“Mi padre está enterrado con el asesino. ¡Es un insulto!”

Manuel Lapeña nunca fue a escuchar las misas de Bienvenido, el cura de Villaroya de la Sierra (Zaragoza). Cuando la Comisión de Incautaciones le citó a declarar en diciembre de 1937, el sacerdote dijo: “Manuel Lapeña era veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que ha ocurrido al pueblo, pues supo engañar a la juventud arrastrándola por estos derroteros tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre funestísimo por todos los conceptos, que fue fusilado”. Purificación, nieta de Manuel, enseña el documento de esa declaración que ha leído mil veces. “Hubo curas que salvaron, y por desgracia, hubo curas que se dedicaron a hacer listas de rojos”.

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Lapeña no tuvo juicio, ni sentencia. Los falangistas le pegaron un tiro en julio de 1936 y lo arrojaron a una fosa. Pero un año después, el bando franquista abrió un expediente al muerto para imponer a su familia una multa de 1.000 pesetas y embargar sus bienes: un huerto. un corral. Tenía 44 años y cuatro hijos cuando lo mataron. El único que aún vive, Manuel, que hoy cumple 92, batalla ahora para recuperar los restos de su padre.

Un juez de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado, cree que “existe alta probabilidad” de que esté en el Valle de los Caídos porque las fosas de Manuel Lapeña y su hermano Ramiro, también fusilado, pudieron ser dos de aquellas en las que el Régimen robó cuerpos en 1959 para alimentar las criptas del mausoleo  franquista. El pasado 30 de marzo ordenó dar “digna sepultura” a ambos fusilados. Es decir, exhumarlos. Ninguna de las partes personadas en la causa recurrió su decisión en plazo. Pero Patrimonio Nacional aduce que la orden “no es firme”. El abogado Eduardo Ranz llevará el asunto al Tribunal Supremo si no se ejecuta. Mientras, Manuel espera. Así relata la trágica historia de su familia.

“Salí a esperarlo a la puerta de casa, pero nunca volvió”. Manuel tenía entonces 12 años. Un vecino vio la bicicleta de su padre abandonada en mitad de un camino. Otro comentó por el pueblo: “Ha caído Manuel Lapeña...”. Pudo huir, pero no quiso. “La última vez que hablamos me dijo: ‘Tú no te preocupes que a mí no me van a hacer nada porque yo no he hecho nada’. Era un buenazo”.

Su madre había muerto antes del inicio de la Guerra Civil en el parto de su quinta hija, que tampoco sobrevivió. Así que aquel verano de 1936, Carlos, de 14 años, Manuel y Elisa, de 12, y Amelio, de 10, quedaron huérfanos. “Poco después vinieron tres camiones a casa de mi abuela preguntando por mi tío Ramiro. Estuvo como un perro escondido en el monte... Le dijeron que no le pasaría nada y fue tan tonto que se entregó”. Le mataron en octubre, tres meses después que a su hermano.Tenía 39 años, estaba casado y era padre de dos hijos.

La tragedia dispersó a la familia. Manuel, su hermano Carlos y su hermana Elisa, fueron enviados con unos tíos a Zaragoza. Solo Amelio, el más pequeño, permaneció en el pueblo. Falleció porque durante una pelea que había empezado por ser “hijo de rojo” se golpeó la cabeza, relata Purificación. Tenía 14 años.

La familia ha dedicado años a rastrear el paradero de Manuel y Ramiro y ahora batalla para sacarlos del  Valle de los Caídos. “Mi padre está enterrado junto al asesino, al mayor criminal. ¡Es un insulto!”, se indigna Manuel. “Quiero enterrarlo como es debido, junto a mi madre, en su pueblo”.

No es la única familia. Ellos, como Fausto Canales, que también tiene a su padre y a su tío enterrados en el mausoleo, llevaron su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito. Las siete denuncias planteadas por la vía penal fueron archivadas por prescripción, por la ley de amnistía o porque no se podía perseguir al culpable. En noviembre de 2014, el abogado Eduardo Ranz, que ayuda desinteresadamente a familiares de represaliados, decidió intentarlo por la vía civil recurriendo a la “perpetua memoria”, un procedimiento de jurisdicción voluntaria utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias que el Tribunal Supremo “rescató del cajón” en un auto de 2012 en el que cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero señalaba la civil. 

