La policía descubre anomalías en 62 obras del Ayuntamiento del líder del PP de Almería
Roquetas de Mar, que preside Gabriel Amat, concedió contratos “de antemano” a una constructora que cobró 77 millones
Sobrecostes de hasta el 87%, sospechas de información privilegiada, aumentos en los contratos a favor de una misma empresa…. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que preside desde 1995 el líder del PP de Almería, Gabriel Amat, cometió irregularidades en la adjudicación de 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, según un informe de la Policía Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los contratos bajo sospecha suman 77,5 millones de euros y se concedieron entre 2000 y 2010. Hispano Almería, según los inve...
Sobrecostes de hasta el 87%, sospechas de información privilegiada, aumentos en los contratos a favor de una misma empresa…. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que preside desde 1995 el líder del PP de Almería, Gabriel Amat, cometió irregularidades en la adjudicación de 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, según un informe de la Policía Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Los contratos bajo sospecha suman 77,5 millones de euros y se concedieron entre 2000 y 2010. Hispano Almería, según los investigadores, dio fondos al PP “para financiar campañas electorales”. Y entregó presuntamente 36.000 euros a la delegación del partido en Roquetas de Mar, que también preside Amat.
Entre las 62 adjudicaciones bajo el radar, figura la obra Infraestructura Aguadulce. El municipio pilotado por el también presidente del Comité Electoral del PP de Andalucía adjudicó este proyecto en 2003 por 6,5 millones a la firma. “La adjudicación estaba asignada de antemano”, sentencian los agentes en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del pasado 20 de julio.
Los contratos revelan modificaciones de última hora. La policía pone como ejemplo una obra para construir una circunvalación que se concedió a Hispano Almería en 1998 por 1,1 millones. Y, 16 meses después, el Consistorio dio luz verde a un incremento de 900.000 euros. Según la UDEF, la firma abonó por este proyecto 252.000 euros en comisiones. Y parte de esta suma fue a parar a los empleados municipales que aprobaron la subida: el arquitecto J. Macías (37.262 euros) y el ingeniero A. Salmerón (19.532). “Dicha modificación fue autorizada por el alcalde Gabriel Amat”, concluyen los investigadores.
El foco de las pesquisas también apunta a una residencia de mayores adjudicada en 2004 por 2,7 millones y que registró un aumento de 454.723 euros. “No hay documentación que justifique el incremento”, señala la policía sobre este proyecto otorgado a la firma Taller de Arquitectura S. L., donde figuraban como administradores solidarios los mismos gestores de Hispano Almería, Miguel Duarte y su hijo, Miguel Morales.
Pliegos al dictado de la empresa
La policía destaca que el Ayuntamiento llegó a incluir en los pliegos de los concursos textos redactados por la propia constructora. Y que esta treta quedaría confirmada en el caso de un contrato de 2002 para elaborar una escultura de un toro para la plaza de Roquetas de Mar. La firma remitió por fax al arquitecto municipal las características técnicas del proyecto días antes de su adjudicación. Los investigadores apuntan que Hispano Almería abonó por este expediente una comisión de 72.000 euros.
Además, la constructora consiguió adjudicaciones pese a presentar sus ofertas fuera de plazo, sin garantías o “incumplir de manera sistemática los plazos de ejecución”. Una muestra de estas carencias aflora en un contrato de 274.833 euros concedido en 2001 por el Ayuntamiento presidido por Amat para la reforma de la jefatura de la sede de la policía local. La firma, que presentó su oferta fuera de plazo, fue la única en concurrir. Los investigadores conectan su suerte con una comisión de 76.245 euros.
Las pesquisas subrayan que, buena parte de las obras de Hispano Almería, encadenaban sobrecostes de más del 20%. Y que los informes técnicos de la constructora carecían de justificación sobre las puntuaciones. Los investigadores enmarcan este supuesto trato de favor en la “connivencia” entre los técnicos municipales y la dirección de la empresa.
La UDEF establece una conexión directa entre las supuestas comisiones abonadas a los técnicos del Consistorio y el incremento del precio final de las obras. En el proyecto Avenida de Las Marinas, adjudicado por Roquetas de Mar en 2006, el arquitecto técnico municipal cobró un “recibí” de 60.000 euros de la constructora 11 días después de firmar el contrato de adjudicación. Y en la obra Infraestructura Agua Dulce los técnicos firmaron “a petición del Ayuntamiento” un modificado de la obra de un millón de euros, pese a las objeciones del secretario municipal.
Una caja b con 7,3 millones para la localidad
Los agentes vinculan el supuesto trato de favor a Hispano Almería con el cobro de comisiones en metálico. Y consideran probada la existencia de una “caja b” de la constructora que abonó supuestamente 7,3 millones para hacerse con las obras de la localidad almeriense durante una década. La firma utilizó la contabilidad paralela para “gratificar concesiones”, según este informe de la UDEF incorporado al caso Hispano Almería, que instruye desde 2014 el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.
Las indagaciones sobre la fortuna de esta constructora para hacerse con contratos en Roquetas de Mar arrancaron en 2013. La Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT) denunció entonces ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una presunta red de comisiones ilegales pilotada por esta compañía. La denuncia contó con información de dos antiguos trabajadores de la firma. Uno de ellos llegó a entregar a los investigadores 140 recibís abonados por la compañía entre 1998 y 2010 a políticos y empleados municipales a cambio de contratos.
EL PAÍS ha intentado, sin éxito, recabar la versión de Gabriel Amat, que no está investigado en esta causa. La UDEF sitúa a los gestores de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales Duarte y su hijo, Miguel Ángel Morales Carrillo en el epicentro de una “trama empresarial” que pagó comisiones a cambio de obras.
investigacion@elpais.es