La Fiscalía investiga denuncias de agresiones sexuales y prostitución en un centro de menores migrantes de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha denunciado ante la policía autonómica y la Fiscalía de Menores los posibles delitos de abusos sexuales y de prostitución en un alojamiento turístico de Mogán (en el sur de Gran Canaria) utilizado como centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados. La Fiscalía de Menores ha decidido así incoar diligencias de investigación para determinar la posible comisión de varios delitos sexuales tras tomar declaración al director de este centro, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

Una denuncia anónima, remitida a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Mogán y elaborada supuestamente por trabajadores de un centro de menores no acompañados de la localidad, afirma que en esas instalaciones hay chicos mayores de edad —algo que todas las autoridades involucradas deberían impedir— y que agreden sexualmente a otros. Sostiene, además, que varios de los ingresados —”al menos tres”— se han prostituido tanto con otros residentes del lugar (un complejo de apartamentos reconvertido en centro de acogida) como con personas de fuera, y que la dirección tiene constancia de ello. Las acusaciones implican también a otros trabajadores del complejo, a los que se atribuyen “agresiones físicas y maltrato continuado” a los residentes. Además, se afirma que estos episodios “negligentes” son “permitidos y fomentados” por la dirección del centro, tanto la pasada como la actual.

La carta asegura que la dirección del centro conoce la situación desde hace semanas sin que sus responsables “hayan hecho nada por impedirla”. El centro se ubica en el complejo de apartamentos Porto Bello, en la localidad turística de Puerto Rico. La tutela de estas personas, al igual que sucede con el resto de los aproximadamente 2.700 menores migrantes no acompañados en las islas, corresponde a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha explicado este martes que su departamento recibió el pasado 31 de mayo un correo electrónico anónimo y que, pese a no haber remitente, se abrió una investigación interna “en colaboración con la entidad que presta servicio” y la policía autonómica canaria, debido “a la gravedad de los hechos”. “La consejería va a actuar con contundencia”, ha aseverado en declaraciones a los medios.

La fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha asegurado a EL PAÍS que el organismo ha observado la evolución de este complejo desde que en febrero se produjesen en su interior altercados que provocaron el destrozo de varias zonas y que había instado de manera verbal a la Dirección General del Menor del Gobierno canario el desalojo de las instalaciones. La Guardia Civil ha explicado que está “comprobando” de oficio la veracidad del informe y que ningún trabajador ha denunciado los hechos hasta el momento. Sánchez ha citado este martes al director del centro para conocer su versión de los hechos. Según Santana, la dirección del centro ha explicado a la Dirección General del Menor que “en ningún momento” ha tenido conocimiento de esos hechos, ni por parte de trabajadores “ni por ninguna otra vía”, lo que contradice el contenido de la denuncia.

La consejera, además, explicó en declaraciones a los medios que su departamento lleva “muchos meses” asegurando que el uso de complejos turísticos para albergar menores no acompañados “no es idóneo” y que el cierre de estas instalaciones “constituye una prioridad”. Actualmente, según sus datos, Porto Bello aloja a 121 personas, frente a las 170 que llegó a albergar a principios de año, y este martes serán trasladados 43 menores a otros recursos.

Un menor fugado

Según consta en el escrito hecho público, una de las auxiliares contó al equipo educativo a principios de marzo que varios menores le habían informado de “repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro”. Estos dos “usuarios” habían sido reportados como mayores de edad y, sin embargo, permanecían en las instalaciones. En este momento, uno de los menores agredido se encuentra fugado. Las razones, según sus compañeros, era “para evitar esas agresiones y el bullying [acoso] que sufría por parte de algunos de los menores del centro que ridiculizaban su situación”.

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Tras llevar a cabo varias pesquisas, el equipo educativo solicitó a la dirección reforzar los turnos de noche para evitar dichas situaciones y presentar la correspondiente denuncia. En su escrito, los empleados sostienen que los gestores les comunicaron en ese momento “que se harían cargo de todo ello”. “La realidad”, afirman, “es que a día de hoy no se ha interpuesto la correspondiente denuncia, no se han reforzado los turnos de la noche, el menor continúa fugado y a pesar de que la dirección tiene información de su paradero, no han hecho nada para intentar ayudarle”.

En febrero, diversas estancias del complejo quedaron gravemente dañadas a raíz de “un motín” de algunos de los menores. Tras los sucesos, el centro tardó semanas en recuperar la normalidad dado que, aseguran los denunciantes, el “director en aquel entonces ordenó al único trabajador de mantenimiento que había, pintar y acondicionar su nuevo despacho”. En todo caso, el supuesto personal educativo sostiene en el informe que los menores “han estado durante todos estos meses viviendo en pésimas condiciones”.

Tensión por los menores

La atención de los menores constituye uno de los puntos de fricción entre el Gobierno canario y el central. El repunte de llegadas desde 2019 obligó al Ejecutivo a desplegar a toda prisa más de 20 centros de acogida, gestionados por organizaciones privadas. La consejera de Asuntos Sociales, Noemí Santana, ha asegurado en repetidas ocasiones que el archipiélago está “desbordado”. En diciembre, Madrid aprobó una ayuda de 10 millones de euros para cubrir parte de los costes, que Canarias cifra en 18 millones.

El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recriminó a mediados de mes a la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que “no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone la acogida”.

El Ayuntamiento de Mogán se ha mostrado radicalmente en contra del uso de hoteles para albergar migrantes. La alcaldesa, Onalia Bueno, amenazó a finales del pasado año con abrir expedientes sancionadores contra aquellas instalaciones que funcionasen como recursos humanitarios en 2021, e incluso llegó a levantar un acta de denuncia a dos apartamentos. El Gobierno canario, sin embargo, blindó mediante decreto el uso de recursos turísticos para alojar a menores.