Cambio de sexo y oposiciones: un aspirante a policía abre el debate sobre el fraude al amparo de la ‘ley trans’

Un balón medicinal de tres kilos en lugar del de cinco kilos durante unas pruebas físicas para ser policía. Una frase pronunciada entre bromas y sonrisas: “Es que yo soy piba”. Pasó esta semana en Torrelodones, un municipio de la sierra de Madrid, durante las pruebas físicas para optar a una plaza de la Policía Local. Uno de los candidatos, que hasta ese momento había participado en las otras fases de la oposición como hombre, pidió que durante las pruebas físicas se lo evaluara también según los parámetros destinados a las mujeres. Para justificar esta petición, presentó un acta notarial en la que pedía que se lo registre como mujer transexual. Una escena que fue más que suficiente para desatar la polémica y encender las alarmas sobre el supuesto primer caso de un hombre que se aprovecha de la ley trans para cambiar de sexo registral y obtener ventajas.

El Gobierno regional de Madrid, al que el Ayuntamiento de Torrelodones había consultado para saber cómo proceder ante la excepcionalidad de ese caso, no dejó escapar la ocasión para arremeter contra la ley del Ministerio de Igualdad recién aprobada. “Es un problema que ya se venía advirtiendo”, comentó este jueves Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. “Se supone que la ley tenía que asegurar la igualdad de las personas trans, pero lo que se da es una desigualdad entre hombres y mujeres como consecuencia de la facilidad que la ley establece para cambiarse de sexo en el Registro Civil”. Sucede que, sin embargo, el acta notarial presentada por el candidato hace referencia a la ley de la Comunidad de Madrid sobre la materia de 2016, no a la ley trans estatal, según ha confirmado el Ayuntamiento de Torrelodones a este periódico. Madrid, como otras 14 comunidades autónomas, regula la autodeterminación de género en los ámbitos donde tiene competencia, como sanidad o educación.

Por su parte, desde Igualdad aseguran que el caso no representa un problema, ya que el candidato no se cambió de sexo en el Registro Civil. “Un acta notarial no es un documento válido. Para que el cambio sea efectivo tiene que tener un DNI que diga si es hombre o mujer”, afirma una portavoz del ministerio. Además, el proceso de cambio de sexo registral no es inmediato: la legislación establece un trámite que puede alargarse hasta cuatro meses, en el que la persona ha de ratificar su voluntad en dos ocasiones, la inicial y una segunda vez.

En este caso, todo pasó en menos de una semana. El candidato empezó el proceso de selección el 12 de enero de este año, cuando firmó la prueba psicotécnica con un nombre cuyas iniciales son J. L. A. y que es el que figura en su DNI. Se trata de un nombre masculino muy común, que este periódico ha confirmado a través de diversos testimonios que han participado en las mismas pruebas, y tras consultar los listados del Ayuntamiento de Torrelodones de los candidatos que habían pasado la primera prueba.

Uno de los otros opositores asegura haberse encontrado con esta persona en más de una ocasión, durante los procesos de oposición para plazas de policías en otros municipios madrileños. El día de la prueba física, que se celebró este martes, J. L. A. estaba a su lado cuando llegó el momento de lanzar el balón medicinal. Se trata de la única prueba que conlleva una diferencia según el sexo del candidato, ya que para los hombres se utiliza la bola de cinco kilos y para las mujeres, la de tres. En ambos casos, los opositores tienen tres intentos a su disposición para intentar lanzar la bola lo más lejos posible.

Según el testimonio de los presentes, y según ha confirmado el Ayuntamiento de Torrelodones, el candidato hizo el primer intento con la bola de cinco kilos, y obtuvo un resultado dentro de la media. Para el segundo intento, sin embargo, levantó la bola de tres, y fue en este momento en el que los otros opositores le llamaron la atención. Uno de los candidatos explica a este periódico: “Le dije que se había equivocado, que había pillado el de mujer. Lo hice de buena fe, pensando que igual le podía caer una sanción. Pero él nos aseguró que no había problema. Nos dijo: ‘Es que yo soy una piba’, y volvió a lanzar”, asegura. “En un primer momento, sentí un poco de lástima por él, al pensar en todos los prejuicios que sufren las personas trans. Pero luego nos dimos cuenta de que se estaba aprovechando de la ley para sacar notas sobresalientes en las pruebas de mujeres”. Este diario intentó contactar con J. L. A. para permitirle dar su versión de los hechos, sin recibir respuesta.

