Milei desmantela en seis meses de gestión décadas de políticas feministas y de género en Argentina

En Argentina, un país donde cada 35 horas se produce un feminicidio y donde durante el último año 272 personas murieron víctimas de violencia de género, el Gobierno de Javier Milei cerró las áreas institucionales del Estado que se dedicaban a enfrentar este problema mientras avanza en el desfinanciamiento de los programas públicos que luchan contra la violencia contra las mujeres.

Las medidas tomadas por la administración del ultraderechista en sus primeros seis meses de gestión despertaron el rechazo de organizaciones feministas y de derechos humanos del país e internacionales. Pero Milei y sus colaboradores parecen decididos a profundizar las iniciativas contra el feminismo y lo que denominan la ideología de género: saben que eso les permite diferenciarse de sus rivales políticos y afianzar el apoyo de sus bases, mayoritariamente hombres jóvenes.

Junto a decisiones de fuerte impacto simbólico, como el cambio de nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada —anunciado el 8 de marzo, Día de la Mujer— o la eliminación del lenguaje inclusivo en la administración pública, Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Al asumir el 10 de diciembre pasado, y como parte de sus medidas para desguazar el Estado, dispuso que ese ministerio fuera reducido a una subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Pero la dependencia ni siquiera llegó a los 180 días que este lunes cumplió su Gobierno: el viernes pasado fue definitivamente cerrada. Y no precisamente porque hubiera alcanzado sus objetivos.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia reveló hace siete días que “se identificaron 250 víctimas directas de feminicidio” en Argentina durante 2023, incluyendo a “cinco víctimas de travesticidio/transfemicidio”. A esas cifras se añaden 22 víctimas de “feminicidio vinculado”, es decir, los homicidios cometidos para causarle daño a una mujer. Según los datos oficiales, el número de muertes aumentó un 11% respecto de 2022. En la última década, se informaron al menos 2.446 víctimas directas de feminicidio.

“El ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de las muertes y otras formas de violencias discriminatorias hacia la población”, advirtieron en una declaración conjunta distintas entidades de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, las fundaciones Fundar y Fundeps. Recordaron que “las políticas públicas para la atención de los casos de violencia de género son parte de un compromiso que el Estado argentino tiene históricamente en el marco de acuerdos internacionales” y leyes vigentes, y le exigieron “al Gobierno que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa”.

Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), el comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi) manifestó su “profunda preocupación” por el cierre de la subsecretaría y señaló que, de no revertirse, “impactaría directamente sobre unas capacidades estatales ya afectadas por anteriores recortes, comprometiendo seriamente la obligación del Estado de proteger a las mujeres”.

“Restauración conservadora”

Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, señala que esta es la primera vez, desde la recuperación de la democracia en 1983, que en Argentina no hay “una institucionalidad específica de género”. Entre las consecuencias de esa medida, enumera “la ausencia total de políticas vinculadas a las violencias por motivos de género, no hay proyectos ni programas de prevención, de asistencia ni acompañamiento a las víctimas y sus familiares, ni tampoco políticas vinculadas a la igualdad y la diversidad”. Para la exfuncionaria del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), la decisión de Milei es coherente con “un proyecto que entiende que el Estado es un problema y no una parte de la solución, como venimos reclamando las mujeres. Es un proyecto político que deja a la deriva absoluta a quienes tienen alguna necesidad o vulnerabilidad, entendiendo que eso es un problema individual”. Gómez Alcorta considera que el actual Gobierno promueve, en cuestiones de género y diversidad, “una restauración conservadora muy feroz, como seguramente no veíamos desde la dictadura militar” y que se trata de “una marca registrada de un proyecto que tiene en su cabeza a un presidente que es, además de violento, misógino”.

La eliminación del Ministerio de las Mujeres y luego de la subsecretaría contra la Violencia de Género tuvo como correlato el achicamiento o directamente la desaparición de iniciativas estatales relacionadas con problemáticas específicas de las mujeres y las diversidades sexuales. Por ejemplo, en el contexto de una inflación interanual de casi el 300%, el Gobierno congeló el presupuesto del Programa Acompañar, fuente de apoyo económico a mujeres y personas de la comunidad LGTBI+ víctimas de violencia. La administración de Milei cerró el Programa Registradas, que impulsaba la formalización de trabajadoras de casas particulares y que, entre 2021 y 2023, había registrado a 34.235 empleadas domésticas. Dentro del proyecto de ley bases que discute el Congreso, el Ejecutivo impulsa el final de la moratoria que les ha permitido a 440.000 mujeres jubilarse pese a no haber completado los aportes previsionales porque se dedicaron al cuidado de sus hijos y familias, sin un empleo asalariado. Entre otras medidas, también fue clausurado el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).

“Todas esas políticas relacionadas con la igualdad de género eran planificadas e implementadas desde la estructura del Ministerio de las Mujeres, producto de 40 años de crecimiento de las instituciones de género en el país. Ahora se perdió la capacidad de unificar todas esas estrategias para atacar un problema absolutamente estructural como las desigualdades de género y las violencias que se montan sobre ellas”, dice la socióloga María de las Nieves Puglia, directora del área de Género de Fundar. Puglia advierte que el peligro de la pérdida de institucionalidad es que, como muchas de aquellas iniciativas tenían efectos de prevención, se produzca un incremento de los casos de violencia.

A la derecha de la derecha

“El encono específico con el feminismo y con las políticas de género les permite a Milei y sus seguidores construirse a la derecha de la derecha”, observa Carolina Justo von Lurzer, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet. No solo escenifica un contraste con el anterior Gobierno peronista, el que llevó la cuestión de género al rango de ministerio, sino que también enuncia una distinción con el Gobierno previo del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

“Los intelectuales de este Gobierno son propaladores de ideas contra la ideología de género, que no son un invento argentino y tienen una pregnancia muy fuerte a nivel global. Tienen una pata en el conservadurismo religioso y otra en argumentos biologicistas ligados a una cierta idea de naturaleza”, explica Von Lurzer. En el discurso libertario, detalla, “las políticas públicas de género se convirtieron en el paradigma del Estado que malgasta recursos y los asigna de manera espuria. Hay una cadena semántica que relaciona feminismo con gasto, con robo y con Estado. Para el libertarianismo, el marco legal que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres ya existe; las personas solo tenemos que desarrollar individualmente nuestras potencialidades. Las desigualdades estructurales son desestimadas, por ende las políticas públicas para enfrentarlas serían innecesarias”. Un razonamiento que llevaría también a desconocer la existencia del racismo o cualquier forma de discriminación.

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