La fiscalía dice que Trias “legitimó” a los ‘okupas’ del Banco Expropiado

La Fiscalía de Barcelona ha dado carpetazo a la investigación que abrió de oficio contra el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU) por malversación y prevaricación. Durante un año, Trias pagó, con fondos municipales, el alquiler del llamado Banco Expropiado, en Gràcia, para que la empresa propietaria renunciara a desalojar a los okupas. El arrendamiento costó 65.500 euros. En el decreto de archivo, la ...

La Fiscalía de Barcelona ha dado carpetazo a la investigación que abrió de oficio contra el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU) por malversación y prevaricación. Durante un año, Trias pagó, con fondos municipales, el alquiler del llamado Banco Expropiado, en Gràcia, para que la empresa propietaria renunciara a desalojar a los okupas. El arrendamiento costó 65.500 euros. En el decreto de archivo, la fiscalía concluye que no hay indicios de delito, pero reprocha a Trias que “legitimara” la okupación y denuncia las “graves irregularidades” del expediente municipal.

El consistorio dio dos razones para justificar el pago de un alquiler. Por un lado, el “grave peligro de altercados y daños vandálicos”. Por el otro, la voluntad de “mantener las actividades” sociales que los okupas desarrollaban en el local. Ni uno ni otro motivo, sin embargo, están “suficientemente motivados” en el expediente. Tal carencia oculta, en realidad, “una decisión política sin precedentes” que merece “la más contundente de las censuras”, según la fiscalía. El escrito reprocha que, al abonar el alquiler, el Ayuntamiento de Barcelona, “amparó el comportamiento claramente ilegal, cuando no delictivo” del grupo y “legitimó” la okupación de una propiedad privada.

Pese a las “numerosas y flagrantes irregularidades” y a las “graves incongruencias” del expediente, la fiscalía archiva el caso porque no ve indicios de delito. No hay prevaricación, razona el escrito, porque se trató al fin y al cabo de una decisión política. Y no hay malversación porque los fondos públicos no se destinaron a un fin particular como era defende “los particulares intereses del grupo político” de CiU, sino a mantener “el interés público y la paz social”.

La fiscalía admite, no obstante, que existió la sospecha de que el consistorio pretendía “evitar el desgaste” que podría sufrir el gobierno municipal en caso de altercados. Esa hipótesis, sin embargo, “no ha sido confirmada”. La fiscalía admite que los informes alertaban del riesgo real de que el desalojo provocara atercados como ya había ocurrido en el centro social okupa de Sants. “Siempre defendimos que la decisión” era “ajustada derecho” y “la menos mala de las posibles”, dijo ayer el portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn.

El pago del alquiler del Banco Expropiado salió en mayo de 2016, cuando el edificio fue desalojado por orden judicial después de que el equipo de Ada Colau no renovara el pago del alquiler. El desalojo provocó graves altercados, durante varias jornadas, en el barrio de Gràcia, que dejaron detenidos, heridos y daños en el mobiliario.