Proteger los recursos genéticos y los saberes ancestrales: la conversación de la COP16 en la que Colombia no tendrá voz

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Tenemos la certeza que detrás de las medicinas que tomamos, como la popular aspirina o la potente morfina, está el trabajo de cientos de científicos y la millonaria inversión de poderosas farmacéuticas. Lo que quizás es más desconocido es que tras estos medicamentos, así como de otros menos conocidos, como la artemisinina –para el paludismo– y la digoxina –para las arritmias–, también está el conocimiento de comunidades locales, afrodescendientes e indígenas alrededor del mundo. Ellas no solo fueron las primeras en saber que allí había un potencial medicinal, sino que por cientos de años han protegido las plantas y especies de las que vienen estos medicamentos. El problema es que la mayoría de las veces, mientras las farmacéuticas se llevaban el lucro y se quedan con la propiedad intelectual, ni las comunidades ni los países de donde vienen estas especies reciben ningún beneficio.

Esta inequidad, precisamente, es uno los problemas que busca solucionar el Protocolo de Nagoya, un acuerdo internacional complementario al Convenio sobre la Diversidad (CDB) que entró en vigor en 2014 y que, en las propias palabras del documento, tiene como objetivo “la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos”. Por estar acobijado por el Convenio, esta negociación también tendrá lugar durante la Cumbre de Biodiversidad de Naciones Unidas (COP16) que se realizará en Cali, Colombia, desde la próxima semana. Sin embargo, la gran paradoja es que a pesar de albergar el evento y ser parte del Convenio, Colombia aún no ha ratificado el Protocolo de Nagoya, por lo que, en la práctica, no tendrá voz ni voto en esta rama de las conversaciones.

“Lo que hará Colombia es promover el espacio para que se dé esta discusión, pero no puede participar, solo observar”, aclara Catalina Góngora, líder de Política Pública de The Nature Conservancy (TNC) Colombia. El país fue el primero en firmar el protocolo, que básicamente es decir que está de acuerdo con el texto; y fue un colombiano, Fernando Casas, quien lideró la negociación en 2010. Pero su ratificación, el proceso por el cual los países ya se convierten en parte, ha venido dando tumbos.

En 2017, el Consejo de Estado ordenó que, antes de presentar su ratificación ante el Congreso, era necesario hacer una consulta previa con las comunidades étnicas. Y a pesar de que en la pasada COP15, que se realizó en 2022 en Canadá, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció durante la plenaria que su país ratificaría el Protocolo, ya que era una “deuda histórica de los gobiernos colombianos”, parece no haber ningún avance sobre el tema. La deuda continúa.

“Hemos caído en una excesiva burocratización”, señala Gloria Erazo, consultora en biodiversidad de la organización Ambiente y Sociedad. Y dice que hacer una consulta previa de una dimensión nacional haría surgir distintas preguntas como, por ejemplo, si se haría con representantes regionales o a través de alguna fórmula que salga de La Mesa Permanente de Concertación con pueblos indígenas (MPC), una instancia que se creó en 1996 para que el Estado tome decisiones conjuntas con estos pueblos cuando los concierne.

América Futura le preguntó al Ministerio de Interior si hay algo en marcha, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Por su parte, Fany Kuiru, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), una de las siete que hacen parte del MPC, explicó que, junto al Gobierno, se organizaron para que en el Plan Nacional de Desarrollo se dejaran recursos para la consulta previa de Nagoya, “pero hasta ahora no se ha hecho nada”.

Aunque en el país hay otras regulaciones que abarcan el tema de la repartición justa de recursos genéticos e incluso durante la COP16 hay otras conversaciones por una línea similar en las que Colombia sí participa, las expertas creen que es una oportunidad perdida. Nagoya, en palabras simples, es una suerte de guía que les dice a dos países o partes [el que va a usar esos recursos genéticos y el que los alberga] que debe existir un consentimiento informado previo por parte del país del que viene el recurso y, en caso de que este venga de una zona con presencia de comunidades locales, indígenas o afro, ellos deben recibir algún beneficio del producto final. El Protocolo propone ideas como la creación de empresas conjuntas con las comunidades, que los derechos de propiedad intelectual sean conjuntos o que se pague una tasa por muestra recolectada, entre otros.

El Fondo Acción, por ejemplo, acompañó el proceso de la empresa Ecoflora para generar productos a partir de la jagua (Genipa americana), una especie que protegen los consejos comunitarios que integran Cocomacia, una organización del Chocó, y encontró que la regulación colombiana tiene aún vacíos que podría abordar el Protocolo. Igualmente, como trataron de guiarse por lo que establece el acuerdo, lograron que la distribución de beneficios monetarios y no monetarios no solo fuera con el Estado, sino que la empresa también debe pagar un porcentaje de las utilidades netas anuales de cada línea de producto que obtenga a Cocomacia.

El año pasado, el colorante azul que Ecoflora y Cocomacia obtuvieron a partir de la jagua, fue el cuarto colorante natural que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), ha aprobado en más de 30 años.