La crisis de los inmigrantes del canal de la Mancha, primer desafío de la ‘era Sunak’

Un grave incidente, que continúa aún bajo investigación policial, volvió a poner en primera línea la crisis latente de inmigración en el Reino Unido, que aumenta de modo acelerado. Un hombre aún sin identificar se acercó este domingo con su vehículo hasta los alrededores del centro de recepción y procesamiento de solicitudes de inmigrantes Western Jet Foil, en Dover, y lanzó tres artefactos incendiarios al interior del recinto. Eran tres latas de combustible con una mecha prendida, similares a un cóctel molotov. Los investigadores han señalado que no era un vecino de la zona. Había conducido más de 160 kilómetros su Seat Tarraco blanco hasta el centro. Las cámaras registraron el momento de su ataque, y mostraron cómo el individuo sonreía mientras lanzaba los artefactos. Emprendió de inmediato la huida hasta una gasolinera cercana BP, donde se suicidó, siempre según el relato policial.

No se han establecido vínculos con grupos de extrema derecha, ni se ha detectado rastro de actividad xenófoba en la red por parte del sospechoso. Las autoridades han decidido no calificar como acto terrorista lo sucedido, pero lo que pudo acabar en una tragedia —había cerca de mil inmigrantes en el centro— ha servido para sacar a la luz la grave situación de deterioro y de incapacidad de gestión de las instalaciones que acogen a la ola de inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha desde el continente europeo.

La oposición laborista acusa constantemente al Gobierno conservador de provocar de modo deliberado una situación inmanejable, para lograr que la opinión pública acabe respaldando las deportaciones de inmigrantes a Ruanda. El anterior Ejecutivo de Boris Johnson impulsó una solución que provocó un repudio general y fue frenada en el último minuto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha convertido en la bestia negra de los euroescépticos conservadores. La ministra del Interior, Suella Braverman, confirmada en su puesto por el primer ministro Rishi Sunak, no solo mantiene la decisión de seguir adelante con esas deportaciones, sino que lanza constantes mensajes de mano dura con la inmigración irregular. A las voces críticas, sin embargo —algo mucho más preocupante para el nuevo inquilino de Downing Street, apenas estrenado en su mandato—, se han sumado diputados conservadores notables, como Roger Gale.

Centros de acogida desbordados

“Simplemente, hay demasiadas personas en los centros, y nunca se debió haber permitido que llegara a crearse esta situación. No estoy seguro de que no se haya permitido este desarrollo de un modo deliberado”, ha dicho Gale este lunes en la BBC. “Me explican que Interior ha tenido muchas dificultades para asegurar espacio de acomodación en hoteles. Pero ahora lo que he averiguado es que la decisión de no contratar ese espacio fue una decisión política”, ha acusado Gale. En los últimos años, la mayoría de los recién llegados a través del canal eran dispersados por el país y alojados en hoteles que acordaban este servicio con el Gobierno. En 2022 han llegado ya al Reino Unido más de 40.000 personas de modo irregular, transportados hasta las costas británicas por organizaciones mafiosas. Son 12.500 más que la cifra total del año anterior.

Braverman, obligada a comparecer este lunes en el Parlamento para responder a una moción de urgencia sobre la crisis de los inmigrantes, ha negado que desatendiera el consejo legal de sus altos funcionarios o que prohibiera el traslado a hoteles de los inmigrantes. “Cuando vi los problemas que comenzaban a generarse el pasado septiembre, ordené el despliegue de más recursos y de más personal, para ofrecer un respuesta rápida a la emergencia de acomodación”, ha dicho en su intervención en la Cámara de los Comunes. “Que quede claro: como les ocurre a la mayoría de los ciudadanos del Reino Unido, me preocupa este asunto de los hoteles, pero nunca he bloqueado su uso”.

La ministra, cada vez más cuestionada por la oposición, las organizaciones humanitarias e incluso algunos de sus colegas conservadores, ha apostado por comparecer en la Cámara con un tono desafiante y algo demagogo, al definir la crisis de los inmigrantes como “una invasión de la costa sur de Inglaterra”, y cuestionar que todos los que llegan a las costas son “refugiados en peligro”. “Todo el país sabe que eso no es cierto”, ha dicho Braverman.

El diputado había visitado horas antes, acompañado del secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, el centro Manston de acogida de inmigrantes, en Kent, una antigua base aérea militar destinada ahora a estas tareas. Pensado para dar cobijo provisional a cerca de 1.600 inmigrantes, que en teoría no pueden permanecer más de 24 horas allí, tiene en estos momentos más de 3.000 residentes. Algunos han permanecido en las instalaciones más de un mes. Se han registrado incluso casos de difteria, una enfermedad altamente contagiosa. El diario The Times ha apuntado a Braverman como la principal responsable del caos en Manston, al negarse, desde que se puso al frente del ministerio, a dar luz verde a la opción de los hoteles.

La primera llamada de Rishi Sunak a un dirigente de otro país, nada más ser nombrado primer ministro, fue al presidente francés Emmanuel Macron, y aunque el comunicado conjunto no hacía referencia expresa a la crisis de los inmigrantes, que en su inmensa mayoría zarpan de la costa francesa, Downing Street señaló que Sunak había enfatizado ante Macron “la importancia que supone para ambas naciones que la ruta del canal sea completamente inviable para las organizaciones que trafican con personas”.

Durante los últimos años, este ha sido el asunto más delicado y que más ha enturbiado la relación entre Londres y París. El Gobierno de Johnson se comprometió en 2021 a destinar más de 60 millones de euros para reforzar el número de efectivos policiales que patrullan la costa en el lado francés. Nunca llegó a desembolsar esa cantidad, y aumentaron los reproches al Ejecutivo de Macron, por parte de Downing Street. Londres reclamó dos soluciones inviables para París: que su propia policía patrullara también en Francia, y que el país vecino aceptara de inmediato la devolución de los inmigrantes que hubieran partido desde allí.

La malograda primera ministra Liz Truss también hizo una de sus prioridades llegar a un acuerdo con Francia. Igual que Sunak, que comprueba en sus primeros días de mandato que aquella promesa del Brexit de “recuperar el control de las fronteras” era un lema de campaña eficaz, pero un objetivo complicado de cumplir.

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