Caen el secretario de Gobierno y el jefe de Seguridad de Guerrero por el homicidio del normalista Yanqui Kothan

La escalada de presión en Guerrero tras el homicidio de normalista Yaqui Kothan a manos de la policía ha provocado los primeros costes políticos. La gobernadora Evelyn Salgado anunció este jueves a medio día que aceptaba la renuncia tanto del secretario de Seguridad de Guerrero, Rolando Solano Rivera, como del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha vuelto a ser el epicentro de la protesta social en el Estado. El homicidio del normalista y la fuga del principal sospechoso, un agente de la Policía estatal, encendieron la indignación y han puesto bajo escrutinio la capacidad de las autoridades ante la crisis de inseguridad que atraviesa la entidad, una de las más golpeadas por la violencia que arrasa al país.

“¿Por qué lo dejaron salir? ¿Qué quieren esconder?”, cuestionó Lilia Vianey Gómez, la madre del joven asesinado, en un mitin en Chilpancingo, la capital guerrerense. Cientos de estudiantes se hicieron eco del reclamo y exigieron la destitución del mando policial que facilitó el escape del acusado, el secretario de Seguridad Pública y la gobernadora. Los reclamos retumbaron también en el Senado, donde tuvo lugar un duro debate entre legisladores de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), que solicitó la disolución de poderes y la destitución de las autoridades locales.

“¿Quieren que aparezca muerto el asesino para callarlo?”, cuestionó la madre de la víctima en una nueva concentración para exigir justicia en un Estado donde aún no ha cerrado la herida por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, hace casi ya 10 años. “Que se acuerde el pueblo de todos los normalistas, los de Ayotzinapa, de la inundación de Tixtla, de lo que sucedió en Acapulco, ¿quiénes acudieron a ayudarnos? Nos tratan como delincuentes”, reclamó Gómez. Guerrero sufre las secuelas del huracán Otis, de las desapariciones en Taxco, de las extorsiones en Chilpancingo y de los asesinatos a políticos en Chilapa y Cuajinicuilapa, apenas esta semana. Es el territorio donde el crimen organizado se ha hiperfragmentado y libra una guerra que parece interminable, donde planea el fantasma de la colusión e infiltración de las autoridades, donde las treguas promovidas por los propios criminales se tambalean.

Arrinconada por la presión, la gobernadora Salgado dejó caer a Reynoso y a Solano Rivera, al anunciar su “remoción del cargo” en sus redes sociales. La mandataria dijo que más tarde iba a dar a conocer a los sustitutos y que también iba a pedir la salida de la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón. “Este Gobierno es garante de los derechos humanos, de la procuración de justicia y del Estado de derecho”, dijo y agregó que aceptaba las renuncias por “responsabilidad moral” y que su Administración se “mantiene firme”. La gobernadora aceptó que los cambios en su Gabinete eran consecuencia directa del asesinato del normalista de Ayotzinapa. Al final del día, se anunció la designación de Anacleta López Vega como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno. La funcionaria era hasta ahora la subsecretaria del mismo departamento.

Yanqui Kothan fue asesinado a tiros en un retén policial en Chilpancingo, el pasado 7 de marzo. La primera versión de las autoridades fue que el estudiante de 23 años y tres compañeros viajaban en una camioneta que había sido reportada como robada. Aseguraron que los jóvenes iban intoxicados, que se negaron a bajar del vehículo, que abrieron fuego y que los agentes se limitaron a repeler la agresión. Pero el relato ha sido puesto en entredicho por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, que reveló que la víctima no efectuó un solo disparo. Medios locales, además, difundieron que la autopsia de la víctima no presentaba ningún rastro de estupefacientes. El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello exige que el caso sea investigado como una ejecución extrajudicial. “Somos testigos una vez más de la impunidad, de la falta de profesionalismo, de la poca ética y moral de nuestras instituciones”, zanjó la organización en un comunicado.

