Condenados a mil años los etarras Pakito y Fitti por un atentado en el que murió un niño
La Audiencia Nacional condenó ayer a más de mil años de prisión a los ex dirigentes de ETA Francisco Mugika Garmendia, Pakito, y José María Arregi Erostarbe, Fitti, por su participación en el atentado cometido el 22 de noviembre de 1988 con un coche- bomba contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. En la acción murieron el niño de dos años Luis Delgado y Jaime Bilbao, de 38, y resultaron heridas otras 88 personas, 46 de las cuales pertenecían a la Guardia Civil.
El atentado fue perpetrado por los miembros del comando Argala o itinerante, que estaba i...
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La Audiencia Nacional condenó ayer a más de mil años de prisión a los ex dirigentes de ETA Francisco Mugika Garmendia, Pakito, y José María Arregi Erostarbe, Fitti, por su participación en el atentado cometido el 22 de noviembre de 1988 con un coche- bomba contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. En la acción murieron el niño de dos años Luis Delgado y Jaime Bilbao, de 38, y resultaron heridas otras 88 personas, 46 de las cuales pertenecían a la Guardia Civil.
El atentado fue perpetrado por los miembros del comando Argala o itinerante, que estaba integrado por ciudadanos franceses, entre los que se encontraba Henri Parot, Unai, que ya está condenado por esos mismos hechos.
La sentencia declara probado que Pakito dirigía personalmente en 1988 el comando Argala y que ordenó a los etarras la realización del atentado para el que además les proporcionó las llaves del vehículo que luego fue utilizado como coche-bomba.
Arregi, experto en explosivos, preparó el vehículo con alrededor de 100 kilos de amonal e instruyó a Parot sobre su utilización. El francés fue quien activó el explosivo, mientras sus compañeros Jacques Esnal y Frederick Haramboure cubrían su retirada.
Las penas impuestas suman 1.128 años de prisión para cada uno, por dos asesinatos consumados, 46 frustrados, 20 delitos de lesiones graves, estragos y otros delitos menores. No obstante, las penas impuestas son gratis para los etarras que ya estaban condenados a más de 30 años, el máximo periodo de cumplimiento previsto en la legislación española.