Un informe del Parlamento sugiere que Boris Johnson conocía la ilegalidad de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento

Los diputados conservadores provocaron la caída de Boris Johnson hartos de sus sucesivas mentiras. Y, sin embargo, aún no había ninguna conclusión ni condena oficial por su supuesta falta de honestidad. Hasta ahora. La comisión parlamentaria que lleva más de un año investigando las famosas fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento —el escándalo bautizado como Partygate— ha publicado este viernes su primer informe preliminar. Y sugiere claramente que el ex primer ministro era consciente, a pesar de todas las veces que lo negó en la Cámara de los Comunes, de que las congregaciones de su equipo, con comida y alcohol, contravenían las reglas de distanciamiento social impuestas al resto de la población por su propio Gobierno.

El informe aporta argumentos, en forma de al menos cuatro mensajes de WhatsApp entre componentes del entonces núcleo central de Downing Street, que “sugieren que las infracciones de las recomendaciones hubieran resultado obvias para el Sr. Johnson cuando asistió a esos encuentros”. Y señala, además, que existen también pruebas de que “los que asesoraban al Sr. Johnson sobre lo que debía decir tanto a la prensa como a la Cámara de los Comunes no tenían ellos mismos claro si esos encuentros se ajustaban o no a las normas [de distanciamiento social]”.

El director de Comunicación de Johnson durante la fecha en que saltó el escándalo del Partygate era Jack Doyle, y la comisión parlamentaria dispone de un intercambio de mensajes de WhatsApp entre este y otro miembro del equipo de Downing Street en el que intentan dar con una cobertura legal a la asistencia del entonces primer ministro a algunas de esas fiestas.

“Me está costando dar con un modo de justificar que este [en referencia a uno de los encuentros} estuviera dentro de las reglas”, dice Doyle. “Era razonablemente necesario por motivos de trabajo”, responde el asesor. “Me temo que eso no funciona. Y crea otro agujero enorme en la responsabilidad del primer ministro, ¿no?”, expresa Doyle sus temores.

La comisión culpa en parte al propio equipo de Johnson de la tardanza en la entrega de sus conclusiones. Durante meses, acusa, se resistieron a entregar los textos e intercambios de correos y mensajes solicitados por el Parlamento. Y cuando lo hicieron, en una primera entrega, aportaron material altamente editado y corregido, en vez de la redacción original.

Johnson pasa a la ofensiva

El ex primer ministro ha decidido pasar a la ofensiva, antes de que, como sugieren las primeras conclusiones de la comisión, caiga sobre él un informe final que resultaría demoledor para sus aspiraciones de volver a primera línea de la política. Johnson deberá comparecer ante el Parlamento el próximo 20 de marzo, para responder a las dudas surgidas durante la investigación. Pero ya ha publicado este viernes un primer comunicado en el que, ante la falta de pruebas directas contundentes que demuestren su conocimiento de la ilegalidad de las fiestas, se da por exonerado. “Ha quedado claro, a partir de este informe, que no he cometido ningún desacato al Parlamento [al mentir, ocultar o confundir a los diputados con sus declaraciones]. No existe prueba alguna de que hubiera engañado al Parlamento de un modo consciente o deliberado, o de que no aportara nueva información a la Cámara en el momento apropiado”, ha respondido Johnson.

Un movimiento inesperado ha jugado en favor del ex primer ministro y de su habilidad para sembrar dudas y teorías de la conspiración contra su persona. La alta funcionaria que redactó el primer informe interno sobre el Partygate, Sue Gray, acaba de anunciar su voluntad de abandonar el Gobierno (ocupaba el puesto de vicesecretaria del Gabinete, el segundo cargo más importante en la jerarquía del alto funcionariado británico) y pasar a ser la jefa de gabinete del líder de la oposición laborista, Keir Starmer.

El informe de Gray, que describió una cultura de alcohol y fiesta en Downing Street y señalaba la culpabilidad de los responsables políticos en ponerle freno, resultó demoledor para Johnson. Gray nunca le señaló personalmente, pero el informe descargó indirectamente sobre él gran parte de las culpas.

La decisión de Gray de pasar a la política ha llevado a Johnson, y a gran parte de la prensa conservadora que aún le apoya, a cuestionar la credibilidad y legitimidad del informe que en su día produjo la alta funcionaria, a pesar de que la mayoría de sus compañeros y muchos políticos han defendido su integridad y profesionalidad.

“Es surrealista que la comisión intente basar sus conclusiones en pruebas sesgadas y orquestadas” por Sue Gray, ha protestado Johnson en su comunicado. “Dejo a otros la decisión sobre el grado de confianza que se puede depositar en su investigación [de Gray] y en el informe que presentó”, ha dicho.

La comisión, sin embargo, ha respondido al ex primer ministro que sus conclusiones preliminares derivaban de las pruebas recabadas por el propio Parlamento, no del informe de Gray. Aunque no han descartado su incorporación a la investigación en curso.

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