Todo ardió el martes, cuando López Obrador reveló que el principal sospechoso, que estaba bajo arresto administrativo, se dio a la fuga. Cuando le preguntaron si había habido complicidad de las autoridades, el presidente respondió: “Sin duda”. El mandatario aseguró también que la oposición estaba detrás para hacer quedar mal a su Gobierno. Los estudiantes de Ayotzinapa hicieron llover petardos y bombas molotov sobre la Fiscalía General del Estado, incendiaron 11 vehículos y las oficinas tuvieron que ser desalojadas después de que cuatro elementos de seguridad resultaran lesionados.

Las autoridades ministeriales se deslindaron del escape y aseguraron que nunca tuvieron al detenido bajo su custodia. La Secretaría estatal de Seguridad Pública, al frente de la Policía local, culpó a la Fiscalía y dijo que era su responsabilidad la retención de los agentes que participaron en el crimen. Un día después se filtró que la Fiscalía General de la República cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra los policías implicados, aunque todavía no se ha localizado al elemento fugado. El aviso de los arrestos no apaciguó la indignación.

En el Senado, la bancada del PAN colocó carteles donde se leía “Guerrero, Estado fallido” y “Desaparición de poderes en Guerrero”. Las miradas se centraron en el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora y quien se bajó de la contienda por la gubernatura en 2021 por una sanción de las autoridades electorales, en medio de acusaciones de violación de por lo menos dos mujeres. Eso abrió las puertas del palacio de gobierno a su hija, sin experiencia previa en un cargo de responsabilidad similar. “Ni se atrevan”, dijo Salgado Macedonio sobre la propuesta de disolución de poderes. “Guerrero tiene gobernadora y da la cara, resuelve, es justa y humanista”, señaló y achacó los ataques a la guerra sucia por las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

“Me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego, bajo ataque. Me imagino que usted no sabe de la escasez que están viviendo los guerrerenses, me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado”, reviró la panista Lilly Téllez. El PAN, la fuerza opositora más votada del país, se ha decidido a meter de lleno la violencia en la boleta electoral, con propuestas de mano dura y cero tolerancia a los criminales de parte de su candidata, Xóchitl Gálvez. La petición de los panistas en el Senado ni siquiera entró en el orden del día.

La estrategia ha sido repudiada por Morena, el partido gobernante en Guerrero y del presidente. Ningún candidato presidencial ha hecho recorridos por el Estado durante las campañas, que arrancaron el pasado 1 de marzo. Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, estuvo en diciembre pasado y se comprometió a que “Acapulco va a estar de pie”. También defendió la gestión de la gobernadora Salgado y aseguró que la represión que sufrió el pueblo guerrerense “ha quedado atrás”. Gálvez estuvo un mes antes, donde acusó “un desastre de una dimensión brutal”.

Menos de una semana después del asesinato de Yanqui Kothan, López Obrador tachó a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, uno de los símbolos más reivindicativos de la lucha social en México, de “fresas” en comparación con él mismo durante sus primeros pasos en la política. Esta misma semana, el mandatario minimizó los videos que han circulado de tablazos contra transportistas en Guerrero y de las extorsiones a cargo del crimen organizado. “Ahora todo lo magnifican”, se quejó.

A espaldas del show de la política nacional por las elecciones, Guerrero se ha afianzado como el Estado más peligroso para pedir el voto, con seis candidatos asesinatos en este proceso, según un recuento de la revista Eme equis. En paralelo, la gobernadora Salgado compartió en sus redes sociales publicidad turística sobre Acapulco y del estado del tiempo de este jueves. La última mención que había hecho del caso de Yanqui Kothan en su cuenta de X (antes Twitter) fue el pasado lunes. Hoy hay nuevos avisos de tormenta política.

Apenas un día antes de ser asesinado, el joven participó en el portazo a Palacio Nacional durante una protesta de familiares y estudiantes de Ayotzinapa para exigir avances en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes y una audiencia con López Obrador. El presidente condicionó el encuentro a que no estuvieran presentes los abogados y las organizaciones civiles que han acompañado al movimiento, acusándolos de “manipulación”. “Pido justicia, justicia, justicia”, gritó su madre a una semana del asesinato, marcada por bloqueos carreteros, protestas, deslindes y encontronazos entre los tres niveles de Gobierno.

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