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“A quienes perdieron a familiares en residencias les diría que los empleados lo hicieron lo mejor que pudieron”

José María Pena, consejero delegado de DomusVi España, la principal empresa en el sector en el país, cree que el modelo debe cambiar y estar más centrado en la persona

Jose Maria Pena DomusVi
José María Pena, consejero delegado de DomusVi, a las puertas de una de las residencias del grupo en Madrid.Víctor Sainz
María Sosa Troya

José María Pena (Badalona, 55 años) lleva siete meses como consejero delegado de DomusVi en España, la principal empresa en el sector de las residencias de mayores en el país, tienen 145 centros con 19.500 plazas. Es una multinacional de origen francés. Pena explica que se necesitarán entre 12.000 y 15.000 nuevas plazas anuales en los próximos años y que el modelo debe cambiar. Responde sobre la gestión de la pandemia, aunque omite el número de fallecidos en sus centros.

Pregunta. La pandemia ha sido muy dura en las residencias. ¿Cómo están los centros ahora?

Respuesta. En la última ola, la sexta, toda la parte de protocolos, controles y metodología estaba mucho más establecida, lógicamente, con todo lo que hemos aprendido, y la situación de vacunación también ha sido mucho más benigna. Y ahora esperamos que haya cambios en las normas. El mensaje ahora mismo es volver a la normalidad, las residencias son por definición centros abiertos, que las familias puedan pasar.

P. Ha dicho alguna vez que el modelo de cuidados tiene que cambiar. ¿Qué falla y qué tiene que cambiar?

R. Las realidades en España son, primero, un envejecimiento de la población. No es que falle. Hay un reto demográfico que necesita nuevos modelos. La pandemia nos ha enseñado que se van a necesitar residencias menores, con unidades de convivencia más pequeñas y un modelo más centrado en la persona. Y esa evolución tiene que pasar por un modelo de colaboración público privada más claro. Y por no pensar solamente en residencias, sino en la evolución de los cuidados para servicios de dependencia. Nuestra visión es ofrecerles un continuo asistencial, desde la teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y la evolución que puedan tener. Creo que hay un gap [espacio] en lo que se llama el coliving [habitaciones con zonas comunes para personas con intereses afines], el senior housing [vivienda con servicios comunes], etcétera, que puedan ofrecer servicios, y después una última parte en las residencias, cuando ya el grado de dependencia sea mayor.

P. Al sector le cuesta conseguir profesionales. ¿Tiene que ver con las condiciones laborales, bajos salarios y cargas de trabajo?

R. En estos meses he aprendido a valorar su trabajo. Nosotros cumplimos los convenios, hemos hecho una mejora en la mayoría de los convenios este año por encima de la media.

P. ¿Deben subirse salarios y ratios de personal?

R. Creo que las ratios en el modelo futuro deben subirse. Y lógicamente, con una evolución hacia lo que tiene que ser una profesionalización mayor del sector, que los salarios vayan acompasados.

P. ¿Qué opina de los borradores del acuerdo que el Gobierno está negociando sobre los requisitos mínimos exigibles a los servicios de dependencia?

R. Pecan fundamentalmente de un punto. Cualquier decisión que se tome en cuanto a ratios, tamaños, modelos, tiene que tener adicionalmente un modelo de financiación. Esa discusión no ha existido todavía.

P. ¿Qué falló, especialmente durante la primera ola?

R. La primera ola no fueron las residencias, fue en general el país. En un momento se asume que las residencias tienen capacidad asistencial y la realidad es que no son centros hospitalarios. Y eso fue básicamente lo que ocurrió. Las residencias son casas donde viven nuestros mayores y donde el virus, por desgracia, entra, y además en una primera fase había muchísimo más desconocimiento.

P. ¿Recibieron instrucciones de las comunidades autónomas para que no se derivara a los mayores a los hospitales?

R. En cada comunidad había procedimientos diferentes que nosotros seguimos en todos los casos.

P. ¿Pero los recibieron?

R. Esto es una casa y cuando tenemos a una persona enferma, la derivamos hacia la sanidad pública. Nuestro trabajo era reportar cada caso y tomar la acción que nos decía el centro sanitario de referencia. La decisión de derivación no es nuestra.