El año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la ley de enjuiciamiento civil, de 1881, a los que Ranz había recurrido para solicitar la exhumación. No afectó al procedimiento porque se había presentado antes del cambio legal y el juez José Manuel Delgado ordenó que se llevara a cabo, pero complica que otras familias en situaciones similares puedan usarlo como precedente.

Una montaña de huesos

Pero existe otra dificultad, la técnica. Andrés Bedate, el forense enviado por el Gobierno socialista para examinar el estado de los restos enterrados en el Valle de los Caídos, emitió en febrero de 2011 un informe descorazonador. Filtraciones de agua habían destruido muchas de las cajas de madera y convertido el interior de algunas de las capillas y criptas en una “montaña de huesos”.

El mausoleo alberga los restos de 33.833 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), distribuidas en siete capillas y criptas. En la capilla Virgen de África y en la del Carmen los restos estaban en buen estado. En la de la Inmaculada, la de la Virgen de Loreto y la cripta del santísimo estaban “fracturados y aplastados”; La familia Lapeña cree que Manuel y Ramiro, como todos los cuerpos procedentes de fosas de Calatayud (hasta 81) fueron inhumados en un lugar que no fue examinado, el piso tercero de la cripta del sepulcro.

Bedate anotó en su informe que no había visto su contenido “por imposibilidad técnica de acceso”. Miguel Angel Capapé, el marido de Purificación y presidente de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (ARICO), acompañó a un grupo de familiares a ver el interior de las criptas en 2011. “Había muchos huesos amontonados. En uno de los niveles se veía la tapa de una caja de madera, con un nombre individual y otra con el nombre del pueblo de donde procedían los restos. Pero el piso tercero, donde creemos que están Manuel y Ramiro no lo vimos”. 

La opinión del forense Etxeberria 

El forense Francisco Etxeberria ha abierto cerca de 200 fosas comunes del franquismo, algunas en lugares complicados como minas, pozos, cavernas... Ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, del expresidente chileno Salvador Allende o del poeta Pablo Neruda, pero exhumar en el Valle de los Caídos, asegura, sería su mayor reto profesional: “No hay ningún sitio igual en el mundo”. La familia Lapeña ha solicitado a Patrimonio Nacional que sea él quien asuma los trabajos.

Etxeberria conoce las fotos de “montañas de huesos” del informe del forense Andrés Bedate. “Es mucho más difícil esto que buscar una fosa común en un monte, pero es pertinente intentarlo. La familia tiene derecho”. 

Si los restos están en el piso tercero de la cripta del sepulcro podrían haberse salvado de las filtraciones de agua, pero “es imposible saberlo hasta que no se abra”. La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos amenaza con querellas si se ejecuta la orden del juez de San Lorenzo del Escorial. El forense niega que la exhumación pueda suponer una "profanación de tumbas". "Somos profesionales cualificados, médicos. Hemos abierto fosas comunes en cementerios, junto a restos recientes, y siempre con el máximo respeto. De hecho, se podría aprovechar para dignificar los restos de las víctimas del bando franquista que ahora están amontonados y sustituir las cajas de madera por otras de materiales más resistentes”. El juez ya desestimó la petición de una mujer de Jaén para personarse en la causa porque su padre también está enterrado en el Valle. El tribunal estableció que los restos estaban muy lejos de los columbarios donde se cree que fueron inhumados Manuel y Ramiro Lapeña.

Exteberria opina que en España hay “un equipo de profesionales” capacitado para intentarlo, pero “sin crear falsas expectativas”. Todo depende del estado de la caja de Calatayud, si se encontrara. Y también de la “proporcionalidad”. De si, para identificar a dos personas hubiera que extraer ADN de decenas de restos, por ejemplo. Y del coste. El juez de El Escorial indica en su auto que la familia tendría que correr con los gastos. 

La tarea es muy complicada, y ese fue uno de los motivos por el que la Comisión de Expertos designada en 2011 por el Gobierno de Zapatero para evaluar el futuro del Valle de los Caídos propuso sacar los restos de Franco del mausoleo. Era la forma más fácil de cambiar de significado al monumento y aliviar a los familiares cuyos seres queridos habían sido inhumados junto al dictador sin su consentimiento.

Manuel no ha pisado nunca el Valle de los Caídos y solo tiene intención de ir una vez: para ver cómo rescatan los restos de su padre y de su tío. Sabe que no es fácil, pero tiene una familia detrás que le apoya y no se rinde.