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El Vaticano expulsa a un cura de Granada acusado de abusos que trabaja con jóvenes y tiene una ONG activa en Bolivia

José Antonio Villena, que dirigía la pastoral universitaria desde 2006, fue denunciado en el obispado por estudiantes mayores de edad y recibe la pena canónica más grave. Su fundación lleva proyectos en el país andino desde 2007

José Antonio VIllena, el sacerdote expulsado del clero por abusos, de pie, a la derecha, en su parroquia de los Santos Mártires Justo y Pastor, en Granada, en 2018.
José Antonio VIllena, el sacerdote expulsado del clero por abusos, de pie, a la derecha, en su parroquia de los Santos Mártires Justo y Pastor, en Granada, en 2018.
Íñigo Domínguez

Un conocido sacerdote de la diócesis de Granada, José Antonio Villena García, de 45 años, ha sido expulsado del clero, según ha comunicado el arzobispado de la ciudad andaluza en una nota interna, tras un proceso canónico culminado por el “dicasterio para el Clero, organismo competente en las materias denunciadas, las que no dicen relación con menores de edad”. Fuentes eclesiásticas y algunas de las víctimas explican que este sacerdote fue acusado de abusos sexuales sobre jóvenes, mayores de edad, y otros delitos canónicos. Afirman que hay varios afectados, todos adultos, y aseguran que las primeras acusaciones llegaron al arzobispado ya en 2008, sin que se tomaran medidas durante años. Otras acusaciones eran de abuso de conciencia e irregularidades administrativas, en un proceso largo y complejo que ha llevado a tomar declaración a decenas de personas en el arzobispado de Granada.

Villena era el delegado de pastoral universitaria desde 2006 y trabajaba con jóvenes del campus granadino, pero además desde 2007 gestionaba proyectos de ayuda y voluntariado en Bolivia, lo que cristalizó en la Fundación Ahoringa Vuelcapeta, que él mismo preside y fue registrada en 2012. Viajaba al país andino frecuentemente, y casi todos los veranos con universitarios, a la localidad de Bellavista, en el departamento de Beni, donde hay un centro de las monjas misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Las víctimas que ha podido conocer este diario son españolas. Se desconoce si hay denuncias en Bolivia.

La expulsión de un sacerdote, la pena más grave en la justicia eclesiástica, es una decisión muy poco frecuente en España y la primera que se conoce es de 2013. La diócesis de Granada, consultada por este diario, no ha aclarado si se han denunciado los hechos a las autoridades ―es la víctima la que debe hacerlo―, y también se ha negado a responder sobre el número de afectados, su nacionalidad, los delitos imputados, los lugares donde se cometieron y desde cuándo conocía las acusaciones. “Es una comunicación interna a sacerdotes. No es un asunto impunible penalmente (sic) y no se trata de menores”, ha explicado un portavoz por escrito, que no ha accedido a detallar estas palabras. “Desde la archidiócesis, no tenemos nada más que informar”, ha concluido.

La instrucción del caso canónico fue llevada en el arzobispado de Granada y el procedimiento penal eclesiástico terminó ya en julio de 2022. La diócesis remitió luego el expediente al dicasterio vaticano para el Clero, el competente para abusos cometidos sobre adultos, a diferencia de los perpetrados contra menores, que son tramitados por el de Doctrina de la Fe. El pasado mes de abril el organismo de la Santa Sede culminó el procedimiento y, según señala la diócesis, el resultado para Villena es que “ha sido dimitido del estado clerical y del sagrado celibato como de todas las obligaciones inherentes a la sagrada ordenación”.

Las víctimas habían reclamado que el caso se hiciera público, pero hasta ahora la diócesis de Granada no lo ha dado a conocer. Como ocurre en los procesos canónicos, muy opacos, las víctimas no reciben el expediente ni copia de la sentencia, solo se les lee. El documento interno que comunica la condena es críptico y escueto, no detalla las acusaciones y, además, ha causado indignación en algunos de los afectados, que son denominados simplemente “denunciantes”, y no víctimas, después de años de espera. Villena fue apartado ya de sus responsabilidades en 2021, pero no se dieron explicaciones de la decisión.

Las víctimas aseguran que el arzobispado conocía el caso desde hace años. Relacionan la deficiente gestión de las denuncias con el cese del arzobispo de la ciudad, Francisco Javier Martínez Fernández, que fue relevado por sorpresa en 2022, antes de cumplir los 75 años de la jubilación episcopal, y sustituido por José María Gil Tamayo, que no llevaba ni cuatro años como obispo de Ávila. Gil Tamayo fue nombrado arzobispo coadjutor con derecho a sucesión, un cargo de tipo excepcional decidido por la Santa Sede para reemplazar rápidamente a un responsable en situaciones especiales. Puede deberse también a que el titular se acerca a su renuncia por edad o por razones de salud, y Martínez sufrió un accidente de tráfico en 2021 y fue operado de columna en junio de 2022. Su sucesor asumió definitivamente el cargo en enero de este año.

Martínez, que fue obispo auxiliar de Madrid entre 1985 y 1996 y es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, es sospechoso de encubrimiento en su etapa como obispo de Córdoba, entre 1996 y 2003, hasta que se fue a Granada. Mantuvo en el cargo a un sacerdote acusado de abuso de menores pese a las denuncias contra él en los tribunales a comienzos de 2000. EL PAÍS lo incluyó el año pasado en su lista de 39 obispos y superiores religiosos españoles sospechosos de silenciar y encubrir abusos, que no ha tenido ninguna respuesta por parte de la Conferencia Episcopal.

Villena es un cura conocido en Granada y con visibilidad mediática. Está bien relacionado y tiene amistad con José Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, a través de su mujer, Manuela Villena López, que es de su mismo pueblo, Padul. La pareja se casó en la parroquia del sacerdote en Granada, la iglesia de los Santos Mártires Justo y Pastor. La fundación de este cura le dio un premio en marzo de 2020 a Moreno Bonilla, que tuiteó fotos con sacerdote y escribió: “Orgulloso por recibir el Premio Vuelcapeta 2020. Es un galardón especial para mí y fue un honor compartirlo anoche con el padre José Antonio Villena y con la Fundación Ahoringa Vuelcapeta, a la que me unen estrechos lazos”. Es lo primero que se ve al abrir la página de Facebook de la ONG.

El sacerdote ahora condenado por la Iglesia fue ordenado en 2002 y fue párroco durante los tres años siguientes en las localidades de Ugijar, Cherín y Jorairatar, en la Alpujarra granadina. En octubre de 2005, el arzobispo le nombró capellán del campus universitario de la Cartuja y del colegio mayor Gárnata. En septiembre de 2006, fue nombrado delegado de pastoral universitaria. En 2014 fue nombrado director de la sección masculina de la residencia universitaria Madre Riquelme de Granada.

Si conoce algún caso de abusos que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es.

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Sobre la firma

Íñigo Domínguez
Es periodista en EL PAÍS desde 2015. Antes fue corresponsal en Roma para El Correo y Vocento durante casi 15 años. Es autor de Crónicas de la Mafia; su segunda parte, Paletos Salvajes; y otros dos libros de viajes y reportajes.

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