La dependencia colapsa en Andalucía

Con 609 días para resolver un expediente, 280 más que la media nacional, Andalucía se ha instalado en la cola de la gestión de las listas de espera de la Dependencia. Ni el plan para su reducción, firmado en mayo de 2021, ni la reforma del sistema aprobada el pasado mes de marzo, precisamente para simplificar y acelerar los tiempos en la tramitación, parecen haber tenido el impacto que se vaticinó por parte de la Junta de Andalucía. Mientras las organizaciones de mayores, el Consejo Andaluz de Trabajo Social, los sindicatos y la oposición hablan de “colapso” y “situación dramática” para referirse al estado actual de la dependencia en la comunidad, desde el Gobierno que dirige Juan Manuel Moreno se achacan los problemas a una necesidad de “tiempo y formación” para transitar hacia el nuevo modelo instaurado hace ocho meses y a la falta de financiación estatal, cifrando en 4.000 millones la deuda del Ejecutivo de España con la región desde 2019 en materia de dependencia.

“Lo más cómodo hubiera sido seguir con una gestión que lleva 17 años sin funcionar y era un caos”, reconoció la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, la semana pasada en sede parlamentaria sobre el incremento de las listas de espera. Un sistema que fuentes de su Consejería tildan de “obsoleto”. “Tenía que elegir entre cifras y personas y he elegido personas”, aseguró López en la Cámara autónoma.

“No son estadísticas frente a personas, son estadísticas que hacen visibles los problemas de las personas”, responde José Carlos Montero, trabajador social que lleva los últimos 17 años trabajando en el Servicio de Dependencia de la provincia de Málaga. Las cifras evidencian que Andalucía es la comunidad autónoma donde más se tarda en acceder a un recurso, 609 días, de acuerdo con los últimos datos facilitados por el IMSERSO correspondientes al mes de septiembre, seis días más que en agosto y 67 más que hace un año. También han descendido el número de beneficiarios y prestaciones, respecto del mes anterior. De acuerdo con esta estadística, 54.935 andaluces seguían a 30 de septiembre en las listas de espera para recibir ayuda a la dependencia, de los que 29.415 estaban pendientes de resolver su solicitud y 23.530 de que su prestación se haga efectiva. El número de altas en el sistema es de 216 nuevas solicitudes, 7.054 menos que en agosto. En lo que va de año han fallecido esperando a conseguir su valoración de grado o un recurso 3.921 personas, según el recuento realizado por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM).

“Estas cifras reflejan una realidad desoladora para una población extremadamente vulnerable”, denuncia Martín Durán, presidente de FOAM, que advierte de que la situación de la dependencia en la comunidad está en un momento “crítico” y reclama de la Junta medidas efectivas para agilizar los procesos. “Es evidente que el nuevo modelo no ha logrado mejorar nada”, sostiene. López explicó en el Parlamento que el nuevo sistema de gestión de la dependencia aprobado en marzo de este año, que pasa por concentrar en una sola visita la valoración del grado de dependencia y la resolución del PIA (Programa Individual de Atención) y un sistema de ventanilla electrónica, estaba en una fase de “transición” en la que están conviviendo ambos modelos. “Estamos en pleno proceso de cambio”, indican las fuentes de su Consejería, que señalan como una causa de que hayan subido los tiempos medios de espera el hecho de que estén unificando las distintas plataformas informáticas en una sola, un proceso que ha hecho aflorar expedientes atrasados. “Hemos optado por resolverlos, aunque esto suponga que empeoren las estadísticas”, aseguran.

En plena ofensiva por la infrafinanciación de la comunidad, López también justificó los problemas en la falta de fondos para la dependencia recibidos por el Estado. “¿Saben cuánto dinero le adeuda el Gobierno de Pedro Sánchez a los dependientes andaluces desde 2019: 4.000 millones. A más Sánchez, menos dependencia”, sostuvo la consejera en referencia al incumplimiento del Gobierno español de financiar al 50% con las comunidades autónomas el sistema de dependencia, tal y como establece la ley de 2006 y que nunca se ha cumplido. Una infrafinanciación agravada, sostuvo, por la prórroga de los Presupuestos Generales.

