El Obispado de Ourense aparta cautelarmente a un sacerdote investigado por agresión sexual

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Obispado de Ourense ha decidido este lunes apartar cautelarmente de las parroquias que tenía encomendadas y de otros oficios y tareas que realizaba a un párroco investigado por la presunta comisión de agresiones sexuales a dos sobrinas suyas. El caso fue desvelado por una de las víctimas en EL PAÍS hace ahora un año.

La diócesis ha emitido un breve comunicado esta tarde en el que indica que, de acuerdo con los protocolos vigentes de la Santa Sede y la Confederación Episcopal Española (CEE), se adopta tal decisión, al estar el presbítero “incurso” en esas diligencias judiciales.

María, que ahora tiene 31 años, contó en abril de 2022 en EL PAÍS que su tío empezó a abusar sexual y psicológicamente de ella en 1994. Un suplicio que vivió durante toda su infancia y adolescencia, hasta que cumplió la mayoría de edad en 2009. A los abusos que María sufrió a lo largo de una década y media se suma una larga odisea, primero para conseguir verbalizar lo ocurrido y luego para denunciarlo ante la policía.

María dio el primer paso en 2009. En una sesión de terapia, estalló “como un volcán” y compartió por primera vez ese trauma que llevaba toda una vida conteniendo. La víctima relató experiencias “de tipo sádico-perverso, a modo de juego sexualizado verbal y simbólico”, y “otras para la imposición del secreto y del silencio, a través de una infinidad de estrategias de inducción del terror”, detalla un informe psiquiátrico de dicha sesión al que este diario ha tenido acceso. “Aunque el relato resultaba confuso y desorganizado, se percibía perfectamente la dinámica a la que había estado sometida”, concluye el documento.

Pasaron 10 años hasta que en 2019 encontró la fuerza para presentar una denuncia. Lo hizo el 26 de noviembre. Tres días después, un juez emitió una orden de alejamiento contra el acusado a espera de juicio, pero su tío hizo caso omiso. “Tuve que pedirle a mi papá que pusiera una cortina en una de las ventanas del sitio donde trabajo para que él no me viera desde el bar de al lado, donde siempre estaba”, recalca María. Por otro lado, el juez también solicitó un estudio sobre la salud mental de la víctima y las posibles secuelas derivadas de los hechos denunciados. El informe psicológico forense, hecho por el Instituto de Medicina Legal de Galicia, concluyó que María “padece un trastorno por estrés postraumático grave y cronificado” que “puede ser consecuencia de los abusos relatados”, según el documento al que este periódico ha tenido acceso.