Del marxismo a los metadatos: Portugal prepara la octava reforma de su Constitución

La relación de los dos países de la península Ibérica con sus Constituciones, ambas redactadas en los años setenta del siglo XX, es tan distinta como su origen. La portuguesa es hija de la ruptura con la dictadura a través de un golpe militar que desencadenó una revolución pacífica mientras que la española lo es de la reforma: la muerte de Franco y la voladura administrativa de su régimen desde dentro. La española se impregnó de consenso; la lusa, de revolución. La primera ha sido reformada solo en dos momentos puntuales para acomodarse a engranajes internacionales (el Tratado de Maastricht y el blindaje de la estabilidad presupuestaria exigida por Bruselas), mientras que la segunda se ha revisado en siete ocasiones para parecerse cada vez más a la sociedad portuguesa, además de a sus vecinos comunitarios. La octava reforma de Portugal, que se ha puesto en marcha en esta legislatura, persigue de nuevo un cambio profundo.

“La revisión pretende aproximar la Constitución a la nueva era. La actual todavía contiene expresiones ideológicas como sociedad “socialista” y no está adaptada a tiempos modernos como la realidad digital y los metadatos”, sostiene Rosália Amorim, directora del Diário de Notícias, fundado en 1864 y cuyo archivo fue declarado este verano tesoro nacional.

A pesar de que la revisión fue lanzada inicialmente por la ultraderecha del partido Chega, que defiende incorporar a la Constitución la castración química para violadores, la prisión perpetua y el voto obligatorio, el cambio ha sido abrazado por las dos principales fuerzas políticas, el Partido Socialista y el Partido Social Demócrata (PSD), de centroderecha, para proponer nuevos derechos e introducir en la norma realidades inimaginables hace medio siglo. “Esta no será la revisión constitucional del Chega”, proclamó el primer ministro, el socialista António Costa, durante la última comisión política de su partido. “La mejor forma de defender la democracia es modernizar con valores progresistas el catálogo de derechos fundamentales”, añadió.

Costa propone introducir derechos digitales, laborales —”trabajo digno”, dice—, sociales —combate a la violencia de género— y ecologistas —bienestar animal y alimentación saludable y sostenible—, pero también algunas restricciones que proceden de la incertidumbre legal que experimentó como gobernante durante los meses de confinamiento pandémico. “Debemos dar seguridad jurídica de control necesario para los derechos, libertades y garantías”, dijo. El acceso a los metadatos de los usuarios digitales por parte de las fuerzas de seguridad, que ha provocado una gran controversia política y jurídica en los últimos meses en el país, será también uno de los aspectos que se incluirían en esta reforma constitucional.

Propuesta para votar a los 16 años

Por parte del PSD, se defenderá la reducción de la edad mínima para votar a los 16 años ―una bandera ondeada hace años por el Bloco de Esquerda―, la disminución de escaños en la Asamblea de la República y el recorte del mandato del presidente de la República, que ahora mismo puede encadenar como máximo dos periodos de cinco años y que los conservadores quieren limitar a un único mandato de siete. Tanto la definición de los estados de emergencia sanitaria como el uso de los metadatos son aspectos que el líder del PSD, Luís Montenegro, está dispuesto a consensuar con los socialistas.

Para que salga adelante una reforma constitucional es necesario que logre el apoyo de dos tercios de la Asamblea de la República, que se alcanzaría sobradamente con las dos formaciones mayoritarias, que suman 197 diputados de un total de 230. No obstante, todas las fuerzas políticas han elaborado propuestas y hay ya ocho proyectos de reforma. “Comenzó por ser una iniciativa del Chega, pero ya ha movilizado a todos. La revisión toca temas importantes como los metadatos, los derechos, libertades y garantías y el refuerzo de la preocupación y protección ambiental, pero debería tocar también los círculos electorales para lograr una mayor representación de los ciudadanos”, defiende Amorim.

El Partido Comunista Portugués, que tuvo un peso decisivo en el texto original de 1976, se ha mostrado en contra de la revisión por considerarla “precipitada” y dirigida a la “mutilación” de la norma. Sin embargo, una vez puesto en marcha el proceso, ha elaborado su propio proyecto para “defender los valores del 25 de Abril” y combatir “retrocesos y liquidación de derechos”. Por su parte, el Bloco de Esquerda quiere que se permita votar a los menores de 16 años y a los extranjeros residentes, además de dar cobertura institucional a la lucha contra las alteraciones climáticas, entre otras propuestas.

La impronta revolucionaria de la primera constitución democrática que tuvieron los portugueses perdura aún en algunos aspectos. El artículo 94, por ejemplo, regula la eliminación de los latifundios. Pero es cada vez más residual tras las siete revisiones anteriores. “El texto de 1976 contenía, en el momento de su nacimiento, elementos no democráticos y extraños a la lógica constitucional”, escribe Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, en su libro Cómo se gobiernan los portugueses. Historia constitucional y sistema político de Portugal (Comares).

En la primera reforma, la de 1982, se eliminó el Consejo de la Revolución, que estaba formado solo por militares y actuaba como una suerte de guardián de las esencias del 25 de Abril. “Uno de los objetivos fue reducir el carácter programático de aquellos preceptos imbuidos de la narrativa marxista o más izquierdista”, detalla Moreno en su obra. En 1989, se acentuó la tendencia con el borrado del intervencionismo económico del Estado en aspectos como la apropiación colectiva de los medios de producción y la reforma agraria, para homologarlo con el nuevo contexto de la Comunidad Económica Europea, donde Portugal había ingresado en 1986.

“Las primeras reformas”, explica Moreno por correo electrónico, “modificaron elementos sustanciales del texto originario para adaptarlo a la realidad europea o para rebajar y disminuir el contenido intervencionista en la economía, cuando no directamente revolucionario”. Portugal ha mostrado más flexibilidad y consenso para llegar a acuerdos institucionales sobre su Constitución que España, que presenta a lo largo de su historia constitucional “una manifiesta incapacidad para reformar sus Constituciones y sistemas políticos, lo que constituye una verdadera anomalía en el contexto europeo”, observa Moreno. “No obstante”, puntualiza, “la Constitución portuguesa contiene una cláusula de irreformabilidad muy amplia para muchas de sus disposiciones o previsiones que no encontramos en la española”.

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