P. ¿Les denegaban derivaciones?

R. Si la pregunta es si nosotros solicitamos derivaciones ey dijeron que no, la respuesta es sí.

P. ¿Esas órdenes deberían investigarse?

R. Se han publicado bastantes noticias sobre el tema. Yo no puedo dar la opinión de DomusVi, yo puedo dar los hechos. Si me pregunta una opinión personal, permítame que no entre, esa es una valoración. La colaboración sociosanitaria es uno de los puntos que todos nos hemos dado cuenta de que hay que mejorar.

P. ¿Se recibió la atención médica adecuada?

R. En general, esa es una pregunta compleja. Como sabe llevo siete meses aquí, con lo cual no estaba en ese momento, pero una de las cosas de las que me he preocupado es de entender qué pasó. He visitado centros y he hablado con los directores, con los responsables, con los trabajadores sociales. Fue muy duro para ellos. Nosotros no somos centros sanitarios. Trabajamos conjuntamente con el servicio sanitario. Durante la primera ola el servicio sanitario español se saturó.

José María Pena, consejero delegado de DomusVi, en uno de los centros del grupo.
José María Pena, consejero delegado de DomusVi, en uno de los centros del grupo. Víctor Sainz

P. ¿Hacen alguna autocrítica de la gestión de la pandemia?

R. Sí, creo que hay ciertas partes que hemos mejorado. Ahora tenemos mucho más clara la coordinación entre centros. Y otra cosa, por ejemplo, son equipos móviles en caso de que tengamos algún problema, que podemos mandarlos a cualquier punto de España. Lo estamos creando. La pandemia atacó a los mayores, pero también a nuestros empleados.

P. ¿Qué le diría a quienes perdieron a familiares?

R. Lo primero es lamentar profundamente las pérdidas. Y darles el mensaje, por toda la experiencia que yo he visto aquí, de que los empleados lo hicieron lo mejor que pudieron en ese momento para gestionarlo.

P. En la memoria de la compañía de 2020 no se habla de cuántos brotes tuvieron, cuántas personas fallecieron o cuántas residencias fueron intervenidas. ¿Dispone de esos datos?

R. Es un dato confidencial. Que sí que se han transmitido a la Administración pública correspondiente, la comunidad autónoma. Pero no son datos que podamos dar de manera pública. O sea, lo que sí hemos hecho siempre es la comunicación con las familias. Que en los últimos brotes ha mejorado mucho. Hemos lanzado un proyecto para crear juntas de familias en los centros, hacer que participen más en el día a día, que tengan más información.

P. Consejos de representación.

R. Sí. Y hemos hecho estudios de opinión de qué es lo que la sociedad piensa de las residencias. La valoración de los no familiares es muchísimo más baja que de los familiares. El conocimiento genera confianza. Nosotros hacemos muchas encuestas de calidad. La nota media es de más de un ocho.

P. Muchos familiares se quejan de que llamaban y no cogían el teléfono.

R. Yo creo que las primeras fases de la pandemia fueron muy complicadas. Se puede imaginar la situación en una residencia… falta de protocolos claros, comunicación complicada con la sanidad y muchos empleados de baja. Muchos empleados hicieron un esfuerzo muy importante para comunicarse con las familias lo más rápido posible. Dentro de eso seguro que hubo problemas.

P. Amnistía Internacional lanzó un informe en el que dice que en las residencias de Madrid y Cataluña, en general, se vulneraron cinco derechos humanos. ¿A qué cree que se debe esto?

R. He leído parte del informe. No le puedo hablar en general del sector, pero creo que en DomusVi tenemos los protocolos, las auditorías, para asegurarnos de que este tipo de situaciones no se dan. Hemos abierto además, hace poco tiempo, un canal de denuncias interno, tanto para empleados como para residentes como para personas externas, que puede usarse de forma anónima.

