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Irán ejecuta en la horca a otros tres manifestantes

Ya son siete los detenidos en las protestas muertos en el patíbulo. El régimen de Teherán ajustició al menos a 580 personas en 2022, según la ONU

Plaza de Trafalgar de Londres
Carteles contra la pena de muerte en Irán en la plaza de Trafalgar de Londres, en octubre de 2020.Hasan Esen (Anadolu / Getty)

Irán ha ahorcado este viernes al alba en la ciudad de Isfahán a Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Said Yagubi, tres hombres en la treintena que habían sido detenidos en una manifestación contra el régimen en noviembre, ha confirmado Mizan News, la agencia de propaganda del poder judicial iraní. Los tres habían sido condenados por moharebeh o “enemistad con Dios” y, según la versión oficial iraní, detallada en un correo de la Embajada de Irán en España, fueron acusados de este cargo por “adquirir y utilizar armas de fuego contra el pueblo y la policía, lo que generó terror en la sociedad y resultó en el homicidio intencionado de tres personas [un miembro de la Guardia Revolucionaria y dos de la milicia Basij] ”. Para Amnistía Internacional y la organización Iran Human Rights (IHR), estos manifestantes eran inocentes y fueron sentenciados a muerte “en un juicio sin garantías y con una única prueba: una confesión extraída con torturas”, sostuvo por WhatsApp desde Oslo este jueves el director de IHR, Mahmud Amiry-Mogaddam.

El juicio en el que se les condenó duró solo cuatro días. IHR tiene información de que “incluso antes de que el Tribunal Supremo confirmara la condena [en enero], la Fiscalía de Isfahán, [a unos 450 kilómetros al sur de Teherán], había estado presionando para que se aplicara la sentencia”, subrayaba su director. Con estos hombres, son ya siete los manifestantes ejecutados en relación con las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, el 16 de septiembre. Tres días antes, la joven de 22 años había sido detenida por llevar mal colocado el velo.

Hasta enero, 16 personas habían sido condenadas a la pena capital en Irán tras ser arrestados en las manifestaciones, pero muchas más están acusadas de cargos como el de “enemistad con Dios” que pueden acarrear la muerte por ahorcamiento. El director de IHR ha advertido de que alrededor de un centenar de personas detenidas en las protestas podría correr la misma suerte que los siete ajusticiados si estas ejecuciones no conllevan “consecuencias graves” para el régimen iraní.

Amiry-Mogaddam considera a los hombres ahorcados este viernes, “tres víctimas más de la máquina de matar del régimen iraní”. La ONG que dirige ha documentado en un informe que Irán ha ejecutado a 582 personas en 2022, un 75% más que el año anterior. Unos datos casi idénticos a los que maneja la ONU, que reduce esa cifra a 580 ajusticiados.

Desde hacía varios días, se temía que los tres manifestantes fueran ejecutados. El miércoles, sus familiares fueron convocados a la prisión de Isfahán, donde estaban recluidos, para darles un último adiós, según alertaron ese mismo día organizaciones y activistas de derechos humanos iraníes. La convocatoria para esa despedida postrera no fue el único presagio de su inminente ahorcamiento. El martes, la televisión iraní había difundido de nuevo las confesiones en las que los presos habían reconocido que el arma que se usó para matar a los tres miembros de las fuerzas de seguridad era suya, la acusación mencionada en el correo de la Embajada a este diario y el único cargo concreto del que tiene constancia Amnistía Internacional, precisaba el jueves Carlos de las Heras, responsable de Irán de la sección española de la organización. Para De las Heras, el número creciente de personas ahorcadas en ese país demuestra que la pena capital es una “herramienta de represión” del régimen iraní, destinada a “sofocar el ansia de libertades y de respeto a los derechos humanos” de la población.

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Las condenas a muerte de estos tres manifestantes fueron “un acto de venganza flagrante contra una generación valiente de manifestantes por exigir con tenacidad los derechos de la población iraní durante los últimos siete meses”, aseguraba un comunicado de Amnistía de este jueves. Se trata de “una prueba más de que las autoridades están adoptando medidas cada vez más violentas y extremas para aterrorizar a la población con el fin de acabar con las protestas”, proseguía el texto. Entre diciembre y enero, Irán ejecutó a otros cuatro manifestantes, condenados igualmente por haber supuestamente herido o matado a milicianos del régimen. Uno de ellos, Majid Reza Rahnavard, fue colgado de una grúa en público, maniatado y con los ojos vendados.

La causa del futbolista

La causa contra estos tres manifestantes es la misma por la que el futbolista de 27 años Amir Nasr Azadani fue condenado a 26 años de cárcel en enero. Acusado también de “enemistad con Dios” por su supuesta implicación en el homicidio del miembro de la Guardia Revolucionaria y los dos milicianos, este deportista evitó el patíbulo después de que la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) alertara de su situación en un comunicado. Esa nota provocó una campaña de apoyo internacional en la que participaron mandatarios como el presidente colombiano, Gustavo Petro, o famosos como la cantante Shakira.

Desconocidos en Occidente, los tres manifestantes y otros dos acusados en el mismo caso —el matrimonio de médicos Farzaneh y Hamid Qarahasanlu— no tuvieron tanto apoyo internacional. Los tres hombres han sido ejecutados, mientras que la pareja de facultativos cumple 5 y 15 años de condena, respectivamente. Majid Kazemi era soldador, Saleh Mirhashemi era karateca y entrenador y Said Yaghubi trabajaba en una inmobiliaria.

Tanto Amnistía como IHR dan credibilidad a la grabación de una llamada de teléfono a su prometida de uno de estos condenados, Majid Kazemi, difundida por el colectivo de activistas 1500tasvir en Twitter. Exiliados iraníes con contactos en el entorno de este hombre confirmaron a este diario que se trata de su voz. En esa llamada, explicaba a su pareja cómo le habían torturado para que se autoinculpara, con palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y amenazas de violarlo con una porra. Este manifestante aseguró que, durante el interrogatorio, le amenazaron también con matar a todos sus hermanos; uno de ellos había sido detenido junto a él: “Juro por Dios que soy inocente. No llevaba ningún arma. [Las fuerzas de seguridad] no dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que esa arma era mía. Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia”.

Aunque Kazemi se desdijo de su confesión durante el juicio, el tribunal lo condenó basándose en ella.

“En lo que va de año, más de 10 personas son ejecutadas cada semana en Irán, lo que lo convierte en uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo”, afirmó el 9 de mayo el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volter Türk, que calificó de “abominable” ese dato. Al día siguiente, el representante de la República Islámica de Irán ante la ONU, Ali Bahreini, fue elegido para presidir el Foro Social 2023 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misma institución que está investigando la muerte de los alrededor de 500 manifestantes en la represión de las protestas en Irán, según cálculos de organizaciones iraníes de derechos humanos.

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