El escándalo de la pederastia abre grietas en la cúpula del poder de la Iglesia

¿Quién manda en la Conferencia Episcopal? ¿Por qué los obispos no asumen los deseos del papa Francisco y aceptan abrir una investigación independiente sobre los abusos perpetrados por eclesiásticos? ¿Las diferencias de criterio son tan profundas que el órgano que coordina a la jerarquía del catolicismo tiene las manos atadas? Hay respuestas para todos los gustos, pero se impone la principal: la Conferencia Episcopal Española (CEE) no es un órgano ejecutivo. Pero sí tiene funciones de coordinación. Aprueba en asamblea documentos, instrucciones pastorales o notas, pero los obispos las ejecutan, o no, con gran libertad.

Este jueves se reúne la comisión ejecutiva de la CEE, con la misión de organizar la reunión de su comisión permanente (8 y 9 de marzo), que a su vez fijará el orden del día de la asamblea general (conocida como Asamblea de Primavera; hay otra en otoño), prevista para la semana del 25 al 29 de abril. Forman la ejecutiva nueve prelados, entre ellos el presidente Juan José Omella y el vicepresidente Carlos Osoro, que no asistirá porque está en Roma con el Papa. Se reúnen sin orden del día, pero se da por sentado que abordarán el tema de los abusos sexuales, donde aflorarán grandes diferencias entre ellos. Todos los presentes están también en la Comisión Permanente, además de otros 18 prelados, incluidos el resto de cardenales en activo y todos los arzobispos.

En realidad, las conferencias episcopales, 113 en todo el mundo, son una creación del Concilio Vaticano II, a finales de 1965, con poderes escasos, decrecientes incluso. Se constata en la última reforma del Código de Derecho Canónico, hecha en 1983 por Juan Pablo II. Dice el canon 455: “La Conferencia Episcopal puede dar decretos generales tan solo en los casos en que así lo prescriba el derecho común o cuando así lo establezca un mandato especial de la Sede Apostólica [el Vaticano]. En los casos en los que ni el derecho universal ni un mandato peculiar de la Santa Sede haya concedido a la Conferencia Episcopal la potestad de emitir decretos, permanece íntegra la competencia de cada obispo diocesano y ni la Conferencia ni su presidente pueden actuar en nombre de todos los obispos a no ser que todos y cada uno hubieran dado su propio consentimiento”.

Los obispos ejercen como pontífices en sus diócesis, con la misma parafernalia e iguales ceremonias que el Pontífice romano. Ni siquiera el Papa manda sobre ellos, aunque sí tiene, desde hace siglos, el poder de nombrarlos. Esto tiene matices en España: durante la dictadura, era Franco quien seleccionaba una terna de candidatos, que obligaba al Papa; desde 1979, el Gobierno tiene derecho de inspección de los candidatos, aunque sin poder para vetarlo, y el Rey mantiene la prerrogativa de elegir al vicario general castrense.

Hoy son mayoría los obispos que parecen maldecir la anunciada investigación pública de los abusos sexuales perpetrados por eclesiásticos. Sin embargo, existen sensibilidades y posiciones muy enfrentadas, como en el resto de las actividades pastorales o políticas.

Cada vez son más las voces con peso de la Iglesia católica española que se manifiestan a favor del escrutinio público de la pederastia, aquellos que, en línea con el mandato del papa Francisco (orden de “tolerancia cero”), querrían dejar atrás un problema que bloquea o entorpece cualquier otra iniciativa evangélica.

“Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Los casos del pasado son casos del presente”, expresó este lunes en un vídeo la archidiócesis de Madrid, uno de los obispados más importantes y dirigido por el cardenal Osoro. Esta posición contrasta con la de la CEE. El portavoz y secretario general de la institución, Luis Argüello, dijo que en una comisión en el Congreso “van a influir más cuestiones políticas” que “el interés real de las víctimas”. “Una comisión del Congreso de los Diputados no es el ámbito adecuado para realizar una investigación de este tipo”, opinó.

En una línea parecida a la de Osoro se han expresado otros prelados, como el de Burgos o el de Zamora, a favor de la creación de comisiones parlamentarias o independientes que indaguen sobre lo sucedido. El obispo de Canarias cree que “hay que investigar” todos los casos de pederastia y se debe “ayudar y reparar a las víctimas”. “La propuesta de una comisión parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia, bien realizada directamente en el Congreso o bien a través del Defensor del Pueblo, por parte de la Iglesia tengo que decirle que es bien recibida”, dijo la semana pasada el arzobispo de Santiago de Compostela.

La idea de que nada se parece más a un obispo que otro obispo no sirve para España, por mucho que los papas se esfuercen en unificar criterios para seleccionarlos. Sus embajadores en cada país, que tienen el nombre de nuncios apostólicos, prácticamente no tienen otra función que rastrear entre los sacerdotes en busca de los perfiles exigidos desde Roma. Con frecuencia, muchas diócesis no tienen obispo (en España, cinco a finales del año pasado) como consecuencia de esas dificultades.

Sí se parecen, en general, en su avanzada edad. La Conferencia Episcopal Española suma ahora 112 prelados, de los que 34 son eméritos y superan, la mayoría, los 80 años de edad (2 cardenales, 9 arzobispos, 21 obispos diocesanos y 2 prelados auxiliares). Entre los que siguen activos, solo dos con menos de 50, hay un dato que subraya el estado general del catolicismo: los jerarcas principales han superado los 75 años. Es la edad señalada para jubilarse según el Código de Derecho Canónico. El presidente de la CEE, Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona, cumple 76 en abril; el vicepresidente Carlos Osoro, también cardenal arzobispo, en su caso de Madrid, tendrá 77 el próximo mayo.

Osoro presentó su renuncia al Papa hace dos años; Omella lo hizo en 2021. Se da por seguro que seguirán en el cargo dos o tres años más. Son los hombres de Francisco en España, especialmente el arzobispo de Madrid, en el puesto desde 2014. Su ascenso desde la sede de Valencia (antes fue obispo de Ourense y arzobispo de Oviedo) parecía señalarlo como el sucesor del cardenal Antonio María Rouco al frente del episcopado. Su derrota en las votaciones reflejó por primera vez el rechazo de una mayoría de los obispos al estilo y al programa de reformas del Pontífice argentino.

La gerontocracia entre los obispos es reflejo del poder en el Vaticano. El actual Papa, el argentino Francisco, reina con 85 años; el alemán Benedicto XVI se retiró cumplidos los 85 (tiene ya 94) y el polaco Juan Pablo II murió en el cargo también con 85.

El problema en España es que esa gerontocracia se extiende al resto del poder y los servicios eclesiales. La media de edad de los sacerdotes se acerca a los 66 años (65,6). Suman 16.960, muy insuficientes para atender a las actuales 22.993 parroquias. En muchas de ellas no se oficia una misa en domingo desde hace décadas. Aún peor es el panorama de los monjes y frailes, con cientos de conventos que se van vaciando. Según la CEE, siguen abiertos 751 monasterios y hay 4.641 congregaciones religiosas con 66.000 miembros, la mayoría monjas. Hace 40 años eran el doble.