Activista nicaragüense que trabaja en la clandestinidad: “Tenés que ser como un espía para poder seguir informando desde Nicaragua”

“En Nicaragua tenés que tener cuidado con quién te está escuchando, si alguien te está grabando, porque una palabra puede llevarte a la cárcel”. Rosa prefiere ocultar su verdadero nombre y pedirá no detallar ni en qué fecha ni en qué lugar se realiza la entrevista —la data de este texto solo indica dónde fue escrito—, bajo la promesa de publicarla cuando sea más útil. Ha salido de su país para reunirse con otros defensores de derechos humanos, con el pretexto de “hacer un poco de turismo”. Pero regresará para seguir narrando, de forma clandestina, lo que sucede en el Estado que gobierna con puño de hierro Daniel Ortega. También para ser la voz de quienes “prefieren no opinar en alto, porque saben que si lo hacen están poniendo su libertad en riesgo”. “Si descubren por qué he salido, no me dejan entrar; es el exilio o la cárcel”, relata.

La expatriación de 222 presos políticos, a los que Daniel Ortega acaba de poner en libertad para desterrarlos inmediatamente después a Estados Unidos, es la prueba de que el temor de Rosa no es solo un miedo, sino una amenaza real. “Hay más de 50 académicos, religiosos o periodistas que han participado en eventos internacionales y a los que se les ha prohibido después entrar en el país”, cuenta. Por eso esta mujer, miembro de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, una entidad constituida tras las protestas de 2018 contra el régimen de Ortega, sabe que la discreción es una de sus mejores defensas. “Tenés que ser como un agente espía para poder seguir informando desde Nicaragua”, sentencia.

Si descubren por qué he salido, no me dejan entrar; es el exilio o la cárcel

Rosa se ha construido lo que llama “un perfil bajo” para poder continuar con su activismo en una organización que lucha por conservar en Nicaragua un ápice de libertad de prensa y expresión. En su vida pública, trabaja en temas relacionados con la publicidad y mantiene vivas sus redes sociales con “publicaciones intrascendentes”. “Eliminar tus redes por completo también te pone en el punto de mira”, advierte. Pero cuando se embarca en la tarea de proteger a periodistas en riesgo, apoyar a los informadores en el exilio o documentar las agresiones perpetradas por las fuerzas estatales o paramilitares para denunciarlas en foros internacionales habla “en voz bajita”, cierra “las ventanas de su casa”, usa VPN (una herramienta para proteger la conexión en Internet) y otras tecnologías informáticas que no detallará para no dar más pistas. “Cuando trabajamos en nuestra red, muchas veces no sabemos quién está al otro lado de la línea”, cuenta.

Desconocer la identidad de quienes como ella luchan por la democracia es casi la norma básica. “Si registran tu casa, pueden descubrir con quién estás contactando”, explica. Y la redada terminaría con muchos más activistas en la cárcel.

Solo en 2022, al menos 3.137 organizaciones fueron ilegalizadas en Nicaragua, según el seguimiento realizado por Rosa y sus compañeros. “Estas ilegalizaciones no solo han implicado un cierre formal, sino también robos y saqueos e incluso violaciones”, lamenta la activista. Quiere detenerse en un caso que ha conocido de primera mano: “Unas compañeras fueron agredidas sexualmente en medio de estas intervenciones por hombres de fuerzas paramilitares; todos saben que son del Estado, porque actúan con total impunidad”. Según Rosa, “hay casos como este en el que el Estado debió actuar de oficio y buscar a los responsables, pero no lo hizo”. Las mujeres no denunciaron, porque “si vas a la policía a pedir ayuda, es probable que el perjudicado seas vos”.

Pero lo “paranoico” de la represión es que “Ortega ha atacado hasta la microexpresión organizada, como asociaciones de vecinos o grupos que se encargaban de la limpieza de las calles”. Rosa tiene una explicación: “Saben que la gente organizada puede tener sus propias ideas y puede impulsar proyectos propios, mientras que lo que quiere el régimen sandinista es el pensamiento único del partido, que es el de la familia de Ortega y [la vicepresidenta Rosario] Murillo”. La paranoia es tal que se ordenan “patrullas policiales para vigilar incluso las fiestas de 15 años que se celebran en la calle, por si se convierten en una protesta”. Las protestas fueron prohibidas en el país en 2018.

Ortega ha atacado hasta la microexpresión organizada, como asociaciones de vecinos

El próximo objetivo de Ortega, asegura, es Internet. “Quieren intervenir estatalmente a las compañías telefónicas y controlar la conectividad a internet, porque saben que la autoorganización de la gente se realiza a través de las redes sociales”.

—¿Tienes miedo de que te descubran?

—Sí, pero estoy dispuesta a continuar hasta que me cachen. La dictadura de Somoza duró más de 40 años. Pero se fue y cayó. Ortega lo sabe y, por eso, tiene miedo.

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