El Gobierno inicia la tramitación de la ley de equidad sanitaria para eliminar copagos y garantizar el acceso universal a la sanidad

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Con esta nueva norma, el departamento de Carolina Darias pretende afrontar tres retos del sistema sanitario: garantizar la universalidad —hoy día miles de inmigrantes y españoles que viven en el extranjero se encuentran con trabas burocráticas para tener asistencia gratuita—, eliminar el copago del transporte sanitario no urgente y el de prótesis y ortopedia (plantillas, muletas, fajas...) para las personas vulnerables, y priorizar la gestión pública directa, limitando al mínimo imprescindible las derivaciones a la privada y minimizando la diferencia de prestaciones en función de la comunidad autónoma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la aprobación de la norma en un mitin este fin de semana y se comprometió a “blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y que, por tanto, no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma”. Fuentes de Sanidad explican que la idea es unificar la cartera de servicios en todo el país para que todos los ciudadanos gocen de las mismas prestaciones, independientemente del lugar donde residan.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la norma comenzará su andadura legislativa en el Congreso, donde deberá ser enmendada y ratificada. Supone revertir una variedad de normativas, entre las que destacan algunos aspectos de la reforma sanitaria aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar, que incluyó ciertos copagos.

Tanto los socios de Gobierno del PSOE como las organizaciones activistas de la sanidad pública se muestran escépticas con el alcance que tendrá la nueva ley. La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha dudado de que el proyecto evite la privatización de la sanidad pública. “Tenemos serias dudas de que esta ley vaya a servir realmente para evitar la privatización de la sanidad pública y el desmantelamiento que la derecha está haciendo en muchas comunidades autónomas”, ha dicho en una rueda de prensa, recoge Efe.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha respondido a estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “La ley mejora, amplía y devuelve derechos a la ciudadanía”.

Acceso universal a la sanidad

Uno de los objetivos de la ley es garantizar el acceso gratuito a la sanidad a todas las personas que residan en España, independientemente de si lo hacen de forma regular o irregular. Es algo que en teoría ya debería suceder, gracias a una norma que aprobó el primer Gobierno de Sánchez poco después de llegar al poder. Sin embargo, existe un resquicio legal que permite a las comunidades autónomas denegar este derecho a las personas que no lleven más de tres meses viviendo en España o que no puedan acreditarlo.

También amplía el derecho a personas de origen español que viven en el exterior y a sus familiares durante sus desplazamientos al país.

El funcionamiento es muy dispar según la comunidad. Hay algunas que no tienen en cuenta esta traba y otras en las que supone una demora de meses. Según fuentes conocedoras del contenido de la nueva ley, el texto eliminará esta posible ambigüedad: “Lo que hace es que obliga a la atención inmediata de todo el que lo solicite y, a posteriori, se podrá comprobar en qué situación está esa persona [si es turista y procede aplicar algún convenio, por ejemplo]. También garantiza la atención a las víctimas de trata de personas o de redes de prostitución. Dejará de ser algo interpretable por las comunidades porque estará en la ley”.

Las organizaciones que defienden la asistencia universal recelan del resultado. “Con el texto del borrador del anteproyecto de ley [que se publicó en noviembre] todavía seguían quedando los mismos resquicios que ya había. Pedimos que en el texto final y en las enmiendas parlamentarias se solucionen”, explican portavoces de Médicos del Mundo y la plataforma Yo Sí Sanidad Universal.

Fin a los copagos

La norma pondrá fin a los copagos del transporte sanitario no urgente y los productos ortoprotésicos para los colectivos más vulnerables: personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. El Gobierno calcula que beneficiará a unos seis millones de personas, para los que estos productos serán gratuitos.

Hasta ahora, había unos mínimos fijados para subvencionar las prótesis, pero la cartera variaba entre comunidades autónomas. Un ejemplo serían unas plantillas adaptadas: en función de donde se viva, el usuario puede tener o no que abonar su precio, que puede superar los 100 euros.

La idea con la nueva norma es que haya un catálogo de productos gratuitos en todas las comunidades autónomas para los colectivos más vulnerables, como sucede con los medicamentos desde 2019.

Gestión pública directa de los servicios

El Gobierno pretende dar prioridad a la asistencia sanitaria pública sobre la concertada. La derivación a la privada es sistemática en algunas comunidades autónomas, donde el paciente ni siquiera es informado de que no va a ser atendido en un centro de titularidad pública. Sanidad quiere que esto se convierta en una excepción para situaciones en las que sea absolutamente necesario.

Las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivar las externalizaciones. Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas.

La Alianza Española de la Sanidad Privada (ASPE), la patronal del sector, ha denunciado este lunes que la futura ley “convertiría a España en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su Sistema Nacional de Salud”. “Se está limitando a las comunidades en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas”, ha señalado en un comunicado el presidente de ASPE, Carlos Rus.

También se ha manifestado en contra el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que agrupa a la mayoría de empresas sanitarias: “Es urgente ya pasar página al discurso demagógico y sectario que no aporta y ver en el sector privado un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población”.

Fuentes del Gobierno defienden que lo que hará la norma es “blindar” el sistema público de salud, identificando como modelo la gestión directa.