La Comisión de Derechos Humanos de Puebla pide investigar a los policías que “permitieron” el linchamiento de Daniel Picazo

Cinco meses después de que el abogado Daniel Picazo, de 31 años, fuera linchado en la comunidad de Papatlazolco, integrada en el municipio de Huauchinango, Puebla, la Comisión de Derechos Humanos de dicho Estado ha pedido que se investigue penalmente y se sancione la actuación de los agentes policiales que asistieron a la muerte del joven porque “permitieron que la turba” acabara con la vida del abogado sin hacer nada para impedirlo. “Los servidores de seguridad pública estatal y municipal no actuaron conforme al protocolo previsto para los linchamientos, no hubo intentos de impedir que lo rociaran con gasolina, ni de que prendieran fuego, ni mucho menos de apagarlo y proteger a la víctima”, han dicho esta mañana en rueda de prensa miembros de la comisión.

Para los responsables de la oficina de Derechos Humanos de Puebla, una vez vistos los videos y finalizados sus informes sobre lo ocurrido, los agentes debieron “haber hecho uso de la fuerza pública” para disolver a los pobladores y proteger a Picazo, así como ayudarlo a salvar su vida. “Se limitaron a hacer algunas llamadas”, han asegurado, “pero no a rescatar a la víctima y ponerla a salvo”. Asimismo, en la oficina de Derechos Humanos han pedido que los familiares sean inscritos en el registro estatal de víctimas para recibir los beneficios previstos por la ley.

La noche del viernes 10 de junio de este año, los vecinos de Papatlazolco hicieron sonar las campanas para alertar a la población, habían capturado a un joven que viajaba en una furgoneta blanca y le iban a dar castigo público en la cancha de la comunidad. En efecto, la multitud se reunió, cercó al muchacho, le amarraron las manos a la espalda y le pasearon moribundo entre golpes. En la cancha sonaron los machetes, le prendieron fuego y lo quemaron. Alguien se acercó al abogado y le sacó la documentación de su bolsillo trasero: era un asesor del Congreso de los Diputados. La policía se limitó, según algunos testigos que allí estaban, a fotografiar estas credenciales. Había decenas de agentes, las sirenas estaban encendidas, pero nadie hizo nada por salvarlo de una turbamulta que lo trataba, sin pruebas de ninguna clase, de delincuente con pretensiones de robar niños, uno de los temores en esas comunidades, donde los rumores viajan por WhatsApp y encienden las alarmas. Después, la justicia se la tomaron por su mano.

La Fiscalía contó desde el primer momento con pruebas audiovisuales y con testigos de primera mano que relataron lo que allí ocurrió y quienes estaban presentes, entre ellos el presidente auxiliar [alcalde], Epifanio Aranda, y el juez de paz del poblado, que con su garrote en la mano asistió a la orgía de fuego y sangre. La policía dijo entonces que la turbamulta les impidió actuar. No se ve así en los videos, más bien parecen que están escoltando el acontecimiento. Así lo determina también ahora la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, que pide a la Fiscalía que abra una carpeta de investigación de la que derivar responsabilidades penales y en su caso sanciones para los servidores públicos. Los medios locales de Huauchinango aseguran que algunos mandos de seguridad del municipio han desaparecido alertados de las recomendaciones que hoy haría la oficina de derechos humanos.

Puebla es uno de los Estados con mayor incidencia de linchamientos. Por ese motivo, Derechos Humanos ha recomendado que se fortalezcan las medidas y la capacitación contra estos actos donde los vecinos se toman la justicia por su mano. Piden que se “forme un grupo especial de reacción inmediata con la capacitación suficiente” para evitar estas actuaciones. Que se informe puntualmente a los agentes del protocolo en vigor que deben seguir y que se incremente el número de policías para prevenir los linchamientos.

Para la oficina de Derechos Humanos, la actuación de los agentes aquella noche es “reprochable”, “transgredieron el derecho humano de la víctima a la seguridad pública y la vida”. Además, critican al Ayuntamiento de Huauchinango por no haber proporcionado la información oportuna a la comisión.

Los días posteriores a la muerte del abogado Picazo, se detuvo a cerca de una decena de hombres por su supuesta participación directa en el aquelarre, y la Fiscalía pudo interrogar a testigos directos de lo ocurrido. Pronto en el pueblo se levantaron voces contra los agentes que estaban arrestando a los lugareños. Los familiares los acusaron de un proceder inadecuado en la entrada a las casas y sostuvieron la inocencia de los detenidos. Lamentaron lo sucedido, tarde, pero no dejaron de ensuciar con sospechas la actuación de Picazo para salvar a quienes acabaron con su vida.

Daniel Picazo había ido aquel viernes a Las Colonias, un pueblo de al lado, donde estuvo tomando chelas con un buen amigo, Sebastián, y paseando por algunos de los embalses que salpican la zona, una hermosa tierra verde de buen sol y lluvia abundante que se dedica a la siembra de flores. En un momento confuso decidió arrancar su furgoneta y salió sin decir nada. Tanto Sebastián como los familiares sostuvieron que el abogado se perdió en las carreteras y acabó en un pueblo que nada tenía que ver con él y que andaba aquellos días cargados de sospechas y rumores sobre presuntos delincuentes que robaban niños. Así se había extendido por mensajes de WhatsApp. Fue suficiente para encender la mecha que acabó con la vida de Daniel Picazo.

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