden también más de 26 años de cárcel para Francisco Granados, ex consejero y ex secretario general del PP de Madrid; y 17 años y 6 meses para Beltrán Gutiérrez, ex gerente de la fuerza política.
El pasado octubre, el juez instructor Manuel García-Castellón dictó el auto de procesamiento en la Pieza Separada 9 de Púnica, que aborda la financiación irregular del PP de Madrid y una parte de los trabajos de reputación online pagados con dinero público en beneficio de miembros de la formación. En esa resolución, el magistrado propuso juzgar solo a ocho imputados y archivó la causa contra un total de 71 personas, incluidas Aguirre y González. Y ahora, aunque el propio PSOE y la Fiscalía Anticorrupción han recurrido esa decisión para ampliar la lista de procesados —el ministerio público solo de forma parcial—, los socialistas han puesto ya sobre la mesa su escrito de acusación, donde plantean las penas que deben imponerse a los implicados.
El partido encabezado por Pedro Sánchez plantea condenas de cárcel para los ocho procesados por el juez: Francisco Granados (para quien pide 26 años y 1 mes de cárcel); Beltrán Gutiérrez (17 años y 6 meses); Isabel Gallego (27 años y 1 mes), ex jefa de prensa de Aguirre; Borja Sarasola, exconsejero de Ignacio González (59 años y 3 meses); el empresario Alejandro de Pedro (49 años); Francisco Lobo (9 años), ex secretario técnico de la Consejería de Transportes y de Hacienda; José Martínez Nicolás (17 años y 7 meses), ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, dependiente de la Comunidad; y Diego Mora (14 años), antiguo trabajador de la compañía Indra.
Pero también, según consta en su escrito de acusación, fechado este miércoles y al que tuvo acceso EL PAÍS, los socialistas piden que se condenen como partícipes a título lucrativo al PP y a los 72 diputados autonómicos del partido que resultaron elegidos, para que respondan con su patrimonio pues “se beneficiaron del exceso de gasto electoral y de la financiación irregular, y de su ocultación para las elecciones del año 2011”.
El PSOE detalla que, desde la llegada de Aguirre al Gobierno de Madrid en 2003, el PP regional “puso en práctica un plan que supuso el desvío de fondos públicos, con la finalidad de subvencionar gastos de su formación política”. “Estamos ante un plan creado para utilizar las instituciones en provecho privado y desde ellas prevaricar y malversar de manera continuada”, recalca el escrito, que atribuye a los implicados delitos electorales, de cohecho, trafico de influencias, simulación de contrato, prevaricación administrativa, malversación, falsificación y revelación de información privilegiada.
García-Castellón consideró, al igual que la Fiscalía, que las irregularidades detectadas en los comicios de 2007 y 2008 han prescrito. Y sobre los de 2011, añadió el instructor, solo existen pruebas suficientes para acusar a Gutiérrez y Granados.