El Ayuntamiento de la localidad (de la agrupación Vecinos por Torrelodones) aún desconoce los criterios que guiarán la evaluación de las pruebas físicas del candidato. Es decir, si se tendrán en consideración las puntuaciones según los parámetros masculinos o femeninos. “Nos ha pillado por sorpresa. Antes que todo, tenemos que entender la legalidad del proceso. Si es posible que una persona que ha empezado un examen como hombre puede cambiar de género en la mitad del proceso”, reconoce Víctor Arcos, concejal de Seguridad de Torrelodones.

Fraude de ley

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB+) asegura que este episodio no representa un problema para el colectivo ni sienta un precedente. “Esta persona dice que ha hecho un cambio de la mención de sexo, pero no lo ha hecho porque lo único que ha aportado ha sido un acta notarial. Sin embargo, incluso en el caso de que alguien llegue hasta el final con el proceso de cambio de sexo registral, lo lógico será que rectifique una vez que ha alcanzado su objetivo fraudulento. Puede retractarse, porque lo permite la ley, pero sería ya fraude de ley, y hay consecuencias para quien hace esto”, explica Charo Alises, miembro del equipo jurídico de FELGTB+.

Los juristas consultados por este periódico al respecto coinciden en la posibilidad de anular los beneficios obtenidos por una persona que ha cambiado su sexo registral solo con el fin de eludir una norma. “Una persona que utiliza una norma en su provecho sin cumplir las condiciones de la norma está actuando en fraude de ley. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es interpretar esa norma según los criterios ordinarios y habituales de interpretación de cumplimiento y de buena fe”, señala Paz Llora, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, donde también ha sido directora del máster en Violencia de Género.

Llora hace referencia al espíritu de la ley, que “reconoce las situaciones que son más o menos consolidadas”, y no “sobrevenidas”, como sería el caso del opositor de Torrelodones. “En una situación sobrevenida como la que se plantea aquí, en la que alguien realiza un cambio en una situación de concurrencia a una plaza pública que le puede beneficiar de alguna manera, hay sospechas de que su cambio no se ajusta con la realidad. Esto tiene un aspecto de fraude de ley importante”, añade la catedrática.

Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, coincide en la posibilidad de anular este tipo de procedimientos. “La ley lo que permite es la autodeterminación de género a partir de lo que es el género sentido. Pero si una persona no se siente efectivamente diferente al sexo mencionado en la inscripción de nacimiento y cambia su sexo registral solo para obtener ventajas en un procedimiento público, como en este caso, la actuación deviene ilegal”, aclara.

Repensar las oposiciones

Ante el polvorín levantado con el caso de Torrelodones, y a la luz también del debate generado esta semana por la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de prohibir la participación de transexuales en las competiciones femeninas internacionales, surge la duda de si habría que reformular los requisitos de las convocatorias de procesos públicos donde el género implica parámetros diferentes de evaluación.

“Igual tendríamos que acabar con esa distinción entre hombres y mujeres, y establecer baremos y criterios en atención a condiciones físicas. Si un trabajo necesita una determinada fuerza física, esta tendría que valer tanto para hombres como para mujeres”, argumenta Boix. “También habrá que evaluar la posibilidad de reservar algunos empleos para personas trans, así como ya se hace para las mujeres”.

Ignacio Álvarez Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, avanza la posibilidad de que en las próximas convocatorias ya se haga mención a posibles cambios de sexo registrado. “No descarto que vaya a empezar a haber una disposición que diga que se tendrá en consideración el sexo registrado de una persona en el momento de la publicación de la convocatoria. O que si se ha producido un cambio de género, tenga que haber pasado un tiempo preestablecido para estar seguros de que nadie se aproveche de la situación”.