Gobierno y comunidades aprueban un nuevo modelo de cuidados que impide construir residencias de más de 120 plazas

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado este martes el acuerdo que fija los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia en España. En definitiva, un nuevo modelo de cuidados, y también de residencias. El documento ha salido adelante por 10 votos a favor (Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla) y nueve en contra (Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, el único Gobierno socialista que ha rechazado el documento). El objetivo es cambiar la forma de atención: que los servicios se adapten a las necesidades y preferencias de las personas, y no al revés, como sucede ahora en muchas ocasiones. Las residencias deberán funcionar de forma más parecida a un hogar, a partir de ahora se prohibirá la construcción de macrocentros para mayores (el tamaño máximo se sitúa entre 75 y 120 plazas, en función de dónde se emplacen) y se elevan las exigencias de personal. Se establece un plazo de transición de aquí a final de 2029 para que cambie todo el modelo, aunque el tamaño máximo de los centros no se exigirá a las residencias ya en funcionamiento. La negociación ha sido complicada y, para recabar los apoyos suficientes, se han ido flexibilizando exigencias a medida que han ido avanzando las discusiones.

Tras el varapalo del mes pasado, cuando en un consejo territorial —que reúne al ministerio y las autonomías— el departamento que dirige Ione Belarra tuvo que retirar su propuesta tras constatar que no recabaría los apoyos suficientes, ahora se ha logrado el visto bueno. Extremadura y Asturias, ambas en manos socialistas y que entonces manifestaron su rechazo y su intención de abstenerse, respectivamente, han cambiado su posición. Autonomías que han votado en contra explican que un gran escollo es la financiación. Comunidades como Cataluña y País Vasco esgrimen motivos competenciales. Así lo ha confirmado la consejera catalana, Violant Cervera, quien ha tuiteado que se trata de una “invasión competencial”. Tanto ella como la consejera madrileña, Concepción Dancausa, han destacado que siete de cada 10 ciudadanos reside en una región que se opone a este documento (seis de ellas gobernadas por el PP). Dancausa ha consdierado que el modelo de atención es “inasumible”. Y la consejera gallega del ramo, Fabiola García, ha tildado de “inaceptable” la propuesta y ha acusado al Gobierno de “improvisación”.

Para la ministra Belarra, este es uno de los acuerdos “más importantes de la legislatura”, según ha afirmado en un vídeo difundido por redes sociales. “El modelo de residencias que atiende a personas mayores y con discapacidad en nuestro país ha mostrado todos sus límites durante la pandemia, a pesar de los enormes esfuerzos de sus trabajadores y de sus trabajadoras”, ha añadido. Ya antes de la llegada del coronavirus se hablaba en el sector de la necesidad de virar el rumbo, y es algo que ha recomendado a España la Comisión Europea, como ha reiterado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en comparecencias públicas en las últimas semanas. Muchas comunidades autónomas están avanzando con normativa propia, de hecho.

El problema, tal y como se han desarrollado las negociaciones, ha sido cómo aunar posturas tan diferentes. Puro encaje de bolillos. Las discusiones, a tres bandas, arrancaron el pasado julio, cuando las autonomías y el ministerio aprobaron los principios por los que se debía regir el nuevo modelo, como adelantó EL PAÍS. Pero además de con las comunidades, que ostentan la competencia en la materia y cuya voz, por lo tanto, es fundamental para que el texto haya visto la luz, el ministerio, que tiene la labor de coordinación, ha abordado la cuestión en la mesa de diálogo social, que reúne a la patronal y sindicatos, y con la mesa de diálogo civil, donde se sientan asociaciones y expertos del sector.

Siete de cada 10 plazas están en manos privadas

Hace un mes, tanto las patronales de la dependencia como los sindicatos manifestaron su rechazo al texto. En España, siete de cada diez plazas de residencias de mayores están en manos privadas, según el CSIC. Este martes, Ignacio Fernández, presidente de la Fed, ha afirmado que el acuerdo “es un despropósito” y que “nace muerto”. La semana pasada, esta y otras dos patronales (Aeste y Asade) volvieron a pedir una solución “viable” y apuntaron que los cambios encarecerán el coste de la plaza en residencias en un 50% (ahora cuestan, de media, unos 2.000 euros). Otra patronal, Ceaps, se mostró “más tranquila” después de que Álvarez dijera expresamente que el tamaño de los centros ya existentes no deberá adaptarse al máximo de plazas, pero pidió financiación. Por su parte, CC OO y UGT lamentaron hace un mes que no se incluyeran medidas de mejora en la calidad del empleo y tildaron de insuficientes las subidas en las exigencias de personal, entre otros puntos. Algo en lo que se ha reiterado este martes Carlos Bravo, responsable de CC OO en Políticas Públicas y Protección Social. “Aún tenemos que ver los últimos detalles del acuerdo. Incorpora mejoras en términos de calidad del servicio, pero se queda lejos de los objetivos del plan de choque en dependencia en profesionalización de los servicios y la lucha contra la precariedad en el empleo”, ha dicho.

