El despropósito de Trebujena

El nombre de la localidad gaditana de Trebujena ha llegado a casi todos los rincones de España como emblema tanto de la rebatiña política que inunda la campaña electoral del 28 de mayo como de la insensibilidad climática que determinados sectores empresariales y políticos mantienen hacia zonas con carestía de agua. Doñana es evidentemente una de ellas. Sin embargo, el mismo día en el que llegaba la luz verde para la incomprensible regularización de los regadíos ilegales en la zona del acuífero, el 12 de abril, la Junta de Andalucía aprobaba también una declaración ambiental estratégica favorable a un macroproyecto turístico en Trebujena. Se trata de una urbanización que prevé la construcción de 300 villas de lujo, un hotel y un campo de golf en más de 2.000 hectáreas de antiguas marismas cercanas a Doñana e incluidas, para mayor estupor, en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Ese ha sido el argumento que ha aducido la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno de España, para vetar el proyecto impulsado por una empresa belga —hoy Costa Guadalquivir, S. L.—, sucesivamente readaptado desde 2003 para salvar los sucesivos cambios legislativos. El informe desfavorable sobre la modificación del Plan General de Ordenamiento Urbanístico argumenta no solo que “no está acreditada la disponibilidad de recursos hídricos necesarios” para abastecer el complejo, sino que está proyectado en una superficie “afectada por la Zona Inundable del Guadalquivir”.

Los cambios en la conciencia climática han sido grandes y eso podría explicar la diferente posición actual, pese a algún titubeo, de un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida desde hace 37 años: quienes ayer lo impulsaron y aprobaron, hoy lo rechazan. La macrourbanización se ha convertido en un arma arrojadiza para un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. La incongruente autorización de la Junta para levantar el complejo turístico solo puede leerse como el traslado del veto al proyecto al Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como ha acabado sucediendo.

Mantener como munición electoral la situación gravísima que padece el entorno de Doñana delata un tratamiento mercenario del problema y desautoriza los pronunciamientos proteccionistas que se oyen a diario. Durante muchos años fueron la falta de infraestructuras, los fuertes vientos del Estrecho y la afectación militar de muchas zonas de Cádiz los que blindaron los arenales, marismas y acantilados. Eso empezó a cambiar en la primera década de este siglo con municipios enclavados en entornos naturales excepcionales que se llenaron de proyectos urbanísticos con promesas de cientos de puestos de trabajo incorporados. Trebujena es, en realidad, solo uno más de los hasta diez macroproyectos repartidos por las localidades de Tarifa, Barbate, Vejer o San Roque que siguen en tramitación. Según cálculos de Ecologistas en Acción, más de 15,1 millones de metros cuadrados de zonas naturales o rurales podrían acabar enladrilladas a cuenta de un modelo urbanístico caduco. La mejor lección de este nuevo y desgraciado episodio de negligencia medioambiental e instrumentalización electoralista debe ser la contención juiciosa de la Junta de Andalucía cuando tenga que volver a dar su visto bueno a proyectos urbanísticos en zonas que merezcan una protección justificada. Reservarse el papel de bueno para que otro haga el de malo no alcanza la talla siquiera de táctica electoralista cuando está en juego la protección del entorno natural de Doñana.