La Rioja aprueba la primera ley de salud mental de España

La norma autonómica establece unas ratios mínimas de profesionales que multiplican por cinco el número de psicólogos y psiquiatras contratados actualmente en el sistema público

La presidenta de la Comunidad de La Rioja, Concha Andreu, en el Parlamento de La Rioja este jueves.
La presidenta de la Comunidad de La Rioja, Concha Andreu, en el Parlamento de La Rioja este jueves.Gobierno de La Rioja

La Rioja se ha convertido en la primera comunidad autónoma en contar con una ley de salud mental, una norma que tampoco ha sido aprobada todavía en España a nivel estatal. El Parlamento riojano ha dado luz verde este jueves con 21 votos a favor y 12 abstenciones, estas últimas por parte del PP, a la proposición de ley que hizo en febrero de 2022 Henar Moreno, diputada de Izquierda Unida del Grupo Parlamentario Mixto. Actualmente, la sanidad pública cuenta con 14 psicólogos y 14 psiquiatras para los más de 300.000 riojanos. La nueva norma, que ha sido modificada por varias alegaciones de otros grupos, establece unas ratios mínimas que multiplican por cinco esa plantilla de profesionales de la salud mental, según explica Moreno por teléfono. De esta forma, La Rioja dispondrá de 23 enfermeras especialistas, 18 psicólogos y 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, la cifra que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). También ejercerán un terapeuta ocupacional y un trabajador social sanitario en cada unidad de salud mental.

La Ley de las Personas con Problemas de Salud Mental y sus Familias de La Rioja se centra en varios ámbitos de actuación, no solo en el sanitario. Uno de sus puntos fuertes es que pretende dar facilidades a los pacientes para independizarse, otorgando plazas específicas en el parque público de vivienda y residencias “con el apoyo de trabajadores sociales”, ha especificado Moreno. Para llevar a cabo todos los planes de la norma se pretende crear un órgano coordinador de políticas en materia de salud mental y adicciones dependiente de la Consejería de Sanidad riojana. Este equipo, que deberá estar formado como máximo en nueve meses, será el encargado de coordinar a todos los efectivos, planificar, fijar los objetivos y actuaciones y evaluar los resultados.

La presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, ha identificado las dolencias mentales como un problema de salud pública y colectivo: “No podemos asumir que el trabajo produzca ansiedad, hay factores socioeconómicos claros que indican que necesitamos una red de apoyo social”. Dentro de seis meses el Gobierno de La Rioja tendrá que haber implantado todos los reglamentos necesarios y contratado a los profesionales para llevar a cabo esta ley. Tendrá que hacerlo con el importe destinado a salud mental de los presupuestos autonómicos de 2023, que asciende a algo más de 13 millones de euros, un 3,6% de todo el dinero que maneja el Servicio Riojano de Salud.

Una medida interesante es la reducción al mínimo de las sujeciones forzadas en las residencias y centros psiquiátricos. “Se exigirá una valoración rigurosa de medidas sobre tratamientos coercitivos en cualquier lugar o situación, incluyendo unidades de hospitalización, servicios, centros de salud, colegios o centros residenciales de cualquier tipo”, reza el texto. “Contratamos a más personal para que esto no tenga que hacerse”, ha aclarado la diputada. La norma pretende también evitar los tratamientos farmacológicos innecesarios.

La ley asegura que se realizarán estudios epidemiológicos de salud mental separando a la población en tres grupos de edad e incorporando indicadores de seguimiento y evaluación. Aunque el texto no especifica con qué periodicidad se realizarán estos análisis, Moreno afirma que se harán como mínimo una vez al año. También se establecerá un tiempo máximo de acceso a los servicios de salud mental. Esto incluye las consultas psicoterapéuticas, un límite de atención en las primeras consultas y en las sucesivas y un mínimo de duración de las sesiones. Uno de los ejes de la ley ataca también a la crisis de los cuidados, “que suele recaer en las mujeres”, ha recordado la diputada, creando servicios complementarios que cubran la atención a personas con problemas de salud mental graves y a personas mayores con soledad no deseada.

Según los datos del Gobierno de La Rioja, un 6% de la población presenta rasgos depresivos. La región también establecerá planes específicos para abordar el suicidio. En esta comunidad se quitaron la vida tres personas al mes durante el primer semestre de 2022. Se adoptará un Código de Riesgo Suicida y el plan es hacer un abordaje integral que proporcione apoyo psicosocial a personas con ideas o con tentativas previas de autolisis y a familiares y allegados de personas que han intentado hacerlo o se han quitado la vida.

La ley también pretende aumentar la formación en salud mental tanto de la población como de los profesionales y fomentar la investigación de estas dolencias en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (Cibir). El objetivo es profundizar más en la información que se tiene de las drogas que pueden agravar las enfermedades mentales.

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