Prioridad para la dependencia

España tiene la fortuna de encontrarse entre los países con mayor esperanza de vida y esa ventaja evidente comporta a la vez el aumento de los cuidados a la población de edad más avanzada. Con retraso sobre otros países europeos, se dotó por fin de un sistema de ayuda a la dependencia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en fechas que no facilitaron su puesta en marcha más eficaz. La ley que lo regula entró en vigor en enero de 2007, poco antes de que estallara la crisis financiera, y el programa se vio lastrado por la insuficiencia presupuestaria inicial y los recortes posteriores. Quince años después, casi 1,5 millones de personas se benefician de este pilar del Estado de bienestar, pero la atención a la dependencia en España sigue lejos de cubrir las necesidades sociales. Una parte importante de la demanda está sin atender y las prestaciones son en muchos casos insuficientes. El sistema presenta diferencias territoriales inaceptables y carencias graves de accesibilidad y calidad de los servicios, según constata un informe encargado por el Ministerio de Derechos Sociales a un equipo de expertos. El plan de choque de 2021 con una inyección de 600 millones de euros adicionales fue un avance, pero insuficiente.

El reto no es solo llegar a todos los que lo necesitan, sino ofrecerles la ayuda que precisan. Una de las características del modelo es la baja intensidad de las prestaciones, lo que significa que las ayudas se reparten entre muchos, pero no alcanzan a cubrir sus necesidades. De hecho, el 80% de las personas que reciben atención domiciliaria tienen que complementar los cuidados por su cuenta y los copagos necesarios para otros servicios son elevados. A esto se suma una notoria falta de equidad territorial. La gestión del sistema depende de las comunidades autónomas y no todas destinan los mismos recursos ni muestran la misma diligencia en la gestión. Sirva como ejemplo el tiempo medio de tramitación de los expedientes, algo que en la prestación por dependencia es un factor crítico por la carga de sufrimiento que representa para la persona afectada y su familia. El tiempo medio es de 421 días, pero el abanico de espera oscila entre los 943 días de Canarias o los 680 de Andalucía, y los 117 de Castilla y León o los 139 del País Vasco. En 13 comunidades autónomas se superan los seis meses que establece la ley. La consecuencia es que, en 2021, 46.000 dependientes con derecho a prestación murieron mientras esperaban.

Tan importante como la dotación económica es en la dependencia la calidad de la gestión. Los 10.000 millones anuales destinados a prestaciones (el 0,82% del PIB) deberán incrementarse porque las necesidades no paran de crecer según la población envejece. Pero es preciso también repensar la gestión de esos fondos para quitar rigidez burocrática y que se adapte con más flexibilidad a cada beneficiario.