La sanidad pública deberá reforzarse para asumir los 74.000 abortos que ahora deriva a la privada

La nueva ley del aborto que prepara el Gobierno obligará a una reestructuración del sistema sanitario. Como aseguran jefes de servicio de Ginecología y expertos en el sector, hoy por hoy, los centros públicos no están preparados para asumir —tal y como establece el nuevo texto— las más de 74.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan cada año en clínicas privadas (generalmente concertadas), ya sea por falta de recursos, de formación o de médicos dispuestos a hacerlo.

Hay una frase que obliga a esta transformación, si se mantiene el borrador que prepara el Ministerio de Igualdad y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Pone como requisito que el aborto “se lleve a cabo en centro sanitario público o, excepcionalmente, en un centro privado acreditado”. Esto cambia el paradigma actual, que establecía lo siguiente: “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma [concertados]”.

Hasta ahora, los abortos practicados en centros privados (concertados) no son la excepción, sino la regla. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2020, el 84,5% de las 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros no públicos.

Según este informe, cuatro comunidades autónomas (Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia) no notificaron ni un solo aborto en centros públicos, si bien este periódico ha constatado que hay hospitales en los que se han efectuado y que no aparecen recogidos en la estadística.

El espíritu de la nueva norma, tal y como recoge en su preámbulo, es allanar el camino a las mujeres que tienen dificultades para ejercer este derecho y acabar con esta inequidad territorial. También va en la línea de lo que explicita la Ley General de Sanidad: aunque no establece que la concertación debe ser la “excepción”, sí dice que la prestación de cualquier servicio debe ser preferentemente de titularidad pública. Y es lo que sucede para la gran mayoría de la asistencia sanitaria. El aborto es una anomalía.

“Como cualquier intervención sanitaria, tiene que estar en la red pública. Como cualquiera. Es la forma de normalizarlo”, asegura Lucía Mazarrasa, enfermera jubilada y activista por los derechos humanos.

David Larios, presidente de la Asociación de Juristas de la Salud, cree que el nuevo texto viene a insistir en esto, en dar un paso en el camino “correcto” y que es una “llamada de atención” en un campo donde se ha generalizado lo contrario. Echa en falta que recoja cuáles deben ser esas situaciones “excepcionales” en las que se pueda acudir a la concertación para que no quede “un vacío”.

Lo que tampoco queda claro es cómo se revertirá un sistema que lleva casi cuatro décadas en funcionamiento y que requeriría transformación en la manera en la que se presta este servicio. El Ministerio de Sanidad ha declinado opinar sobre el borrador. En cualquier caso, será competencia de las comunidades autónomas garantizar este derecho en centros públicos.

Una larga historia de clínicas concertadas

El germen de la situación actual viene de la legalización del aborto del año 1985. La red pública existente no fue capaz de atenderlos: se encontraba con el muro de la objeción de conciencia en muchos profesionales. Así, se tejió una red que hoy componen casi un centenar de centros en toda España.

La objeción de conciencia es un problema directo en una minoría de los casos actualmente. Generalmente, sucede en aquellos que se podrían denominar como terapéuticos: en los que una mujer quiere llevar su embarazo a término, pero se encuentra con algún problema en el camino y decide interrumpirlo (un 9% de los casos). No hay cifras oficiales, pero existen hospitales donde no se realizan este tipo de intervenciones, ya sea porque todos los médicos son objetores o porque la objeción inicial de un grupo de ellos o del jefe de servicio ha provocado que nunca se hagan. A muchos ginecólogos nunca les han preguntado, porque su servicio no los practica.

Esto provoca que haya mujeres que han visto cómo les negaban ese derecho en su propio hospital y han tenido que buscar otras vías. Uno de los retos de la nueva ley es, precisamente, garantizar que todos los hospitales tengan equipos que puedan practicar abortos para que no se repitan estas situaciones. Para ello, la ley insta a la creación de un registro de objetores de conciencia, de forma que se puedan reorganizar todos los servicios.

En los demás casos, los llamados voluntarios (el 91% restante, que suele ser un procedimiento más sencillo), las mujeres no se suelen encontrar con el problema de la objeción de conciencia, porque son derivadas directamente a circuitos en los que esto no sucede: acuden en la mayoría de las ocasiones a un centro público para poner fin a su embarazo y este les deriva, en función del lugar donde residan, a una clínica de titularidad pública o privada. No se encuentran con un rechazo. Pero a menudo no pueden elegir un centro público.

Una formación necesaria

Enriqueta Barranco, ginecóloga y profesora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, hace mucho hincapié en la distinción de estos dos tipos de abortos. “No tiene ningún sentido que los hospitales inviertan en las mejores unidades de diagnóstico, si cuando se encuentra una malformación congénita o riesgo de salud para la madre se tiene que desplazar a otra provincia para interrumpir su embarazo. Eso se tiene que acabar”, señala. Sin embargo, cree que el actual sistema sí funciona bien en la mayoría de los casos para las mujeres que quieren abortar en las primeras semanas voluntariamente. “Muchas veces buscan una privacidad y una especialización que no hay en los hospitales públicos. Podemos encontrarnos con barreras adicionales si canalizamos todo por los hospitales”, señala.

