La vorágine por el espionaje a activistas y periodistas vuelve a México

La polémica por el espionaje a civiles por parte de Gobierno ha vuelto a México. El Ejército utilizó el software espía Pegasus para recabar información sobre el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos Nuevo Laredo. Ramos investigaba las presuntas ejecuciones realizadas por militares en el municipio tamaulipeco en 2020. El uso del malware israelí se utilizó con el conocimiento del secretario de Defensa [Sedena], Luis Cresencio Sandoval. En este episodio de Al habla con Warkentin..., la periodista Gabriela Warkentin habla con el propio Ramos y con Luis Fernando García, director de R3D, la red en defensa de los Derechos Digitales, para analizar la controversia en esta trama.

La discusión por el espionaje llegó al Palacio Nacional hace unos días días. La periodista de Animal Político Nayeli Roldán preguntó al presidente sobre el tema del espionaje: por qué espían, quién espía, si estaban al tanto... La respuesta del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue tan concisa como controversial. “Nosotros no espiamos. Son labores de inteligencia. No hay ninguna ilegalidad”, afirmaba. Después, cargaba contra el medio criticando que “siempre” está en su contra.

Desde el Comité han documentado de manera certera los abusos llevados a cabo por militares en contra de la población civil. Como el pasado 26 de febrero, cuando alarmaron sobre el asesinato a manos de militares de cinco jóvenes en Nuevo Laredo cuando volvían a un departamento tras una noche de fiesta. “Dispararon a matar”, considera el presidente del Comité.

Por su parte, la R3D ha ido documentando la contrataciones y el uso de Pegasus y otras herramientas de espionaje. García asegura que México fue el primer cliente a nivel internacional en utilizar el malware israelí por medio de la Secretaria de Defensa Nacional en 2010 y 2011. Entre esos años, la red demostró que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) supo cómo y para qué se utilizaba el programa antes de adquirirlo. En el siguiente sexenio, con Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno (2012-2018) la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional continuaron utilizando el sistema de espionaje. En el Ejecutivo actual, con López Obrador en la presidencia, la discusión ha vuelto. “Aunque el presidente ha ofrecido que [los contratos] sean transparentes, primero mintieron [desde la Sedena] diciendo que no existía la información; después admitieron que sí existían los contratos y, cuando el Inai [Instituto Nacional de Transparencia] pidió que los entregaran, han reservado la información”, resume García.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país