La Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a Bolivia por no investigar ni castigar la violación de una niña

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sancionó al Estado de Bolivia por no haber investigado y castigado adecuadamente una violación y por no haber protegido a la víctima, que en el momento de los hechos era una niña. Le acusa además por la revictimización que le causaron los servicios policiales, de salud y judiciales que investigaron el caso. Brisa de Angulo Losada denunció en 2002, cuando tenía 16 años, que había sido violada por su primo. Según el dictamen de la Corte que se acaba de conocer, Bolivia incumplió su obligación de “garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de niña de la víctima, el derecho de acceso (de esta) a la Justicia”. Las asociaciones feministas que apoyaron a la víctima todos estos años han calificado el fallo de “histórico”.

La Corte encontró, por unanimidad, que Bolivia era “responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niñez y la protección judicial” de De Angulo. La sentencia señala que “resulta evidente que Brisa ha padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral debido a las graves violaciones cometidas por el Estado”. Se refiere, en particular, “a la flagrante revictimización” sufrida durante la investigación y el proceso penal. Este tratamiento, que se considera “cruel y degradante”, causó en De Angulo “un sufrimiento adicional a la violencia sexual y psicológica de los cuales fue víctima”.

Por petición expresa de la parte demandante, no se establecieron compensaciones económicas y ni siquiera el pago de los costos del proceso. “Lo que busco es visibilizar esta injusticia, no castigar al Gobierno boliviano o pedir una reparación monetaria. Quisiera contribuir a que haya cambios estructurales” en Bolivia y Latinoamérica, explicó De Angulo, que ahora tiene 37 años. Por eso, una de las principales sanciones de la Corte IDH contra el Estado boliviano ha consistido en obligarlo a publicar la sentencia en varios medios de comunicación y a realizar “un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional”, en el que debe expresar su “compromiso de desarrollar una estrategia nacional integral, holística y transformadora” para prevenir y responder a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, especialmente al incesto.

Aunque en el pasado otros Estados americanos como Nicaragua y Ecuador fueron responsabilizados por la Corte IDH en procesos parecidos, el fallo contra Bolivia es importante porque exige que el país adecue su normativa al consenso internacional respecto al incesto, con lo que este debe dejar de ser solo un “agravante” de otros comportamientos ilegales y debe convertirse en un delito en sí mismo. La sentencia también es especial porque demanda que el país elimine el delito de “estupro”, que establece penas más bajas que las de violación para una relación supuestamente consentida entre un adulto y un menor de edad. “El supuesto estupro debe ser violación”, según Bárbara Jiménez, experta de Equality Now.

Estas resoluciones tienen el potencial de expandirse a otros países latinoamericanos que reconocen a la Corte IDH. La feminista boliviana Mónica Bayá subrayó “la importancia de este día para todas las sobrevivientes de violencia sexual en la región”. Además, la Corte exigió a las autoridades bolivianas que la legislación del país deje de basar su definición de violación en el uso de la fuerza física y la sustente en la ausencia de consentimiento, como establecen los estándares internacionales.

Brisa De Angulo tuvo que reunir mucho valor para presentarse ante las autoridades a denunciar que había sido violada por su primo. En ese momento, en lugar de acogerla y protegerla, funcionarios policiales, de salubridad y judiciales dudaron de ella, le obligaron a repetir los exámenes médicos, desatendieron su testimonio y absolvieron inicialmente a su primo, lo que la obligó a apelar hasta tres veces. Al final, la situación fue aprovechada por el acusado para fugarse del país. “El sistema de justicia boliviano me negó un debido proceso”, resume la mujer.

Ahora Bolivia tiene que buscar y obtener la extradición y el juzgamiento del presunto violador, que vive en Colombia. De Angulo también se halla fuera de su país, “escondida”, dice, “de la presión y las amenazas que he recibido por buscar justicia desde hace 20 años”.

La Corte ha determinado que Bolivia establezca un protocolo de tratamiento de las denuncias de agresión sexual contra niños por parte de los funcionarios de todos los niveles y reparticiones del Estado relacionados con estos casos. Estos deben ser capacitados en este protocolo. El mismo debe evitar que haya revictimización, por ejemplo, se debe limitar la investigación del cuerpo de la mujer denunciante a un solo análisis médico, y garantizar la participación de expertos en psicología y médicos especializados en situaciones traumáticas durante toda la investigación.

De Angulo recibió el fallo rodeada por representantes de las organizaciones feministas que la arroparon durante este proceso y celebró que “las cosas empiecen a cambiar para que ninguna niña tenga que volver a pasar” por lo mismo.

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