Barranco sostiene que una reforma como la que se plantea “no se puede tomar a la ligera”. “Hoy en día los profesionales que mejor dominan las técnicas están en estas clínicas privadas. Ni en las facultades ni en las residencias se forman a los médicos para hacerlas. Así que si se trasladan [los abortos] a centros públicos, antes tendría que haber una formación a cargo de fondos públicos que no se consigue de la noche a la mañana”, zanja.

Varios ginecólogos consultados discrepan con la viabilidad de asumir en los hospitales todos los abortos. Txanton Martínez-Astorquiza, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y jefe de servicio en el Hospital de Cruces de Bilbao, cree que no tiene sentido técnicamente, porque muchos procedimientos son ambulatorios. Asegura que, al menos en su comunidad autónoma, el sistema funciona: “Lo que hay que garantizar es que todas las mujeres tengan acceso a este servicio con calidad y de forma gratuita, independientemente de si es público o concertado”. Toni Payà, jefe del servicio de obstetricia y ginecología del Hospital del Mar, defendía en un reportaje en este periódico que “la capacidad del sistema es finita”: “Si tienes que hacer todas interrupciones voluntarias del embarazo, no hay espacio para nada más”.

Otros ginecólogos consultados deslizan otro problema: el aborto no es un procedimiento que guste hacer. “No aporta profesionalmente”, dice uno que prefiere permanecer en el anonimato. “Si al final todos tienen que ir por la sanidad pública y te tocan a ti todos los días porque el resto de tu servicio es objetor, igual te declaras también para poder dedicarte a otras cosas”, reflexiona.

Precisamente es la objeción de conciencia el principal obstáculo con el que se puede encontrar la nueva ley, según José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, que no cree que la barrera sea de recursos, ya que la red pública cuenta con 400 hospitales. “Que los abortos se hagan en centros públicos o privados no tiene mucha diferencia en su dimensión económica; en los centros públicos la estructura de costes es más cara, pero unas pocas intervenciones adicionales se benefician de incurrir sólo en costes marginales; en el sector privado, particularmente en las clínicas dedicadas a las IVEs [interrupciones voluntarias del embarazo], se ajustan los costes por el propio modelo de especialización”.

Repullo considera que el problema es organizativo y de gestión de personal: “Para asegurar que un centro público hará abortos, y que ninguno de sus profesionales va a activar su cláusula de objeción de conciencia, debería poder condicionar sus contratos a esta circunstancia. Y esto no no es posible, pues siempre puede exhibirse una objeción sobrevenida. Este problema tiene una solución parcial con la externalización de procesos a centros privados que están guiados por un fuerte compromiso y activismo social a favor del aborto como derecho de las mujeres”. Sin embargo, reconoce que esa solución no es tan válida para casos complejos o gestaciones avanzadas, que implican procesos quirúrgicos que se deben realizar en hospitales. “Aquí la red sanitaria pública ―más que cada hospital concreto― puede y debe asegurar una buena respuesta”, asegura.

Aborto farmacológico

Para facilitar la respuesta pública, comunidades como Cataluña y Valencia están apostando por el aborto farmacológico. Se trata de pastillas que las mujeres pueden tomar en sus casas y que se utilizan en algo menos de un tercio de los casos en España. Aunque requieren seguimiento médico, ya que hay un porcentaje de fallos de hasta un 5%, la preparación del sistema sanitario para este proceso sería mucho menor.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) argumenta que avanzar por este camino puede ser un paso atrás en el derecho de las mujeres. Su presidenta, Francisca García, explica que el aborto farmacológico tiene inconvenientes, como el sangrado abundante y el dolor. “El instrumental se practica con sedación en una hora y pico, y la mujer se va a casa con todo resuelto sin haberse casi enterado. Son dos técnicas completamente distintas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Pero es la mujer la que tiene que decidir cuál quiere”, señala. Según sus datos, el 70% se decanta por la instrumental, que es una intervención que generalmente consiste en la dilatación y aspirado del feto.

El sector defiende que en los 12 años que lleva en vigor la actual ley del aborto no se ha hecho nada por formar a los centros públicos en estas técnicas y que no puede ser un cambio de un día para otro. “Si finalmente se hace, quizás nuestras clínicas queden para mujeres que se quieran pagar un servicio de calidad”, dice García.

La enfermera Lucía Mazarrasa cree que es intolerable que en el sistema público se ofrezca mayoritariamente aborto farmacológico. “Lo que hay que garantizar es que las mujeres puedan elegir la prestación que mejor les venga, con asesoramiento y en centros públicos, como sucede con cualquier otra asistencia. Es necesario formar a los profesionales, pero no es tan complicado. Y si no hay otra forma, la red debería incorporar a estas clínicas privadas”, asegura.

Sea como fuere, el Ministerio de Igualdad está decidido a cambiar el paradigma actual. “Se va a poder abortar en la pública, es increíble que ocho de cada 10 mujeres aborten en la privada, siendo nuestro sistema de salud uno de nuestros mayores orgullos”, ha dicho este viernes en una visita oficial a Baleares Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género.