Desigualdad inasumible

Mientras buena parte del Consejo de Ministros discute los métodos y los contenidos que deben prevalecer en la reforma laboral en marcha, se difunde el informe del Monitor de la Desigualdad, de CaixaBank, que apunta a un aumento en el índice de Gini y evidencia de forma rotunda la insuficiencia de las políticas destinadas a paliar la desbocada desigualdad en España. Más de un cuarto de la población, un 27%, está hoy en riesgo de pobreza o exclusión. Significa que los menguados ingresos que antes daban para vivir al día a uno de cada cuatro españoles hoy no dan ni siquiera para terminarlo. A la espera de los datos oficiales del INE, los expertos predicen que la pandemia ha cronificado esta patología.

La magnitud del problema está sobre todo detrás de las cifras: el drama humano se abate de nuevo sobre quienes menos resistencias acumuladas, materiales e inmateriales, poseen. Las cifras encogen el corazón porque en ellas hay centenares de miles de familias sin remedio a la vista. El Gobierno ha impulsado numerosas medidas de ayuda, entre ellas un potente amortiguador como han sido los ERTE, y sin embargo el problema no cede y los datos siguen siendo escalofriantes. El ingreso mínimo vital fue bienvenido pero llegó tarde, se ha gestionado mal y no ha alcanzado a cuantos debiera hacerlo. La desigualdad está hoy en los mismos niveles de hace 20 años, así que es improbable que en esa población afectada pueda crecer motivación o afán de logro alguno, emparedada entre la Gran Recesión y la abrupta irrupción de la crisis de la pandemia, justo cuando algunos pudieron empezar a vislumbrar un futuro mejor.

La brecha ha crecido porque quienes menos tienen, tienen menos cada vez, y ese poco se adelgaza peligrosamente, en particular entre jóvenes, mujeres, población con menor cualificación profesional y economía sumergida. Según el Banco de España, a finales del año pasado los ingresos del 10% más rico eran más de ocho veces superiores que los del 10% más pobre. La brecha se mantiene con el doble de parados en España que la media europea, mientras que la presión fiscal, según datos de Eurostat, sigue entre cinco y seis puntos por debajo del entorno, con una política social que favorece a pensionistas y clases medias antes que a rentas bajas y jóvenes, según ha señalado repetidamente el FMI.

“La respuesta acertada y rápida” a esta brecha que reclamaba el Consejo Económico y Social en su último informe iba destinada a reducir el impacto de la pandemia en los más pobres, pero no está siendo rápida ni acertada. Las consecuencias destructivas de la pandemia y la reducción de la brecha son razones de peso para reconsiderar la cultura fiscal española y asumir políticamente que el único instrumento para revertir la desigualdad de forma eficaz pasa por aumentar la presión fiscal: la desigualdad crónica es hoy la lacra más dañina de la sociedad española. Solo los impuestos permiten potentes políticas sociales y redistributivas, y España sigue por debajo tanto de la presión fiscal media de Europa como de la que le corresponde como Estado social y democrático de derecho.