Las detenciones en la frontera caen un 40% por la restricción al asilo impuesta por Biden

El número de arrestos ocurridos en la frontera suroeste de Estados se ha reducido un 40% en las tres semanas que lleva en vigor la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe el derecho de asilo. Así lo anunció este miércoles el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una rueda de prensa en Tucson, Arizona, que siguió a la publicación del comunicado de su departamento. Los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes que cruzan ilegalmente ha caído a menos de 2.400 diarios, por debajo del límite de 2.500 entradas irregulares que Biden estableció el 4 de junio para cerrar la frontera, según los datos aportados. Es el nivel más bajo de arrestos desde el 17 de enero de 2021, pero aún muy superior a la barrera de 1.500 cruces irregulares diarios durante siete días consecutivos que levantaría las restricciones.

Mayorkas señaló que en Tucson la caída de las entradas irregulares ha sido de más del 45% desde que el presidente impuso las nuevas medidas y que las repatriaciones de personas detenidas en esta ciudad han aumentado casi un 150 %. “Como resultado, en Tucson hemos visto una disminución de más del 80% de las personas que han iniciado procesos judiciales de regularización”, agregó.

Los datos se han publicado un día antes de que tenga lugar el debate que enfrentará a Biden con el candidato republicano en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Donald Trump. El tema de la inmigración ha ido cobrando importancia a lo largo de la campaña hasta convertirse en uno de los factores que sin duda determinarán el voto de millones de votantes de los Estados clave de los comicios, sobre todo en aquellos más afectados por la afluencia de migrantes, como Arizona.

Los republicanos han centrado su campaña en atacar a la Administración Biden por eludir la crisis causada por la llegada masiva de migrantes a la frontera y Trump ha prometido que si gana las elecciones llevará a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia de Estados Unidos. La última estrategia del expresidente ha sido culpar a Biden de la muerte de la niña de 12 años Jocelyn Nungaray, asesinada supuestamente por migrantes sin papeles y cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de junio en un riachuelo de Houston.

Ante el fracaso del Congreso para alcanzar un acuerdo bipartidista que atajara el problema, Biden dictó el 4 de junio una orden ejecutiva que contempla el cierre de la frontera si durante una semana se producen más de 2.500 cruces irregulares diarios, un límite ampliamente rebasado en los últimos meses.

Mayorkas insistió en que aún es necesaria la acción del Congreso para abordar la crisis migratoria. “Las acciones ejecutivas no son un sustituto de la acción del Congreso. Solo el Congreso puede ofrecer una solución completa y duradera. Solo el Congreso, mediante legislación, puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido, que se actualizó por última vez hace casi 30 años. Solo el Congreso puede darnos los recursos que necesitamos. Hemos estado sin recursos durante décadas”, sostuvo. Mayorkas agregó que un acuerdo bipartidista aportaría 1.500 agentes a la Patrulla Fronteriza y 1.200 agentes de inmigración.

La semana pasada el Gobierno ya anunció que los cruces irregulares habían caído un 25% desde la entrada en vigor de la nueva orden y los últimos datos aportados muestran que la tendencia continúa a la baja. El Departamento de Estado ha subrayado, además, que se va a aumentar el número de vuelos fletados para agilizar la repatriación de los migrantes. En la actualidad se realiza una media de 29 vuelos semanales para ello. A su vez, se están realizando esfuerzos diplomáticos para aumentar los países con los que hay acuerdos de repatriación.

“Los no ciudadanos sujetos a la regla que limita el asilo y que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos están siendo expulsados de inmediato”, asegura el comunicado del Departamento. Los expulsados están sujetos a una prohibición de reingreso de al menos cinco años y a un posible proceso penal.

Según el Departamento, se ha devuelto a más de 24.000 individuos a 20 países, incluyendo los repatriados en 100 vuelos internacionales. En los 12 meses posteriores a la derogación del polémico Título 42 en mayo del año pasado, se ha expulsado a 740.000 personas, más que cualquier año desde 2010. Esto ha incluido más repatriaciones a países distintos de México que en cualquier año anterior. La Administración Biden asegura haber aumentado los controles en la frontera, para, entre otras medidas, identificar a pandilleros conocidos o sospechosos, incluidos miembros de la pandilla venezolana Ten de Aragua.

Las estrictas medidas impuestas por el presidente demócrata en la frontera han causado malestar entre el ala más progresista de su partido. Tres representantes demócratas han anunciado la creación de un grupo en el Congreso para tratar el problema global de la inmigración en el mundo estudiando las raíces del problema, qué se ha hecho al respecto y cómo se puede solucionar. Los congresistas que lideran la iniciativa son Delia Ramírez, de Illinois, Greg Casar, de Texas, y Sydney Kamlager-Dove, de California.

En una entrevista con NBC News, Ramírez dijo que los demócratas han hecho un “trabajo terrible” al hablar sobre la inmigración y responder a los problemas fundamentales que suponen. “Simplemente hemos reaccionado y nos hemos disculpado en lugar de avanzar en la dirección que posiciona al Congreso como un aliado eficaz para los esfuerzos globales que crean un mundo más seguro y equitativo donde la gente no tiene que venir a Estados Unidos”, afirmó.

Si por un lado Biden ha endurecido su política migratoria al restringir el derecho del asilo, por otro ha dado protección a los migrantes de larga duración que viven en Estados Unidos. Tres semanas después de dictar las nuevas reglas de la frontera, el presidente firmó una orden ejecutiva por la que se concederá la residencia permanente a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que lleven residiendo en el país más de 10 años. Las autoridades han estimado que alrededor de medio millón de personas, que acumulan una media de 23 años como residentes en el país, se beneficiarán de la medida. Unos 50.000 niños hijos de estos migrantes también podrán optar a la regularización.