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El ala dura de los ‘tories’ se enfrenta a Sunak por incumplir las promesas contra la inmigración del Brexit

El primer ministro británico ya no confirma el compromiso electoral de reducir drásticamente la cifra de recién llegados al país

Suella Braverman
La ministra británica del Interior, Suella Braverman, el 15 de mayo en Londres, durante la conferencia del National ConservatismDPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
Rafa de Miguel

A pesar de su fama de metódico y realista, la crisis política por el incremento de la inmigración en el Reino Unido ha llevado a Rishi Sunak a pensar que es posible vaciar el mar con un cubo de agua. La promesa del Brexit —take back control, recuperar el control, en este caso de las fronteras— resultó ser un espejismo que ha provocado un enfrentamiento interno entre los conservadores. Medio millón de personas entraron en el país entre junio de 2021 y el mismo mes de 2022, según el saldo neto publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en sus siglas en inglés). Y la cifra que se publicará en los próximos días, según anticipan algunas filtraciones aparecidas en los medios, puede acabar rozando el millón de nuevos habitantes (entre 650.000 y 997.000).

El Gobierno de Sunak ha comenzado poco a poco a admitir la realidad: la inmensa mayoría de los nuevos habitantes han llegado de manera legal. El problema —para aquellos conservadores que insisten en ver el asunto como el principal problema electoral al que hacen frente— no está en aquellas personas que llegan a las costas del sur de Inglaterra en embarcaciones endebles. El verdadero desafío para el primer ministro no es la inmigración irregular, que él prefiere llamar inmigración ilegal.

Casi a la vez que Sunak viajaba a Finlandia primero y más tarde a Japón a la cumbre del G-7 del pasado fin de semana, un grupo de tories recalcitrantes, el ala más dura de la formación, ponía en marcha en Londres la primera conferencia de National Conservatism (Conservadurismo Nacional). Se trata de una corriente interna financiada y promocionada por la fundación estadounidense ultraconservadora Edmund Burke.

Las preocupaciones de esa fundación —familia, patria, Dios— chirrían respecto al conservadurismo moderado que durante tantas décadas ha gobernado el Reino Unido. Y la estrella de la conferencia fue la ministra del Interior, Suella Braverman, con un discurso extremadamente duro respecto a la inmigración. Un modo de reforzar su futura apuesta por el liderazgo del partido, en el hipotético caso de que Sunak sea incapaz de remontar la catástrofe que auguran las encuestas, y la constatación de que la inmigración ha creado divisiones internas en el propio Gobierno.

En la misma semana en la que los empresarios volvían a reclamar al Ejecutivo que relajara la mano y aumentara el cupo de visados de trabajo, para aliviar una escasez de mano de obra en muchos sectores, Braverman elevaba el tono de su discurso: “No podemos permitir que se nos olvide a nosotros mismos cómo hacer las cosas. No hay ninguna razón para que no podamos formar a nuestros propios conductores de camión, carniceros o recolectores de fruta y verdura”, aseguraba la ministra a un público entregado. “No es xenófobo decir que una inmigración masiva y acelerada no es sostenible a la hora de proporcionar vivienda o servicios [a los recién llegados]”, defendía una mujer de origen y rasgos indio que defiende precisamente por ello su supuesto derecho a tener un discurso duro. “No supone tener prejuicio alguno el asegurar que son demasiadas las personas que han venido hasta aquí de manera ilegal y reclaman asilo. No tenemos suficientes medios para acomodarlos”, afirma Braverman.

La promesa que los tories incorporaron a su programa electoral de 2019 —que sigue obligando al actual primer ministro— establecía que, al final del mandato en 2024, el saldo neto de inmigrantes bajaría, con respecto a las cifras que se manejaban entonces (el saldo era en aquel momento de 226.000 personas). Sunak ha intentado ahora salir de esa trampa. “Estamos considerando una serie de alternativas para reducir las cifras de la inmigración ilegal. Expondremos más sobre este asunto en el futuro próximo”, aseguraba a la BBC el primer ministro, que en todo momento se resistía a confirmar si seguía comprometido por el programa electoral.

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Menos europeos

La gran paradoja es que el saldo de inmigrantes llegados al Reino Unido, procedente de la Unión Europea, fue negativo hasta ese mismo junio de 2022. El número de comunitarios residentes en territorio británico descendió en 51.000.

Tan solo en 2022 el Reino Unido acogió a 463.000 estudiantes extranjeros, atraídos por la fama y el prestigio de la educación universitaria. Una gran parte de ellos permanecerá en el país durante varios años más, o definitivamente. Y tienen el derecho a traer con ellos a sus familiares.

El Gobierno de Boris Johnson abrió sus puertas a todos los residentes de la antigua colonia de Hong Kong que quisieran huir de la restricción de las libertades impuesta por Pekín. Más de 100.000 personas se acogieron a la oferta el año pasado.

Y finalmente, cientos de miles de personas procedentes de Ucrania y Afganistán han utilizado vías perfectamente legales para adquirir su residencia británica.

Ruanda y prisiones flotantes

Las organizaciones de derechos humanos y de ayuda a los refugiados comparten la dureza de sus críticas a la política migratoria de Downing Street con la propia Iglesia anglicana. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha llegado a calificar de “moralmente inaceptable” la nueva Ley de Inmigración Ilegal, que corta en seco la posibilidad de que reclamen asilo aquellos que llegan de modo irregular a territorio británico.

Sunak ha llegado a acuerdos con países como Albania, de donde proceden algunas de las mafias que transportan a los inmigrantes por las aguas del canal de la Mancha y casi una cuarta parte —10.000 de los 46.000— de las personas que llegaron por esa vía el año pasado a las costas del sur de Inglaterra. Pero la realidad es que apenas han sido un millar los albaneses deportados a su país. Y muchos de ellos, condenados y encarcelados en suelo británico por delitos menores, después de recibir un estímulo económico del Gobierno (unos 1.700 euros) y una reducción de su condena.

Londres y París han mejorado sus relaciones post-Brexit, y hay voluntad por ambas partes de incrementar los controles policiales en las playas francesas para frenar el número de embarcaciones que emprenden la travesía del continente a la isla. Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, sigue negándose a permitir la devolución a su país de los inmigrantes interceptados, y señala que es un asunto que solo puede acordarse entre el Reino Unido y la UE.

Sunak mantiene el pacto con Ruanda para deportar a ese país a los irregulares, pero la realidad es que todavía no ha despegado ni un solo avión hacia Kigali: el primero que lo intentó fue frenado en seco en junio del año pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las previsiones, en cualquier caso, señalan que el país africano apenas podría acoger a unos centenares de personas.

Al menos 160.000 personas siguen esperando en el Reino Unido a que avance su proceso de solicitud de asilo. “Mujeres y niños que permanecen en el limbo a la espera de una decisión, atrapados en hoteles y residencias de baja calidad que cuestan al erario público más de cinco millones de libras diarios [unos 5,7 millones de euros], e incapaces de trabajar o de seguir adelante con sus vidas”, denuncia Enver Solomon, el director ejecutivo de UK Refugee Council.

La última propuesta de Sunak consiste en alojar a los recién llegados en una especie de hotel flotante —prisión flotante, para sus críticos—, anclado en el puerto de Portland, en la ciudad costera de Weymouth, al sur de Inglaterra. Con capacidad para unas 500 personas, el Gobierno pretende alojar allí a varones adultos. Otro cubo de agua que no servirá para aliviar la trampa en la que los conservadores se atraparon a sí mismo con las promesas del Brexit.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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