Mala planificación y externalización de servicios

“Este no es un problema de financiación, sino de gestión, porque en los tres últimos años, desde el Gobierno de España se comprometió a equilibrar esa infrafinanciación, Andalucía es la comunidad que más se ha beneficiado de ese incremento”, advierte Durán. En 2020 el Estado aportaba el 15,54% del total al sistema de Dependencia y en 2023 se colocó en el 28,58%. En Andalucía el incremento en este período ha pasado del 19,69% al 37,74%, “Aquí la aportación estatal ha subido del 20% al 40% prácticamente, pero es que la Junta ha reducido su aportación paralelamente, pasando del 80,31% en 2020 al 62,26%. Cuando nos reunimos con el presidente Moreno, le pedimos que mantuviera estable la aportación de la comunidad, como han hecho otras comunidades, como Canarias, al menos hasta llegar a los 180 días de media que marca la ley, pero no lo ha hecho”, señala.

Montero, que forma parte del Consejo Andaluz del Trabajo Social que ha publicado un manifiesto en el que reclama a la Junta medidas urgentes ante el colapso del sistema de dependencia, también comparte que el deterioro de la situación no puede achacarse a la infrafinanciación y pone el foco en la mala ejecución del plan para la reducción del sistema para la autonomía y atención a la dependencia —firmado en mayo de 2021 por el Gobierno andaluz y gracias al que, además de la financiación ordinaria se recibieron fondos extra por parte del Ministerio― y en la externalización de determinados servicios. “El plan de choque no abordó la creación de más recursos, por mucho que se quiera cambiar el procedimiento y unificar la valoración y la dotación de la ayuda, si no se incrementan las plazas de servicios residenciales o del servicio de ayuda a domicilio, de nada sirve agilizar los trámites si el tapón está en otro sitio”, explica.

También advierte sobre la externalización de algunos servicios, como el de la asignación de visitas. “Antes hacíamos las llamadas previas para concertar las citas nosotros, esto nos servía para recabar información sobre la situación de la persona, si era necesario que estuviera acompañado de un familiar cuando acudiéramos... Ahora tenemos que anular muchas citas porque cuando acudimos no se dan las condiciones para poder hacer la valoración y ahora que se unifica también la resolución de los recursos, si se multiplican las incidencias, los números de valoraciones y PIA tampoco mejoran”. Esta situación, denuncia el Consejo Andaluz de Trabajo Social, provoca también “la pérdida de garantías y la indefensión” de los dependientes. La ventanilla electrónica tampoco ayuda, sostiene Montero, “porque la mayoría de quienes solicitan el recurso son personas mayores que no están familiarizados con los trámites online”.

Montero llama la atención sobre los retrasos en las peticiones para el cambio de grado que no se recogen en esas estadísticas que rechaza la consejera. Pedro —que prefiere no dar su nombre real― y su mujer que padece Parkinson le ponen cara a esos números. Él tiene perfectamente anotadas las fechas en las que, desde el 7 abril de 2009, reclamó la ayuda por Dependencia. “He pasado por todos los Gobiernos, en España, en Andalucía y en el Ayuntamiento, y no he hecho otra cosa que esperar y desesperarme”, cuenta. Fue ese día cuando solicitaron la valoración para su esposa, ocho meses después fue evaluada y un año y cinco meses más tarde le concedieron la valoración de grado III nivel 1. Era el 7 de mayo de 2011. El reconocimiento de la PIA llegó 57 meses después. “No estaba la cosa mala, la ley dice que son tres meses”, ironiza. Esa prestación se interrumpió en abril de 2020, con la llegada de la pandemia. Entonces solicitó una revisión del PIA, que tardó en resolverse dos años más, en octubre de 2022. “Hace un año que volví a pedir otra rectificación electrónicamente y sigo sin respuesta”, indica con resignación.

Mati Iborra, enfermera en Almería, pidió en 2022 una revisión del grado para su madre, que arrastraba una degeneración macular y cataratas no operables desde 2005. Ahora tiene 95, está completamente ciega y siguen a la espera. Pero no es el único recurso al que aguarda. “En 2023 se reconoció un incremento en las horas de atención para los usuarios valorados en grado II y presentamos la solicitud en octubre, en junio de 2024 me llamaron para informarme de que habían recibido la solicitud. Aún seguimos esperando.No están haciendo nada”, se lamenta.