Caso Laporta

Han tenido que pasar dos meses para que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, accediese a dar unas explicaciones sobre el caso Negreira que en realidad no llegaron. Las confusiones en que incurrió y el rechazo de responsabilidad alguna no lograron disipar ninguno de los interrogantes del caso. Entre 2001 y 2018, el club pagó en torno a 7,3 millones de euros a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Laporta asumió que esos pagos se hicieron, y lo hizo como actual presidente del club y uno de los mandatarios que participaron en lo que hoy los juzgados entienden como administración desleal. Su discurso estuvo sembrado de confusiones para armar una defensa poco coherente, destinada a mezclar los pagos a Negreira padre, José María, con las facturas a su hijo Javier. De la argumentación de Laporta se desprendía que 7,3 millones pagados durante 18 años tampoco eran tanto dinero y su destino eran, según dijo, informes “importantes y necesarios”.

Esos informes a los que repetidamente aludió Laporta, relativos al arbitraje y realizados por Javier Negreira, en ningún caso son constitutivos de delito. No es esa la materia que ha llevado a los juzgados al Barcelona y a presidentes como Josep Maria Bartomeu, el único para quien el caso no ha prescrito. Los 7,3 millones se pagaron a Negreira padre a cambio de recibir un trato “neutral” por parte del estamento arbitral, según dijo el propio exárbitro en la única declaración que se le ha podido tomar ante la Agencia Tributaria (ante la Fiscalía alegó que sufre alzhéimer). Según Laporta, esas cantidades se pagaron a cuenta de “629 informes técnicos y arbitrales, además de 43 cedés con vídeos” relacionados con ellos para certificar los servicios profesionales prestados por Negreira, a pesar de que no había ninguno de los 14 años precedentes porque fueron destruidos, según Laporta.

El problema es que Enríquez Negreira no era un árbitro cualquiera —como quiere hacer creer el presidente del Barça—, sino el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en el periodo en el que cobró esa considerable cantidad del Barcelona. El destinatario real de los 7,3 millones fue Enríquez Negreira, y no su hijo Javier. La Fiscalía tiene ahora la obligación de demostrar la acusación de corrupción continuada en el deporte contra el Barcelona y probar la sospecha de que ese dinero acabase yendo a los bolsillos de algún árbitro con el fin de alterar los resultados de la competición. El precedente de Osasuna está ahí para certificar que basta con la intención de manipular una competición para que haya delito, se tuviera o no capacidad para alterarla.

La insistencia de Laporta en que “no hay nada, no tienen nada” pudo exponerlo todavía más, dado que no apareció argumento alguno del Barcelona para defenderse de las acusaciones y lograr que la UEFA no actúe por su cuenta antes de que el juez dicte sentencia. El riesgo más alto sería la exclusión del Barcelona de la Champions, castigo que las cuentas maltrechas del Barcelona no resistirían. Escudarse en presuntas campañas de descrédito o exponerse como víctima de un entramado se concilia mal con la evidencia de unos pagos que tuvieron a Enríquez Negreira como destinatario hasta que en 2018 abandonó el Comité Técnico de Árbitros y perdió el poder (mucho o poco) que pudiera tener. El refugio del victimismo ante los datos disponibles no parece la mejor de las reacciones posibles para un presidente en activo.