El Kremlin tiene un plan: confisca y vencerás

El Kremlin ha convertido las expropiaciones en un arma para 2024. Amenaza con quedarse con los activos occidentales en territorio ruso si Estados Unidos y la Unión Europea se incautan a su vez de los bienes rusos congelados por la invasión de Ucrania; y al mismo tiempo presiona a sus propios ciudadanos con apropiarse de su patrimonio si son condenados por criticar a su ejército o evaden el reclutamiento. Paradójicamente, esta política confiscatoria coincide con una ola de privatizaci...

El Kremlin ha convertido las expropiaciones en un arma para 2024. Amenaza con quedarse con los activos occidentales en territorio ruso si Estados Unidos y la Unión Europea se incautan a su vez de los bienes rusos congelados por la invasión de Ucrania; y al mismo tiempo presiona a sus propios ciudadanos con apropiarse de su patrimonio si son condenados por criticar a su ejército o evaden el reclutamiento. Paradójicamente, esta política confiscatoria coincide con una ola de privatizaciones parciales con la que el Kremlin intenta exprimir el máximo dinero posible para pagar su guerra y con la que reforzará el apoyo de sus beneficiarios, los rusos que mostraron su fidelidad al presidente Vladímir Putin.

El comité de Exteriores del Senado estadounidense aprobó este jueves el acta REPO, la ley que permitiría destinar a Ucrania los activos rusos congelados, y el Kremlin ha prometido dar una respuesta espejo a Occidente si este definitivamente emprende ese paso. La Unión Europea y Estados Unidos aún no han tomado una decisión por la espantada de capitales foráneos que podría acarrear esta medida, pero Moscú advierte de que miles de millones de activos occidentales que permanecen atrapados a su vez en cuentas rusas quedarán definitivamente en manos del Kremlin.

El Banco Central de Rusia introdujo al inicio de la guerra las denominadas Cuentas de tipo C “para evitar el retiro de fondos y activos de Rusia por los residentes de los países hostiles”. A estas cuentas fueron traspasadas las transacciones entre residentes y no residentes con el fin de mantener en Rusia ese dinero hasta nuevo aviso. Entre otras restricciones, por ejemplo, quedó prohibida la retirada de los fondos obtenidos de la venta de una empresa sin la autorización expresa del Ministerio de Finanzas.

Una agencia de noticias estatal, Ria Novosti, estimó esta semana que los activos occidentales en cuentas rusas están valorados en unos 288.000 millones de dólares. No obstante, son números que hay que tomar con cautela: de los 223.000 millones atribuidos a países europeos, 98.300 millones proceden de Chipre, uno de los paraísos fiscales favoritos de los magnates rusos, isla desde donde evaden actualmente algunas sanciones. Alemania, por poner un ejemplo de gran socio comercial de Rusia hasta la guerra, apenas tiene unos 17.300 millones.

El 25 de abril de 2023, un año y dos meses después de lanzar su ofensiva sobre Ucrania, Putin firmó un decreto que autorizaba a su Gobierno tomar el timón “temporalmente” sobre los activos de empresas extranjeras en Rusia. Aquel día, la agencia federal para la gestión de la propiedad estatal, Rosimushchestvo, sustituyó a los directivos de dos compañías energéticas, las filiales de la alemana Uniper y de la finesa Fortum. En total, una decena de plantas termales y la mayor central eléctrica de gas del país.

“El objetivo del decreto es crear un fondo de compensación ante la posible adopción de medidas de represalia contra la expropiación ilegal de activos rusos en el extranjero”, advirtió entonces el portavoz de Putin, Dmitri Peskov.

Las empresas occidentales que no huyeron en los primeros meses de la guerra se han encontrado en una jaula desde el pasado año. Muchas compañías, como McDonald’s e Inditex, optaron por traspasar su filial a socios y proveedores rusos a precios reducidos con la opción de regresar en el futuro, decisión que “aún sigue sobre la mesa”, según fuentes del sector.

Sin embargo, el Kremlin ha dificultado su marcha. En diciembre de 2022 impuso que la venta de activos tenía que tener un 50% de descuento respecto a su valor de mercado, y tres meses después estableció que al menos un 5% de esta valoración debía financiar su presupuesto. Finalmente, el presidente ruso firmó otro decreto en junio por el que el Gobierno tiene derecho a comprar cualquier activo occidental “a precios reducidos” si considera que han abandonado Rusia con pérdidas significativas o su gestión ha empeorado.