La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias ha considerado el texto una “gran decepción”, con unos requisitos en cuanto a personal “raquíticos” que no solucionan “el problema de la falta de cuidados”, entre otras razones. Por el contrario, en las últimas semanas expertos en el sector, como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y entidades del tercer sector, como la Mesa Estatal de Personas Mayores y el Comité español de representantes de personas con discapacidad, han respaldado el documento públicamente, tras reunirse con el secretario de Estado.

Ya existe un acuerdo de acreditación en España, de 2008 y mucho más escueto. Este que se aprueba ahora afecta a las residencias, centros de día, teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio. Tanto a los servicios públicos, como concertados, y también a los cheques servicio (un dinero que se da a la persona con dependencia, que debe abonar de su bolsillo el resto del coste). El documento sienta unas bases y da nueve meses a las autonomías para adaptar su normativa a estos nuevos requisitos.

“El nuevo modelo plantea que hay que priorizar la teleasistencia y la atención domiciliaria, las personas mayores, ayer y hoy y cada vez más mañana, van a querer seguir viviendo en sus domicilios y entornos domiciliarios”, explicó el secretario de Estado la semana pasada. Una fuente autonómica apunta que uno de los grandes retos es subir las horas de atención en casa (una media de 57,3 al mes para los dependientes más graves en 2021). Cuando no sea posible la atención en el domicilio, el objetivo es que las residencias se parezcan lo más posible a un hogar, que las personas puedan llevar sus propios muebles, si lo desean. A partir de la entrada en vigor del texto, no podrán construirse centros que superen las 75 plazas en entornos rurales o escasamente poblados, las 90 en zonas de densidad intermedia y las 120 en ciudades. Una de las novedades del último documento sobre la mesa es que se permita que en áreas rurales, cuando se acrediten “circunstancias excepcionales de viabilidad económica”, se pueda llegar a las 120 plazas.

Y los centros deberán organizarse en unidades donde convivan un máximo de 15 personas. Pero se introduce una flexibilización para las residencias ya existentes respecto a lo establecido en anteriores borradores: deberán reorganizarse de esta forma el 80% de las plazas, no en su totalidad, como sí se exigirá a los centros de nueva construcción. El 20% restante deberá tener una disposición que responda a un modelo de hogar, con atención centrada en la persona para estos usuarios (es decir, no estandarizada, sino basada en sus preferencias). Este mismo martes, durante la reunión, se ha introducido un cambio en este punto, para clarificar la redacción, informan fuentes del ministerio. Otra de las novedades del nuevo documento es que introduce mejoras en los tipos de contrato, por ejemplo, que el 80% deban ser indefinidos (ahora en servicios sociales, que no solo agrupa a la dependencia, rondan el 66%, según datos del Imserso).

La financiación es, sin duda, uno de los principales escollos para apoyar el acuerdo, según fuentes autonómicas. Tanto Galicia, como Cataluña y Castilla y León lo han recalcado este martes. “Ya está bien de que el Estado invite, pero no pague”, llegó a afirmar hace semanas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page. El secretario de Estado ha repetido en los últimos días que “la financiación no puede ser una excusa”. Álvarez ha recalcado que en solo dos años el ministerio ha doblado la financiación pública en dependencia y que al final de la legislatura, la inyección al sistema, contando con fondos europeos para mejorar el modelo de cuidados, superará los 5.000 millones de euros.

Según la memoria económica que entregó el ministerio a las autonomías, a la que ha tenido acceso este diario, para aplicar la subida de personal que se exige a final de 2029 (en residencias se llega a un trabajador de atención directa contratado —que incluye desde auxiliares a fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, por ejemplo— por cada dos residentes) hacen falta unos 590 millones de euros anuales. Álvarez ha dicho en comparecencias públicas que con el nivel acordado (parte de la financiación de la dependencia, que aporta el Estado) de 2023, que está previsto que se incremente respecto al de este año (483 millones), se podrá pagar ya esa cantidad prevista para dentro de seis años, es decir, que si los sucesivos Gobiernos mantienen esas cifras podrá sufragarse sin problema. Una fuente autonómica asegura, sin embargo, “que ese dinero es insuficiente para cumplir todos los requisitos del plan de choque en dependencia: reducir las listas de espera y mejorar los servicios y las condiciones laborales del sector”. La mayoría de la financiación del sistema recae en los hombros de las comunidades.

Fuentes autonómicas contrarias al documento afirman que, si el voto es negativo en el consejo, no están obligadas a ello. Fuentes del ministerio replican, tajantes, que sí, y que quienes no lo hagan se exponen a recibir menos financiación, dado que el nivel acordado estará orientado a aplicar este cambio de modelo.