La justicia investiga si el Gobierno de Macron favoreció a consultoras privadas en las dos últimas campañas presidenciales en Francia

McKinsey vuelve a estar en el ojo del huracán en Francia y amenaza con salpicar al presidente Emmanuel Macron. La Fiscalía Nacional Financiera anunció el jueves haber ampliado la investigación abierta alrededor de esta consultora estadounidense y examina ahora también el papel que tuvieron este tipo de empresas en las dos últimas campañas electorales. La justicia francesa quiere determinar si existió un posible favoritismo del gobierno hacia ese gabinete de asesoría. “No temo nada”, se defendió este viernes el jefe de Estado durante una visita en Dijon. “Creo que el centro de la investigación no es vuestro servidor”, añadió.

Macron fue reelegido para un segundo mandato de cinco años a finales de abril, pero la bancada macronista quedó fragilizada tras perder la mayoría absoluta en las legislativas de junio. En la recta final de la campaña presidencial de 2022, el llamado caso McKinsey provocó una inoportuna polémica para Macron después de que un informe del Senado le hubiese echado en cara el recurso creciente del Estado a consultoras privadas.

En el comunicado difundido el jueves, la Fiscalía Nacional Financiera indicó que “desea aclarar la situación de los distintos procedimientos penales que ha abierto” después de que la prensa local publicara nuevas informaciones al respecto. El 20 de octubre, la justicia abrió una investigación sobre las “condiciones de intervención de las empresas de consultoría en las campañas electorales de 2017 y 2022″, sobre todo en lo relativo a la contabilidad. Un día después abrió otra, esta vez para determinar si hubo situaciones de “favoritismo”.

El texto de la Fiscalía recuerda que la investigación se abrió el 31 de marzo, en plena campaña electoral, por blanqueo agravado de capitales y fraude fiscal, y que llevó a un registro judicial la sede francesa de McKinsey el 24 de mayo.

El comunicado de la fiscalía no cita expresamente a Macron, al contrario del diario Le Parisien, que fue el primero en informar de la apertura de estos procedimientos por cargos de “favoritismo” y “financiación ilegal de una campaña electoral”. El periódico precisa que tres jueces instructores fueron designados para dirigir la investigación y que es “sin duda” la “más delicada del momento”.

El caso McKinsey se había activado a finales de marzo, cuando el Senado, dominado por la oposición conservadora, publicó el informe final de una comisión de investigación. El documento apuntaba a las enormes cantidades entregadas a consultoras privadas y a la “opacidad” sobre su papel en la gestión gubernamental.

Entre 2018, cuando Macron acababa de llegar al Elíseo, y 2021, el Gobierno francés pasó de gastar 380 millones de euros en consultorías a desembolsar 894 millones, resaltó. Hacía además hincapié en que una de las principales beneficiarias, McKinsey, no había pagado el impuesto de sociedades entre 2011 y 2020.

Aunque la consultora representó una parte mínima de los contratos de estos años, tuvo un papel destacado durante la pandemia y el plan de vacunación. Y empleados y directivos de McKinsey en Francia habían participado en la campaña de Macron en 2017. Lo que se quiere establecer ahora es si esa ayuda favoreció jugosos contratos posteriores para la empresa.

El recurso creciente del Estado a consultores externos y privados no es ni ilegal ni es exclusivo de Francia. Tampoco comenzaron con el actual presidente, sino que empezaron a dispararse durante el mandato del expresidente Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2012, según revelaron los periodistas Matthieu Aron y Caroline Michel-Aguirre en el libro Les infiltrés (Los inflitrados), publicado en fracés en 2022.

“Es normal que la justicia haga su trabajo”, se defendió el viernes el líder francés, que goza de inmunidad presidencial hasta 2027. “En una campaña presidencial, hay mujeres y hombres, algunos que son periodistas, magistrados, que están en consultoras, que son funcionarios y que se embarcan [en la campaña] durante su tiempo libre. Siempre ha sido así”, insistió.

“Mis cuentas de la campaña de 2017 ya han sido sometidas (...) y validadas por los procedimientos que prevén nuestras leyes [y] las de 2022 están en camino, como todos los candidatos”, agregó.

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