P. ¿Cuántas denuncias han recibido por ese canal?

R. Lo hemos puesto hace tres meses. Creo que son como 10 u 11 denuncias.

P. ¿Cuántos procesos judiciales han afrontado y cuántos siguen en marcha?

R. Todas las denuncias contra DomusVi con carácter penal por ahora no han seguido, sí tenemos ahora mismo ciertos procesos con carácter civil. Y bueno, es una noticia de esta semana [cuando se hizo la entrevista], en una residencia que gestionamos en Premià de Mar ha habido un nuevo caso, a través de la Fiscalía, contra los empleados en ese momento, el director y la doctora del centro. Lo acabamos de recibir, lo estamos evaluando.

P. El escrito de la Fiscalía es muy duro, habla de una situación de caos, de desatención, y la denuncia es por homicidio por imprudencia grave, lesiones, trato degradante.

R. Sobre la denuncia en particular, la recibimos hace dos días, todavía no hemos tenido tiempo de verla con toda la información. Se está hablando de un periodo de tiempo que creo que fue en marzo-abril de 2020 y no puedo comentar porque no tengo información específica sobre lo que ocurrió en ese centro. Nosotros ya no lo gestionamos. Fue intervenido en abril de 2020 por la Consejería de Cataluña y dejamos de operarlo creo que en septiembre-octubre de 2020.

P. ¿Fue decisión de DomusVi o de la Generalitat?

R. Por una decisión conjunta.

P. En la Generalitat valenciana se habló de retirar la concesión del centro de Alcoi y en la Comunidad de Madrid, antes de la pandemia, de revocar la de Usera, algo que finalmente no se hizo y otra empresa ha ganado esta última concesión. ¿Estos casos a qué se deben?

R. En el caso de Usera no nos presentamos a la renovación. Estaremos en el centro hasta el 22 de mayo. En el caso de Alcoi sí hubo declaraciones por parte de la Generalitat de que querían que dejáramos la concesión, que es por 30 años. Nunca hubo un procedimiento real sobre eso y ahora mismo no tenemos ninguna información. Es uno de los centros que mantenemos en gestión.

P. Ha habido polémica con determinados centros de DomusVi. Recordemos la residencia Jardines de Llíria, el procedimiento penal se archivó, pero los vídeos [que mostraban a residentes atados a sillas, aparentemente desatendidos y a una señora desnuda] están ahí.

R. Hubo un caso judicial y se archivó. Me he leído la auditoría que hicimos del centro, en la que hubo personas externas, y la conclusión es que no había habido mala práctica. Además, es importante que la mayoría del equipo se mantiene, en otros casos sí ha habido cambios. Y ese es un caso complejo porque genera mucho ruido mediático. Los vídeos los he visto, son duros, pero hubo un juez que dijo que no había responsabilidad y hubo una auditoría que lo demuestra. Cualquier vídeo que puedas sacar fuera de contexto sin explicación es complejo, y más en un entorno tan complicado como ciertos perfiles que tenemos en las residencias.

P. Infolibre publicó que parte de los beneficios de DomusVi acaban en un paraíso fiscal.

R. DomusVi España es una compañía, que la cabeza es GeriaVi, con sede en Vigo, donde pagamos todos los impuestos en España, desde siempre. La propiedad de DomusVi Grupo son básicamente dos fondos de inversión. Uno es ICG, que es un fondo inglés que está cotizado en bolsa, con lo cual se puede buscar toda la información que se quiera sobre ellos, y aproximadamente el otro 50% está gestionado por el fundador de DomusVi, que es francés y se llama Yves Journel, y por varias entidades y algunos bancos importantes franceses. Tenemos accionistas de primera línea. Todas nuestras cuentas son públicas. Yo le puedo decir quiénes son los dueños. Es decir, si usted llega hacia el último, hacia dónde van, esa información yo no la tengo. Yo puedo decir cuál es el grupo, y la información es pública.

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Sobre la firma

María Sosa Troya
Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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