Adquirir una vivienda que no contamina o reformarla persiguiendo el ahorro energético es cada vez más sencillo y rentable. A partir de este viernes, un sello permitirá certificar que las hipotecas concedidas con estos objetivos cumplen con los más estrictos criterios de salvaguarda del medioambiente. En las intenciones de la Federación Hipotecaria Europea (EMF, por sus siglas en inglés) —que representa a los prestamistas del Viejo Continente y promueve la iniciativa— la implementación de la etiqueta permitirá identificar los créditos verdes de forma más transparente y canalizar más capital privado hacia la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles y la edificación sostenible.
El atractivo de las hipotecas verdes para el usuario está en su precio. Al pedir dinero prestado para comprar o edificar una casa con estas características o para renovarla, el consumidor soporta un coste inferior al que tendría que pagar si destinara el préstamo a otros fines. El descuento llega en forma de “algún tipo de bonificación en la tasa de interés”, señala el gerente de la Asociación Hipotecaria Española, Enrique Benavides. Eso sí, el crédito debe servir a financiar la adquisición de edificios residenciales con un desempeño energético que cumpla o exceda los estándares de las mejores prácticas del mercado según la normativa europea u obras que supongan una mejora del rendimiento energético de al menos un 30%.
De esta forma, se impulsa la transformación en un sector crucial para la reducción de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono en la UE, donde los inmuebles absorben el 40% del consumo energético y unos 200 millones de viviendas se construyeron en el siglo pasado, según datos de la EMF. “La renovación de este parque, que reduciría drásticamente la contaminación en nuestras ciudades, es también un vector de crecimiento económico potencialmente enorme”, en palabras del secretario general de la federación, Luca Bertalot, quien subraya que se crean 18 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido en la modernización de edificios. En este contexto, el sello verde —cuya puesta de largo cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y del Consejo de la UE— está pensado para alimentar el llamado green deal con parte de ese 45% del PIB que representa el mercado hipotecario en Europa.
En España, la etiqueta —que de momento se otorga solo a productos financieros orientados a las reformas— ha sido asignada a Caja Rural de Navarra, Triodos y Unión de Crédito Inmobiliarios (UCI). Esta última entidad lidera también el hub nacional que trabaja en la descarbonización de toda la cadena de valor y reúne a agentes inmobiliarios, empresas de reforma, rehabilitadores, constructoras, empresas de eficiencia energética, arquitectos, eléctricas, tasadoras, y otras entidades.
Menor insolvencia
Para Cátia Alves, directora de Sostenibilidad de UCI, “el sello viene a cambiar sobre todo la forma en la que lo green es percibido por parte de todos los actores del mercado, desde el cliente hasta el inversor, algo muy necesario para evitar el greenwashing”, o ecopostureo, es decir, la práctica de algunas entidades de llamar verdes a financiaciones entregadas para cualquier propósito, menos la defensa del medioambiente. Proporcionará también “información sobre las carteras de préstamos energéticamente eficientes y una mayor transparencia con respecto a los riesgos climáticos y la resiliencia”, destaca Alves.
“El mercado verde ha llegado para quedarse”, sostiene Benavides, y es cierto que “la oferta, todavía residual, irá en aumento”. Pero, ¿por qué razones los bancos deberían lanzarse al mercado de las hipotecas verdes? El hecho de que el titular de una hipoteca concedida para una vivienda energéticamente eficiente tendrá, por este mismo hecho, una mayor disponibilidad de recursos para devolver la deuda, lo que redunda en un menor riesgo de insolvencia para el banco. Una correlación negativa confirmada por un reciente informe del Protocolo y portal de datos de eficiencia energética (EeDaPP, por sus siglas en inglés), en el que se demuestra “que el grado de eficiencia energética también importa, es decir, los edificios con mayor eficiencia energética están asociados con un riesgo de incumplimiento relativamente menor”, apunta Bertalot.
Todo ello tendrá repercusiones también en el mercado financiero, ya que “estos activos se incluirán en bonos garantizados energéticamente eficientes que responderán al creciente apetito de los inversores por esa clase de deuda”, asegura Alves.
De momento, tras unos dos años de proyecto piloto, las entidades europeas cuyos productos han obtenido la etiqueta verde desde que se abrió el proceso de adhesión, hace un mes, son una veintena. “Contamos con tener una cantidad significativa de entidades dentro de pocos meses”, recalca Bertalot. El primer desafío al que tendrá que enfrentarse el sello, nada más empezar su andadura, será comprobar su compatibilidad con la taxonomía que está elaborando la Comisión Europea para definir un estándar común de bonos verdes, y cuya publicación está prevista para finales de marzo.
