Una política de hormigón JOAN SABATÉ

La necesidad de un Plan Hidrológico es un hecho sobre el que hay consenso político. En un marco como el nuestro, en el que es cierto que el agua es un bien escaso, hace falta prever las necesidades y administrar muy bien los limitados recursos. Hasta la propia Ley de Aguas ordena la elaboración de un plan hidrológico. Lo que está ahora en discusión, empero, es su contenido.Sobre el anteproyecto del plan pueden hacerse objeciones políticas y técnicas. En el aspecto político hace falta decir que hubiera sido necesario consensuarlo con las comunidades autónomas antes de presentarlo públicamente. ...

La necesidad de un Plan Hidrológico es un hecho sobre el que hay consenso político. En un marco como el nuestro, en el que es cierto que el agua es un bien escaso, hace falta prever las necesidades y administrar muy bien los limitados recursos. Hasta la propia Ley de Aguas ordena la elaboración de un plan hidrológico. Lo que está ahora en discusión, empero, es su contenido.Sobre el anteproyecto del plan pueden hacerse objeciones políticas y técnicas. En el aspecto político hace falta decir que hubiera sido necesario consensuarlo con las comunidades autónomas antes de presentarlo públicamente. Una propuesta como ésta ha generado un conflicto entre las zonas excedentarias y las deficitarias.

Sobre su contenido, hay que decir que parte exclusivamente de la política de hormigón y cañería, una política antigua y que está muy lejos de la que se aplica en Israel o California y que significará disponer de una agua mucho más cara que la obtenida por la desalación o la reutilización. Asimismo, el plan adolece de contradicciones graves cuando prevé unas necesidades, trasvases incluidos, de 12.000 hectómetros cúbicos y reconoce unos recursos de sólo 7.000 hectómetros cúbicos. Haría falta una política de regulación acelerada construyendo embalses que, más allá del impacto medioambiental, es inviable técnica y económicamente a corto y medio plazo.

Con todo, el aspecto más grave de la propuesta radica en la ignorancia deliberada de la tendencia decreciente del caudal del río Ebro en las últimas décadas. Hay poca agua en el Ebro. Extraer más supondría un grave riesgo medioambiental para el último tramo del río y su delta. Pero, además, en caso de existir excedentes, es imprescindible que sirvan para garantizar el desarrollo de las comarcas de la propia cuenca, que en el caso de las tierras del Ebro son de las más deprimidas de Cataluña. En caso contrario, sólo se reforzaría el desequilibrio territorial. Hace falta una política de planificación hidrológica que se fundamente en criterios de sostenibilidad.

Las tierras del Ebro queremos ver garantizado nuestro futuro, y este plan es percibido como una amenaza. Hace falta que el Gobierno lo retire y se elabore uno nuevo, buscando el consenso político y territorial y con criterios de sostenibilidad, sin trasvases. Nuestra gente se moviliza desde el convencimiento de que nos va en ello el futuro, con dignidad, pacífica y democráticamente, sabedores de lo que nos jugamos. No podemos aceptar el cebo de unas inversiones a las que ya tenemos derecho como contribuyentes a cambio de vender nuestros recursos.

Cualquier sociedad avanzada sabe que su crecimiento y, por tanto, su futuro se fundamentan en el aprovechamiento de sus recursos. No en su venta.

Joan Sabaté es alcalde de Tortosa (PSC) y senador.