“Si una empresa no cumple con sus obligaciones, entonces entra en la categoría de empresas malas. Lo que hagamos con sus activos después de eso es asunto nuestro”, manifestó entonces Peskov.

Los casos más llamativos de los últimos meses han sido el de la filial de Danone; el de uno de los mayores concesionarios de automóviles del país, Rolf, y el de la cervecera Baltika, del grupo Carlsberg. La dirección de la filial de la empresa alimentaria francesa fue transferida el pasado verano al sobrino del presidente de Chechenia, Ramzán Kadírov. Además de hacerse con el mando de aquel suculento negocio, Yakub Zakriyev, de 33 años, también es ministro de Agricultura de la república del Cáucaso.

Por su parte, el control de Rolf fue transferido a Rosimushchestvo. Teóricamente, las acciones de la empresa siguen perteneciendo a su matriz, radicada en Chipre, pero sus activos pasaron a ser gestionados por las autoridades rusas sin pagar ninguna compensación. Es el mismo manual que el del caso de Baltika, cuyos dueños se niegan a negociar con Moscú.

“Nos han robado nuestro negocio en Rusia y no les vamos a ayudar a legitimarlo”, dijo el director de Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen, a los periodistas en otoño. La compañía ha reclasificado los nuevos ingresos de su filial como dinero que le adeuda el Gobierno ruso.

En paralelo, el Kremlin se ha hecho con el control de otros gigantes rusos gracias a que sus dueños decidieron -o las autoridades les hicieron decidir- deshacerse de sus compañías y abandonar el país. Entre otros, el banco Tinkoff y la tecnológica Yandex, considerada hasta hace poco una gran rival de Google. Curiosamente, el Gobierno ruso también ha revertido algunas privatizaciones de los noventa: un tribunal dictó en septiembre de 2023 que una de las mayores plantas de producción de metanol de Rusia, propiedad de Metafrax, había sido adquirida irregularmente más de tres décadas atrás.

Cambio de manos

El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluanov, anunció para este año un programa de privatizaciones parciales en 30 empresas donde el Estado no perdería su participación mayoritaria. No nombró ninguna y estableció un objetivo de ingresos modesto, en torno a 1.200 millones de rublos, unos 12 millones de euros al cambio. Pero hay truco: en 2023 la meta era similar, aunque los ingresos finales fueron 16 veces mayores, hasta los 300 millones de euros.

En opinión de Ekaterina Kurbangaleyeva, experta del Centro Carnegie, “esta nacionalización y privatización 2.0 -la compara con los procesos vividos en los años posteriores a la desaparición de la Unión Soviética- parecen mutuamente excluyentes, pero en realidad pueden ser bastante compatibles y su combinación puede proporcionar estabilidad al sistema político”.

La analista comparte el concepto de “cuasinacionalización” propuesto por el exministro de Finanzas y ahora máximo responsable de Yandex, Alexéi Kudrin: mientras que las empresas clave serán absorbidas por bancos estatales, los activos no estratégicos (mercado de consumo, especialmente) serán redistribuidos a precios de ganga entre los nuevos ricos, la clase media alta, y la administración y las fuerzas de seguridad del régimen. “Aquellos que permanecieron en Rusia con la esperanza de beneficiarse de un éxodo masivo (...) y se convertirán en una fuente de apoyo patriótico”, resume.

Las autoridades rusas también han recurrido a las confiscaciones como arma para recrudecer la represión interna. El presidente de la Duma Estatal, la cámara baja rusa, Viacheslav Volodin, y los líderes de las facciones parlamentarias presentaron esta semana un proyecto de ley para incautar los bienes de los ciudadanos que critiquen la guerra contra Ucrania.

La iniciativa prevé la confiscación del dinero, objetos de valor y otros bienes de los acusados de difundir “información deliberadamente falsa sobre el uso de las fuerzas armadas rusas”, lo que incluye criticar la muerte de civiles en bombardeos, y “convocar públicamente actividades extremistas”. Es decir, llamar a manifestarse en la calle.

“Todo aquel que intente destruir a Rusia, que la traicione, debe sufrir su merecido castigo y compensar el daño causado al país a expensas de sus propiedades”, manifestó Volodin

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